BLAS A. BUENDÍA
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Al entrar en vigor el viernes 8 de enero pasado las Cartas de Derechos de las y los Denunciantes y Víctimas del Delito, Testigos e Imputados, publicadas en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, la sociedad aún está incrédula de tan semejante medida, cuando de antemano se conoce que en cada detención los agentes ministeriales y cuerpos policiacos cotidianamente son acusados de violentar los derechos humanos, “mientras se investiga a los presuntos culpables”.
Si bien con su vigencia se abroga el Acuerdo publicado el 06 de febrero de 2014, y tras considerar necesario que los agentes del Ministerio Público hagan del conocimiento las garantías de quienes comparezcan, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) comenzó aplicando el Acuerdo A/020/2015 firmado por el titular de la dependencia Rodolfo Fernando Ríos Garza el 30 de diciembre pasado, por el que se emiten las Cartas de Derechos de las y los Denunciantes y Víctimas del Delito, Testigos e Imputados.
El documento, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (GODF), informa que al rendir declaración o en entrevista, dichas cartas deberán ser leídas por el representante social y en cuya diligencia habrá que dejar constancia por escrito en la que el declarante asiente su firma, o bien, si no supiera hacerlo su huella digital.
En las Cartas de Derechos queda debidamente establecido que el personal ministerial, policial y pericial tiene la obligación de proteger y respetar los derechos que le otorga la Constitución, bajo los principios de legalidad, certeza, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez, imparcialidad, confidencialidad, lealtad, responsabilidad, transparencia y respeto a los derechos humanos.
Al ser denunciante o víctima de un delito, tiene derecho a contar con un asesor jurídico público o privado; recibir atención médica y psicológica desde la comisión del hecho delictivo; que se le designe, gratuitamente, un perito traductor-interprete para el caso de que no hable o no entienda el español; mantener en reserva sus datos personales, incluyendo número telefónico, domicilio y las copias de las identificaciones que haya exhibido ante la autoridad, entre otros.
En tanto, al ser testigo de un delito tiene derecho a que se le explique claramente el motivo de su comparecencia; la recepción de su testimonio o entrevista se realice en presencia de algún familiar y de ser el caso por perito especializado en psicología cuando sea menor de 18 años de edad; mantener en reserva sus datos personales y solicitar a la autoridad ministerial las medidas de protección que correspondan para proteger su integridad física o psicoemocional.
Finalmente, al ser considerado como probable responsable o imputado se le informen sus derechos, los hechos delictivos que se le atribuyen, que se registre su detención y ser presentado ante la autoridad ministerial; se le considere inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia firme; no ser obligado a declarar, no ser incomunicado, así como ser víctima de tratos crueles e inhumanos y degradantes, entre otros derechos.
Para garantizar la debida difusión, las agencias del Ministerio Público contarán con carteles y folletos impresos en las que se detallará el contenido de las Cartas de Derechos; los números telefónicos y direcciones de la Visitaduría Ministerial, Dirección General de Derechos Humanos, Contraloría Interna y Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJDF.
La serie de medidas en sí, “suenan bonito”, pero en la praxis es totalmente diferente porque ante la comisión de cualquier delito, los preventivos entre que si es o no culpable el detenido, las personas comienzan a padecer un vía crucis por la misma fuerza y naturaleza que impone la presencia de la arrogante regordeta figura de policías o ministerios públicos deshonestos.
Una muestra de lo anterior es lo que se registra en las afueras del ministerio público de la delegación política en Cuauhtémoc, donde se aglutinan a todas horas, pero más en las noches y madrugadas, a personas que pretenden rescatar y clarificar los delitos por los cuales les son imputados a sus parientes detenidos.
Los arreglos en lo oscurito, por no citar acuerdos económicos y financieros conforme a la gravedad del o los delitos –traducidos en actos de corrupción concertada-, los ministerios públicos desde que se les dio mayor poder para actuar como mediadores circunstanciales a fin de desahogar las cargas de trabajo en los juzgados penales, han establecido un modus vivendi que les deja millonarias ganancias.
Bajo el paraguas de impunidad, la regia figura de los MP’s, y no se diga de los jueces cívicos, se impone en todos los sentidos, a grado tal que muchas familias que acuden al rescate de sus familiares, salen huyendo y asqueados de las comisarías por la podredumbre de esos malos funcionarios que exigen multas que no son reportadas a la Tesorería del DF, engordando sus bolsillos a manos llenas.
Como es sabido, los exteriores de todas las oficinas de los Ministerios Públicos que corresponden a la PGJDF, están saturadas ya que desde siempre y en forma ininterrumpida, tal pareciera que “el diablo siempre anda suelto”; los índices delictivos y los accidentes viales, asaltos y violaciones, han engrosado las estadísticas del crimen en la capital de la República, y para los MP’s, además de cumplir con los códigos y protocolos de su trabajo, se frotan las manos porque el delito es un negocio redituable.
Pero por más iniciativas de ley promueva los Órganos Autónomos inherentes a la prevención del delito e impartición de justicia, para su aprobación por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -como es el hecho de la ahora y pomposamente llamada Cartas de Derechos de las y los Denunciantes y Víctimas del Delito, Testigos e Imputados, que más bien parecieran Cartas a Eufemia-, solo resta decir que es una herramienta corruptiva más para enriqueces a quienes supuestamente previenen y sancionan a los presuntos sospechosos que hayan cometido delitos que dañen el patrimonio de la sociedad.