(ng) “Mezcladas entre el pueblo votaron las aristócratas, las ricas y las pobres, las cultas y las ignorantes, las madres de familia y las chicas que trabajan; religiosas con hábito y aquellas que contaron y confesaron haber cumplido los 21 años de edad, emitieron su voto”, publicó el diario Excélsior un día después de la elección federal de 1955.

Ese 3 de julio se cumplía la promesa del presidente Adolfo Ruiz Cortines hecha decreto dos años atrás, y cerca de cuatro millones de mujeres pudieron votar por primera vez para elegir a sus diputados federales para la XLIII Legislatura.

En ese entonces contendieron 20 mujeres, cuatro de ellas resultaron ganadoras: Margarita García Flores, Marcelina Galindo, Guadalupe Úrsula, y Remedios Ezeta, todas pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Desde entonces, las mujeres dejaron de ser observadoras en la vida política nacional para convertirse en protagonistas y comenzar a ocupar cargos públicos: gubernaturas, alcaldías, senadurías o diputaciones.

Sin embargo, hoy por hoy, México se ubica en la posición número 36 de empoderamiento político en una lista de 136 países y el lugar 19 en el mundo en cuanto a porcentaje de mujeres en el Poder Legislativo, según cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

LA LUCHA HA SIDO LARGA

En entrevista con La Silla Rota, Carla Humphrey, ex consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal y asesora del Consejo General del Instituto Federal Electoral, reconoció que “la lucha ha sido larga, ha pasado por distintas etapas”, y aunque “vamos un poco adelantados en lo que tiene que ver con legislar con perspectiva de género, a la hora de aplicar la legislación o de juzgar es cuando nos quedamos un poco cortos”.

Y ejemplo de ello está en la proporción de mujeres en puestos de toma de decisión: tan sólo en la presente legislatura, de los 500 diputados federales, únicamente 184 son mujeres, equivalente al 36.8 por ciento; en el Senado de la República, integrado por 128 curules, sólo 32.81 por ciento corresponden a mujeres, pues sólo hay 42 senadoras.

Ninguna entidad federativa está actualmente gobernada por una mujer, y a nivel municipal, de un total de 2 mil 456 municipios, sólo 173 son presididos por mujeres, lo que representa el 7 por ciento.

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se alcanza una participación femenina de cerca del 33 por ciento de 76 escaños, sólo 22 son ocupados por mujeres.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de 11 ministros, tan sólo el 18.18 por ciento corresponde a mujeres pues sólo hay dos ministras.

En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 7 magistrados que integran la Sala Superior únicamente una es mujer, lo que equivale al 14.2 por ciento.

“Me parece que pensar en la representación de mujeres, no sólo pasa por una representación legislativa, tiene que ver con muchas cosas; primero, legislar y juzgar con perspectiva de género, que no quiere decir otra cosa más que potenciar los derechos políticos de las personas, en este caso de las mujeres”, dijo.

La también socia fundadora de la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales de los Organismos Electorales de la República Mexicana refirió que aunque la Constitución ha establecido que las autoridades deben propiciar y resolver por juzgar con perspectiva de género, pasa sin duda por un cambio en la sociedad, un cambio cultural.

“Quizá esto sea lo más difícil, pero mientras tengamos protecciones jurídicas solidas a favor de las mujeres, lo que tenemos que hacer es avanzar en educación y cultura, en lograr este cambio cultural en la sociedad, que permita una sociedad que favorezca la igualdad y que rechace cualquier representación de discriminación en contra de las mujeres”, afirmó.

Las modificaciones en la ley han abierto la oportunidad para que una mayor cantidad de mujeres ocupen un lugar en el Congreso de la Unión en México.

Según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), los partidos deben otorgar a mujeres al menos el 40 por ciento de sus candidaturas al Poder Legislativo o, de lo contrario, pueden pedir el registro de candidatos hombres.

Ante esta medida, la especialista en temas electorales destacó que “las cuotas”, como se le conoce a esta regla, “están definidas como medidas de facto para lograr la igualdad y son medidas temporales en tanto no se resuelva la igualdad”.

“Aquellos que ven como un impedimento las cuotas para que los hombres puedan acceder a los cargos, yo les diría que en tanto no haya las condiciones de competencia para que las mujeres no puedan acceder en términos normales, igualitarios a un cargo me parece que debemos seguir manteniendo estas cuotas. Nada mejor para una mujer que no tuviéramos que tener cuotas para acceder a los cargos”, acotó.

“PEÑA, POLÍTICAMENTE CORRECTO”

En octubre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa que obligaría a los partidos políticos a otorgar el 50 por ciento de sus candidaturas a lasmujeres, iniciativa que a decir de Carla Humphrey, sólo es “política y públicamente correcta”, toda vez que no se ve realmente reflejado incluso en su equipo de trabajo.

Pues de las 16 Secretarías de Estado que marca la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sólo 3 están encabezadas por mujeres, equivalente al 18.75 por ciento, y en cuanto a gabinete ampliado se refiere, sólo 5 dependencias son encabezadas por una mujer.

“Me parece que se está tomando la ruta fácil, la de legislar con perspectiva de género, y a la hora de aplicarse eso no se ve reflejado en las decisiones que se toman. Eso lanza un mensaje a la sociedad de que estamos cumpliendo porque es políticamente y públicamente correcto; sin embargo, cuando vemos la toma de decisiones día a día, si hacemos ese análisis en todas las entidades públicas, se echa por tierra los esfuerzos de ir avanzando y abriendo espacios para las mujeres”, subrayó.