La Habana. Lejos estaban de imaginar los padres de Andy López, un niño hispano de 13 años, que este caería víctima de los disparos de la policía de Santa Rosa, en el californiano condado de Sonoma (oeste del país) por portar como juguete una replica de un fusil de asalto.

El hecho llevó al Buró Federal de Investigaciones (FBI) a planear una investigación sobre el caso de los dos policías que mataron con siete disparos al chico, pese a que las autoridades de esa localidad hacen su propia investigación.

El FBI tratará de encontrar pruebas para ver si se violaron leyes federales, incluidos los derechos del joven.

López, de padres mexicanos, recibió siete disparos, dos de los cuales le provocaron heridas fatales, según la autopsia llevada el 24 de octubre.

El hecho ocurrió la tarde del martes 22, cuando dos asistentes del alguacil del condado de Sonoma patrullaban un barrio del suroeste de Santa Rosa cuando vieron a López caminando con lo que les pareció ser un fusil AK-47.

Tal vez por el ambiente creado por hechos de violencia usando armas de fuego, los policías pidieron refuerzos y ordenaron repetidamente al adolescente que tirara el arma al suelo, tras lo que López, que estaba de espaldas, se giró hacia ellos.

Ese día el teniente de la policía de Santa Rosa, Paúl Henry, en un comunicado, dijo que «uno de los agentes describió que a medida que el sujeto se giraba hacia él, el cañón del rifle de asalto se estaba alzando y enfocando en su dirección.»

«El agente, alegó, temió por su seguridad, la de su compañero y la de los miembros de la comunidad residentes en el área. Creía que el sujeto iba a dispararle a él o a su compañero».

Tras balear al niño, los agentes lo esposaron para posteriormente suministrarle primeros auxilios, momento en que se dieron cuenta de que el rifle era una réplica de un arma de asalto y que López llevaba además una pistola de plástico adherida a su cinturón.

El hecho aún no alcanza los grandes medios de prensa del país, ni escritos ni televisivos, pese a que más de 300 personas de lo localidad manifestaron en Santa Rosa pidiendo justicia para López, nacido en California pero hijo de inmigrantes mexicanos.

Este no es un incidente aislado en el país, donde los niños son víctimas de un problema de fondo como es el uso y tenencia de las armas de fuego, tema que mantiene polarizado al Congreso y a la sociedad estadounidense, en especial por la interpretación de los llamados derechos constitucionales a portar armas.

El 24 de octubre otro caso puso en evidencia la crisis cuando un niño de 11 años compareció ante una corte estadounidense bajo sospecha de intento de asesinato, tras llevar a la escuela un arma con 400 rondas de municiones.

El presunto homicida supuestamente llevó además «múltiples» cuchillos a la escuela Frontier de Vancouver, un pueblo en el estado de Washington, en el extremo noroeste del país.

Un niño de 11 años fue interrogado por detectives y luego arrestado bajo el cargo de intento de asesinato», indicó un comunicado de la policía local.

Según medios de prensa ese fue el último de una serie de incidentes protagonizados por escolares en Estados Unidos y que, solamente en esa semana, causaron cuatro muertos.

El 21 de octubre un niño de 12 años disparó y mató a su profesor en la escuela Sparks en Nevada (oeste). También hirió a dos compañeros antes de suicidarse.

El miércoles 23 de octubre, una profesora de 24 años murió presuntamente a manos de un adolescente de 14 en la escuela secundaria Danvers de Massachusetts.

Aunque opacados por los debates en el Congreso por la aplicación de la ley de Salud y las repercusiones de las filtraciones del espionaje contra 35 dirigentes extranjeros de la Agencia Nacional de Seguridad, los incidentes echaron más leña al fuego sobre el control de armas.

Una larga fila de incidentes, incluyendo la masacre de diciembre de 2013 en Newtown (Connecticut, este), donde murieron 26 personas, entre ellas 20 niños pequeños, no terminan de convencer a los estadounidenses de los peligros de las armas en manos de la población.

Mientras el poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle mueve sus influencias en el Congreso, donde argumentan que la disponibilidad en el mercado de armas de fuego no es la culpable de tales tragedias.

Para estos sectores no son representativas masacres como la de la secundaria Columbine, en Colorado, donde los estudiantes Eric Harris y Dylan Klebold, mataron en abril de 1999 a 13 personas e hirieron a otras 23, tal vez en el hecho más notorio de violencia que involucró a adolescentes en el país.

Tal vez la comparecencia en un subcomité judicial del Senado de Sybrina Fulton, la madre de Trayvon Martin, un jovencito de 17 años muerto por los disparos del ex vigilante voluntario George Zimmerman, en Florida, traiga a colación estos hechos de violencia donde jóvenes y niños son los más perjudicados.

En julio, Zimmerman fue absuelto por el asesinato Martin, quien estaba desarmado porque la ley de Florida da protección para que una persona pueda usar la fuerza mortal si hay una amenaza que se percibe sin necesidad de retirarse.

La audiencia titulada Stand Your Ground (mantener tu posición) Leyes: Derechos Civiles y repercusiones de seguridad pública de la ampliación del uso de la fuerza letal, pudiera reabrir el debate en el Congreso sobre algo que polariza a los estadounidenses y cuya solución no se ve al doblar de la esquina. El caso de López muestra que hasta los juguetes atemorizan a los policias, quienes disparan primero y luego averiguan aunque las víctimas sean niños.