Por Guillermo Robles Ramírez

            Las mujeres en nuestro país han tenido muchas maneras de maltrato que conforme pasa el tiempo la misma población femenina ha tenido no solamente valor para denunciar sino también se han instrumentado cada vez con más herramientas jurídicas para su defensa.

            Aunque todavía en este tema estamos en pañales y lo digo de esa manera sin el plan de ofender a nadie es porque no se ha creado todavía una conciencia por parte de la población en general sobre la cultura de la denuncia.

            Por otra parte, los métodos, pero más los funcionarios públicos hacen de aquellas pocas denuncias toda una burocratización en los procesos porque existe desconocimiento desde la recepción de la denuncia de cómo integrarse hasta llegar a un tribunal.

            Uno de los temas que más ha generado polémica ha sido el delito en contra de las mujeres del hostigamiento, acoso y abuso sexual, que ha ido en aumento conforme pasa el tiempo. Todavía en el año 2017 se tenía registrado un 41 por ciento de este sector de la población que había sufrido una violencia sexual.

            Pero dicho dato realizado por la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, no define bien ese tipo de violencia o mucho menos qué porcentaje de ello se denunció ante alguna autoridad.

            No todo lo que se ve en la televisión, y redes sociales, se puede considerar una violación a los derechos de las mujeres sobre el tema tratado. Es muy evidente que todavía existe un gran desconocimiento por parte de la población femenina de nuestro país, el definir cuándo se considera una violencia sexual.

            Hago mención de lo anterior ya que en últimas fechas se ha querido politizar el tema sobre el acoso sexual de las alumnas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, queriendo ensuciar la imagen de la máxima casa de estudios.

            Todo esto a raíz de unas urnas estudiantiles para denunciar de manera secreta casos de violencia digital, acoso sexual o cualquier otro tipo de violencia contra las estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia.

            Hasta el momento el hecho es que solamente existe 4 denuncias recepcionadas ante la Fiscalía General del Estado, de esas tres personas en la distribución de imágenes de contenido íntimo, extorsión y acoso, pero continúa la investigación pero ante este tipo de problemas es algo que todos ya conocemos como un tema y practica que hacen nuestra juventud desde la secundaria en los noviazgos y que una vez roto estas relaciones inmaduras hay consecuencia sobre la irresponsabilidad del uso de sus dispositivos inteligentes.

            Ahora bien, también existe el caso de un maestro a quien se la dañado su imagen el cual hasta el momento no existe ninguna denuncia formal y muy a pesar de ello este catedrático entregó su teléfono celular y no se encontró nada.

            Sobre este último tema cada vez ha sido más común la extorción que han recibido muchos maestros por alumnas cuando quieren cambiar sus bajas calificaciones lo primero que hacen es vengarse y/o extorsionar al maestro con argumentos infundados de tocamientos o acoso sexual.

            Hay que tener muy en claro que la Universidad Autónoma de Coahuila no se puede hacer responsable sobre el mal uso que les den la población estudiantil a sus teléfonos celulares, así como en sus tiempos fuera de la institución educativa.

            Tampoco se puede responsabilizar sobre la mala educación y valores morales enseñados o carente del mismo, recibidos dentro de cada hogar de estas jóvenes coahuilenses ya que es ajeno a las obligaciones que marcan las normas de la máxima casa de estudios, es decir, la UAdeC.

            Lo único que se pudo probar con este ejercicio estudiantil es que en esos hogares hay una carencia de padres, al pendiente de sus hijos, así como la carencia de valores como persona y falta de enseñanza moral para evitar ser víctimas de sus propios actos cuando están en una etapa de noviazgo. Y por último la carencia de educación con respecto a la responsabilidad del buen uso de un teléfono celular, así como sus redes sociales.

            El hostigamiento sexual, a nivel federal está tipificado como “asedie reiteradamente a toda persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación…”

            El acoso se encuentra legalmente definido “favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad”.

             En nuestro estado el mes de junio de 2009, se propuso una iniciativa sobre el “acoso sexual”, en la que se expuso que de acuerdo con Lorena Goslinga Ramírez “el acoso sexual (junto con el hostigamiento) son figuras jurídicas que, si bien están previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que entró en vigor el 2 de febrero de 2007 y, en el caso del hostigamiento, tipificada como delito en el Código Penal Federal desde principios de 1991, hasta el momento no han sido desarrolladas jurisprudencialmente en  tesis alguna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de Tribunales Colegiados de Circuito”.

            En resumen, es un tema que no solo en nuestra entidad seguimos en pañales sino a nivel nacional todavía se está desarrollando y siendo todavía algo subjetivo los criterios sobre el tema de acoso sexual y más pretender señalar como culpables a la UAdeC, cuando en realidad son a los papás o hogares de esas víctimas como responsables por su ineficiencia enseñanza a sus hijas principalmente, así como también a sus hijos. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria “Antonio Estrada Salazar” 2018) www.intersip.org