Por Blas A. Buendía

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Sin sesgos políticos ni intenciones ajenas a las que corresponden a sus responsabilidades, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, trabaja y determina por el consenso de sus integrantes los dictámenes de las iniciativas que presentan los diferentes grupos parlamentarios, pero es muy cuestionable que los “representantes populares” del llamado remedo partido Morena, hagan caso omiso a todo lo que se les propone en beneficio de la colectividad.

Desde que inició la VII Asamblea, hace más de un año, la presencia de los discípulos del denostador, rebelde e incendiario político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, prácticamente ha sido nula su presencia en todos los sentidos.

No obstante de ello, si acaso, uno de sus “distinguidos militantes” es el que más se la rifa en tribuna; su discursillo es más bien de “amable” ataque beligerante, pero tiene presencia la voz del ex perredista y diputado morenista, José Alfonso Suárez del Real.

Para el diputado priista y presidente de la citada comisión, Israel Betanzos Cortes, las reformas que se turnan a la comisión son observadas con objetividad e imparcialidad, siempre preservando el bien jurídico que tutelan, y que ninguna decisión se asume por consigna ni responde a intereses personales o de grupo, y menos aún, se congelan iniciativas.

El líder de los diputados locales priistas, rechaza las afirmaciones del diputado César Cavrioto Romero, coordinador de la Fracción Parlamentaria reaccionaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero lo conminó a exponer y defender sus argumentos en las comisiones del órgano legislativo.

Indudablemente, Cravioto es igualito que su capataz López Obrador, que lanza la piedra y esconde la mano, porque se ha convertido en un deslenguado que solo habla incoherencias y nada de cuestiones efectivas.

Y es sencillo juzgar la capacidad parlamentaria de Morena, “¡Cómo han de gobernar al pueblo los que no saben gobernar su casa…!”, rezan filósofos.

Hasta hoy en día, a César Arnulfo Cravioto Romero no se le conoce ni reconoce una gran trayectoria política, y sí en el ejercicio de mandos medios dentro del Gobierno de la Ciudad de México,, siempre de la mano de su jefe político: Martí Batres, líder de la morena capitalina.

El papel del “licenciado” Cravioto –quien por cierto se ostenta con ese título, pero en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no hay una cédula profesional registrada a su nombre–, se ha sumido en su sillón conocido como curul de la Asamblea Legislativa, a un ente que es observado como “bicho raro”.

Con dedo flamígero, Betanzos puntualiza que la ausencia de representantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el trabajo de comisiones, les impide conocer el análisis y las importantes aportaciones que hacen la Procuraduría General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos sobre iniciativas como la Ley de Amnistía, que propone ese partido, para definir consensos.

Empero, garantiza que en ningún sentido se intenta criminalizar la protesta social ni soslayar iniciativas de los grupos parlamentarios.

Afirma que en la comisión que preside el interés prioritario es que ninguna reforma a la ley vaya en contra de los principios y las garantías constitucionales que tienen los individuos.

Descarta asimismo que su iniciativa de reformas al artículo 362 del Código Penal para aumentar las penas sobre el delito de ataques a la paz pública, sea producto de una visión represora, como lo expuso el coordinador de los diputados de Morena.

Presume, sin embargo, que la reforma tiene el propósito de proteger los bienes jurídicos que son el orden social, el normal desarrollo del régimen político democrático, la sana convivencia, el respeto y por supuesto el derecho de todos los ciudadanos a vivir en plena libertad, paz y tranquilidad.

Recuerda que la reforma contempla sancionar de diez a treinta años de prisión, suspensión de derechos políticos por veinte años y dos mil días de salario mínimo, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos que perturben la paz, intimiden a la sociedad o menoscaben la autoridad del gobierno de la ciudad.

Reitera su respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y manifestación, pero advirtió que no se debe permitir que bajo el argumento de participar en una protesta social, se cometan actos vandálicos en contra de los bienes de ciudadanos y del patrimonio de la ciudad, porque de lo contrario –percibe la sociedad-, ésta caería más profundo en el hoyanco de la ingobernabilidad.