Por Olegario Roldan 
«En una democracia que la libertad y la igualdad sea por elección y convicción. NUNCA por imposición»

Luis Gabriel Carrillo Navas

En Puebla, la realidad parece ser un detalle menor frente al entusiasmo gubernamental por los grandes anuncios. 

Este lunes, el gobernador Alejandro Armenta volvió a demostrar que las preguntas incómodas se pueden esquivar con notable habilidad. 

Cuestionado sobre si ya cuenta con los permisos necesarios para arrancar la construcción del teleférico —perdón, del “sistema de transporte por cable”— y si el Ayuntamiento de la capital ya modificó la Carta Urbana para intervenir el Parque Juárez, la respuesta simplemente no llegó. Los proyectos avanzan en el discurso, aunque la certeza jurídica parezca viajar en otro vagón.

La misma lógica aplicó para la encuesta del INEGI que revela que apenas el 33 por ciento de los poblanos confía en el gobierno estatal. 

En lugar de asumir el mensaje de fondo, Armenta optó por minimizar la medición comparándola con encuestas políticas más favorables. 

Una curiosa forma de interpretar los datos: cuando los números gustan, son evidencia; cuando incomodan, son solo una opinión más.

Lo verdaderamente preocupante es que dos de cada tres poblanos desconfían de su gobierno y, aun así, desde Casa Aguayo se insiste en vender una narrativa de éxito incuestionable. 

Mientras la confianza ciudadana se desploma, la administración parece más ocupada en la promoción política anticipada que en la rendición de cuentas.

Y por si quedaban dudas sobre las prioridades, el mandatario ya habla de candidaturas para 2027. “Todos pueden ser candidatos, menos Samuel, porque me tiene que ayudar”, dijo entre bromas. Una frase que retrata con precisión el momento político poblano: un gobierno que todavía no convence a la mayoría de los ciudadanos, pero que ya está pensando en la siguiente elección. 

En Puebla, al parecer, la campaña permanente avanza más rápido que las respuestas, los permisos y la confianza pública.

Decoración institucional 

La aclaración de Olga Romero terminó exhibiendo más problemas de los que pretendía resolver. 

Al desmarcar a Laura Artemisa García y Gabriela Sánchez del Consejo Municipal de Morena en Puebla capital, la dirigente estatal confirmó lo que muchos ya sospechaban: existen figuras con enorme influencia política que operan alrededor del partido sin asumir formalmente responsabilidades dentro de sus estructuras. 

Cuando las decisiones se toman desde fuera de los órganos oficiales, la institucionalidad se convierte en simple decoración.

Más grave aún es la reacción contra Raymundo Atanacio Luna, quien fue presionado para dejar su cargo tras expresar públicamente su interés por competir por la alcaldía. La señal es contundente: en Morena las aspiraciones no se castigan por adelantarse, sino por no pertenecer al círculo correcto.

Olga Romero intenta vender disciplina partidista, pero lo que proyecta es un liderazgo débil y selectivo. Es estricta con quienes levantan la mano sin permiso, pero complaciente con quienes acumulan poder e influencia desde posiciones privilegiadas. 

Su dirigencia parece más preocupada por administrar candidaturas y cuotas de grupo que por garantizar reglas claras y parejas para todos. 

Si Laura Artemisa y Gabriela Sánchez tienen peso en las decisiones, deberían asumirlo públicamente; si no lo tienen, resulta preocupante que sus nombres aparezcan constantemente en la conversación política interna. 

La falta de claridad no fortalece a Morena: alimenta la percepción de que las decisiones se toman en función de intereses personales y no de la vida institucional del partido.