El 5 de febrero, como regalo a la Constitución, la agencia calificadora Moody´s Investors Services (Moody´s) elevó la calificación crediticia de la deuda soberana de México de Baa1 a A3 con perspectiva estable.

Con esta calificación, la nación mexicana entra al grupo de países que tienen mejores capacidades de pago, no es una nota que lo pueda clasificar dentro del grupo de países ricos, pero si brinda una mayor confianza en las finanzas nacionales.

La fortaleza de la economía mexicana no están consideradas en esta nueva calificación de Moody’s, dado que solo, insisto, califica la calidad de la deuda.

La anterior calificación de México databa desde el año 2005 y fue otorgada por el crecimiento de los ingresos públicos que se registró durante los primeros años de la administración de Vicente Fox. Tuvieron que transcurrir 9 años para tener esta mejor calificación.

Entre las consideraciones destacadas para incrementar la calificación crediticia de México se resalta la aprobación de las reformas estructurales, las cuales en opinión de la calificadora habrán de tener un importante impacto sobre el perfil crediticio y económico del país, y ponen de manifiesto la voluntad y capacidad política para generar cambios.

Dicha alza se fundamenta en cuatro factores específicos vinculados con el proceso de reformas estructurales:

Primero: La aprobación de una agenda integral de reformas, que refleja la voluntad política para hacer frente a los problemas estructurales.

Segundo: La mejoría en las perspectivas económicas de mediano plazo, derivado de un aumento en el crecimiento potencial como resultado de las reformas aprobadas.

Tercero: El fortalecimiento de las finanzas públicas, que incorpora un mayor ahorro gubernamental.

Cuarto: Un perfil crediticio soberano congruente con el de los países de categoría “A”.

El incremento de calificación favorece al Gobierno de la República, la iniciativa privada y a las familias mexicanas al reducir los costos de financiamiento, lo que reducirá el costo de la deuda pública y liberará recursos que podrán destinarse a rubros de obra pública como salud y educación.

Posiblemente estas perspectivas se hagan realidad, en virtud de que esta nueva calidad crediticia, el gobierno y el sector privado podrán conseguir crédito a menores tasas y eso a la larga, podrá abaratar el financiamiento.

Todo ello, según dicen en el gobierno, repercutirá en aumentos en la productividad y un mayor crecimiento de la economía, aunque también reconocen que los beneficios de las reformas estructurales no las veremos en el corto plazo.