Por Guillermo Robles Ramírez

            En estos últimos días se ha hecho más evidente el combate a una nueva forma de trabajo honesto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aunque sinceramente esto ya venía pasando semanas antes, pero las autoridades de aquella entidad federativa endurecieron de manera descarada y desapegado conforme a cualquier ley.

            Imágenes televisivas locales de Nuevo León, en donde se están realizando operativos en contra de todas aquellas unidades que usan plataformas por medio de aplicaciones telefónicas para ofrecer un servicio particular de transporte están siendo sometidas en una constante “cacería de brujas”.

            Tantas autoridades policiacas, transito, federales y estatales de aquella entidad están sometiendo bajo “operativos regulatorios” a todo aquel chofer que esta brindando un servicio honesto en donde más allá de lo que argumentan sobre normativas es muy evidente la línea e intereses que existen en el gobierno de Nuevo León.

            En total evidencia en la que se exhiben, pues si bien es cierto que no existe una legalización ante este tipo de servicio, también lo es que no hay ninguna prohibición, e incluso sí existe todo lo contrario ante la SCJN.

            Un tema que ha generado más que controversia, una lucha de intereses en donde síndicos y políticos muestran descaradamente sus intereses económicos, resultando ser todo un negocio para la corrupción.

            Todo esto fundamentado desde la prospección no solamente de los afectados, sino también desde el punto de vista de muchísimos abogados, ya que no existe sustento legal para el decomiso de unidades, porque están violentando el derecho de la propiedad privada que corresponde el vehículo, y también sobre el derecho del pasajero al que no pueden obligar en sacarlo dentro de la unidad porque también esos usuarios tienen el derecho de elegir cualquier medio de transporte.

            Existe documentado expedientes en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha avalado dicha actividad, porque no es un transporte público, en la que sostiene “quienes conducen vehículos para UBER desarrollan una actividad comercial lícita”; esto dictaminado desde el 1 de agosto de 2016, con el juez de instrucción número 13 y en coincidencia con un dictamen fiscal en la que subrayan “..UBER busca desarrollar una actividad comercial lícita bajo un modo de asociación con fines legítimos”.

            No siendo suficiente con ello todavía en octubre del año 2018, la Suprema Corte de Justicia de México anuló la prohibición para el pago en efectivo a plataformas de transporte por internet.

            También determina acto inconstitucional ante el cobro de efectivo como un método que afectará positivamente a más de 8 millones de usuarios y más de 250 mil conductores que generan ingresos adicionales a través de la tecnología.

            Así mismo es inconstitucional la fijación de números máximo de socios conductores que puedan presentar sus servicios a través de aplicaciones como Uber o similares en un determinado momento.

            Siempre he considerado que la competencia privada ante los servicios públicos es una medida sana para acabar con la corrupción que existe dentro de estas instituciones de gobierno y sindicatos, como también el acabar con el abuso de los usuarios.

            Es un claro ejemplo que la población ya está cansado de falsas promesas cada vez que aumentan el costo de pasaje a cambio de mejorar su servicio, sucediendo siempre todo lo contrario ya que cada vez son más violentos los conductores del transporte público, pelean entre sí, también entre choferes particulares, y juegan competencia de velocidad con cualquiera que se le ponga enfrente sin importarles si contienen adentro de sus unidades pasajeros.

            Finalmente es el resultado del pésimo desempeño entre transporte público y la carencia de autoridad e interés de la misma por mejorar el servicio ante el transporte público, porque quienes han acudido al servicio de contratar un servicio particular, así como quienes se han registrado como choferes de transporte mediante una aplicación celular es la sencilla razón de que no han sentido la atención, seguridad y servicio tanto de taxistas, así como transporte público como los camiones urbanos. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria “Antonio Estrada Salazar” 2018) www.intersip.org