Hace unos año, trás pancartas y marchas con la leyenda “ya basta”, fue una manifestación ante la frustración e impunidad de un problema social que a la fecha continúa sobre el crimen organizado de los secuestradores que no siendo suficiente el trastorno emocional y quebranto familiar de conseguir por donde fuera los rescates millonarios que ni vendiendo su patrimonio llegaban a la suma y aun así llegando a una negociación el secuestrador de todas maneras mataba a su víctima.

Por otro lado, las ineficientes procesos de investigación sobre el mismo tema y aquellos que lograban llegar con sus culpables siendo condenados en algún Cereso en el país de alguna u otra manera eran liberados por algún amparo posterior o se daban a la fuga.

Estas condiciones del país hicieron que Coahuila fuera el primer Estado en promover una iniciativa de ley para aplicar la pena de muerte a secuestradores que asesinen a sus víctimas quedando aprobado en el Congreso de Coahuila con 22 votos a favor y 10 en contra el 03 de diciembre del 2008 enviado posteriormente al Congreso de la Unión para que los legisladores federales aplicaran las reformas necesarias a la Constitución Política de México, sin embargo, no fue fructífero y a cambio de ello aumentaron los años de pena.

Los seres humanos de alguna u otra manera siempre han buscado aplicar una pena acorde al delito, pero el cómo determinar un castigo tan grande igual al delito cometido. Para muchos esto suena deshumano, obviamente siempre lo será para quienes nunca han vivido un episodio de la pérdida de un ser querido y evidentemente si le preguntan a la Iglesia siempre estará en contra aunque tampoco da una solución terrenal más que todo será castigado con el diablo y a fuego lento. ¿Pero en verdad para los familiares de sus víctimas es suficiente?

La pena de muerte o pena capital ha existido a la par con la humanidad. Con anterioridad el pueblo hebreo dejó testimonios de la existencia de esta sanción. En Roma el primer delito castigado con la pena de muerte fue por traición a la patria.

Los aztecas penaban con la muerte el asesinato, traición, aborto, incesto, violación, robo con fractura y adulterio. Sus formas de ejecutar al culpable podía ser la hoguera, horca, ahogamiento, apedreamiento, azotamiento, golpes de palos, degollamiento, empalamiento o desgarramiento del cuerpo.

Si bien la pena de muerte se aplicaba de manera diferente según los delitos, fue en el año 1600 cuando se tiene registro de que en el Estado de Coahuila se determinó dar la muerte a Miguel, indio de raza tusaré, originario de Parras de la Fuente y quien confabulado con españoles robó ganado, secuestró a un indio y cometió diversos crímenes a lo largo de la Entidad, por lo que al ser juzgado fue fusilado al pie de una horca para después de muerto ser colgado en ella, con letrero que hacían constar sus delitos.

De igual forma en el año 1737 un esclavo negro de nombre Juan Manuel Francisco de Silva, dio muerte a otro de sus iguales llamado Antonio de Arizpe, quien murió brutalmente asesinado, por lo que fue condenado a una forma muy peculiar que se trataba de ser amarrado a un animal y arrastrado por las calles públicas de la Villa de Santiago al son de trompetas y voz que publicara su delito, colgado en la horca hasta morir y detallando los motivos de su ejecución.

Sin embargo, dicho castigo, le fue modificado, seria arrastrado y azotado, pero en vez de ser ahorcado, fue enviado a prisión donde se le obligó a obtener dinero a cambio de vender su cuerpo, por casi ocho años.

No fue hasta el año 1961 cuando en Coahuila se aplicó por última vez la ejecución. Se trató del soldado José Isaías Constante Laureano, quien fue fusilado al ser declarado culpable por insubordinación y asesinato, delitos castigados con la muerte por el Código de Justicia Militar.

Éste fue último fusilamiento que se dio en México y se llevó a cabo en la capital de Coahuila, en la parte trasera de la penitenciaria del Estado, que se denominaba también prisión militar, lugar donde recluían y juzgaban a los soldados que cometían delitos, ahora es la oficina de la Secretaría de Finanzas de Coahuila.

Aunque no se tiene registros, dicha práctica seguía presente, pero fue en diciembre del 2005 cuando después de diversas iniciativas presentadas por diputados federales desde el año 2000, el Senado de la República decidió poner fin a la pena de muerte en México y realizó reformas a los artículos 14 y 22, para abolir definitivamente la pena de muerte, así como se derogaron los castigos corporales, como azotes y tormentos.

Unos señalan que la iniciativa hecha en Coahuila y que no prospero en el poder legislativo sería atentar contra la vida misma y que de ninguna manera acabaría con el problema de inseguridad, el aplicar la ley del talión “ojo por ojo y diente por diente” ya que esto generaría más violencia.

Caso contrario a quienes opinan a favor de que sería la solución perfecta para terminar de una vez por todas con la delincuencia y el delito de secuestro que tan atemorizado tiene al país.

Encuestas revelan que los ciudadanos están cansados de tanta violencia, hartos de vivir inmersos en una sociedad donde no puedes cerrar los ojos ante la realidad. ¿Y usted que decisión optaría? (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013) www.intersip.org