México, (PL) Concluye el 2015 pero se abren nuevas líneas de investigación en México con participación internacional en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos  el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Se cumplió un año y más de aquella fatídica noche en que la policía de Iguala de la Independencia disparó a mansalva contra los estudiantes de la escuela rural normal de Ayotzinapa, y luego entregó a los sobrevivientes a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos.
De acuerdo con la investigación oficial, el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó la represión de los normalistas que concluyó con la muerte de tres personas, heridas a una veintena y la desaparición de los 43 estudiantes.
Las protestas y movilizaciones no han cesado desde entonces en México, cuyas autoridades prácticamente dieron por cerrado el caso al concluir que los jóvenes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula, contiguo a Iguala, en el estado de Guerrero.
«Esa es la verdad histórica», dijo en su momento el ahora exprocurador Jesús Murillo. Sin embargo, forenses argentinos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (Giei) de la OEA concluyeron que no hay evidencias científicas para tal afirmación.
CARA A CARA CON EL PRESIDENTE
La segunda reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y los familiares de los 43 tuvo lugar en esta capital en vísperas del primer aniversario del llamado crimen de Iguala.
El encuentro fue una exigencia de los padres de los normalistas y de la comunidad de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, junto a abogados y organizaciones sociales que reclaman el regreso con vida de los jóvenes.
La cita no fue esta vez en la residencia presidencial de Los Pinos donde se vieron la cara por primera vez el 29 de octubre del pasado año. El Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad pareció un terreno neutral para el difícil diálogo.
Un pliego con ocho reclamos fue recibido de su puño y letra por Peña Nieto de parte de los padres y madres de Ayotzinapa. Replantear la búsqueda con una unidad especializada y supervisión internacional, y que se investigue «el montaje con que se pretendió engañar a las familias», fueron exigencias duras para el jefe del ejecutivo.
Según el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, por los de Ayotzinapa participaron un centenar de personas,  además de sus abogados. También estuvieron en el encuentro los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (Giei), quienes en la ocasión entregaron al mandatario su informe sobre el caso.
Del lado gubernamental Peña Nieto estuvo acompañado por altos cargos del ejecutivo y  numerosos funcionarios relacionados con la investigación. Sobre las ocho demandas recibidas, el jefe de Estado encargó a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Cancillería, pronunciarse sobre su pertinencia y viabilidad.
«Entiendo su dolor y comparto su indignación», les dijo el jefe de Estado. «Ustedes y yo buscamos lo mismo, saber qué paso con todos y cada uno de sus hijos», acotó para luego subrayar que la pesquisa sobre el paradero de los 43 no ha concluido y las autoridades están comprometidas a saber qué pasó con cada uno de ellos.
Peña Nieto giró instrucciones a sus subalternos, aunque la mayoría ya habían sido emitidas públicamente sin conseguir el deseo expreso del mandatario de ir hasta las últimas consecuencias. De hecho, los de Ayotzinapa expresaron posteriormente su inconformidad con los compromisos presidenciales.
La creación de una fiscalía especial sobre los desaparecidos, solicitada por congresistas y representantes civiles, resultó la novedad anunciada por el gobernante mexicano.
A su turno, la Procuraduría General de la República (PGR) informó respecto a 111 detenidos involucrados con el asunto, de ellos 52 policías municipales de Iguala, 19 de Cocula y 40 de la organización criminal Guerreros Unidos.
Entre estos últimos, el 16 de septiembre pasado  cayó en manos de las autoridades Gildardo López, alias El Gil, acusado de ordenar el homicidio de los 43.
La PGR ha encontrado cuentas bancarias de Abarca y su esposa las cuales indican que la pareja se hizo millonaria de la noche a la mañana por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Hasta la fecha se han realizado 674 dictámenes periciales, 135 muestras de ADN, 577 declaraciones ministeriales, 167 inspecciones con brigadas policiales, miles de patrullajes de búsqueda, 255 sobrevuelos con ese fin y otros 94 con aviones no tripulados, según el último parte de la PGR.
Ahora se busca corroborar, con los expertos del Giei y del grupo de forenses argentinos, si los normalistas fueron incinerados o no en el basurero de Cocula, en Guerrero, tal y como la versión oficial así lo aseguró.
A la par, están bajo pesquisas nuevas líneas  propuestas por el Giei, entre ellas la que vincula al narcotráfico con la desaparición de los 43.
Los expertos consideran que el ataque desmedido contra los normalistas pudo ser consecuencia de que los autobuses tomados por los jóvenes aquella noche eran utilizados para el transporte de drogas por el grupo Guerreros Unidos con el contubernio de la policía municipal.
Mientras, pasa el tiempo pero los padres de los 43 no cejan en sus protestas  por el paradero de sus hijos y en reclamo de justicia, que más de un año después todavía sigue sin condenar a ninguno de los involucrados en ese crimen, que estremeció a México y el mundo.