La Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México el 7 de octubre de 2015, no tuvo similitud con el festín de declaraciones que han hecho irresponsable e insensiblemente cientos de funcionarios locales y federales en relación a la seguridad interna del país.

Fue de antología lo que Ra’ad Al Hussein narró y que deja en sí, un amargo sabor de boca ya que, si bien “le dio fuerte jalón de orejas” al Gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, llegó a la conclusión que México está atravesando un camino “corrosivo, devastador, traumático y espeluznante”, por el supremo impacto que ha dejado como una estela negra el crimen organizado, que paradójicamente existen hasta la intensa huella de colusión de funcionarios que manipulan el aparato de justicia, que día a día está más que corrompido, putrefacto.

Ra’ad Al Hussein, al alertar que “ante la crítica en lugar de matar al mensajero”, hay que admitir que la confianza de la ciudadanía en las instituciones federales y locales ha sido seriamente resquebrajada por las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y el asesinato de seis personas, ocurridos en Iguala, estado de Guerrero, entre muchos otros sucesos que ponen en alerta que México podría estar ya viviendo un Estado fallido.

Se comenten crímenes igualmente inquietantes como fue el caso de Iguala, y dentro de ese microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México, para Ra’ad Al Hussein “pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero”.

Ra’ad Al Hussein, al final de su Declaración, se topó con una de tantas víctimas que ha encontrado en su camino. La señora María de Lourdes Mejía Aguilar, entre abiertos y escandalosos reclamos y visiblemente consternada, pidió “¡justicia!” por el asesinato del que fue víctima su hijo Carlos Sinué Cuevas Mejía quien en vida era un activista emanado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM).

El Alto Comisionado comentó: “Como una de las personas con las que me encontré en los últimos días lo planteó: ‘Este es un país en el que si eres víctima de un crimen, a los últimos a los que llamas es la policía’”.

Si la policía no funciona adecuadamente -apunta- entonces el sistema de justicia en su conjunto corre el riesgo de ser disfuncional. El nuevo sistema penal tendrá que superar los problemas que enfrentan la policía y los forenses, así como la debilidad del sistema de investigación.

Se dijo estar particularmente conmovido por tantos sucesos que han perturbado a México, por lo que hizo un llamado urgente a sus autoridades para ofrecer más y mejor protección tanto a las defensoras y defensores de derechos humanos como a quienes ejercen el periodismo quienes han sufrido una terrible serie de asesinatos, amenazas, golpizas y otras formas de intimidación en los años recientes.

En su estancia en México, Ra’ad Al Hussein halló relatos traumáticos y mega experiencias de crímenes de lesa humanidad, que al mezclarlos establecen una realidad cruel con estadísticas inverosímiles, existiendo de la necesidad de instaurar un antídoto importante ante la naturaleza insensible de las incompletas estadísticas sobre asesinatos, violaciones y desapariciones que han quedado plasmados en los anales del crimen.

El distinguido visitante de la ONU de algún modo evocó la memoria del malogrado candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, en el sentido que “observa una sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos; el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas; la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos”.

Alerta que estadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados. Por tanto no es sorprendente que la ciudadanía mexicana se sienta insegura -no obstante la baja en la tasa de homicidios y secuestros, misma que saludamos.

No quiero simplemente repetir las declaraciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al final de su visita a México.

Sin embargo, sí respaldo por completo sus hallazgos, que coinciden en gran parte con las opiniones de mi Oficina y de varios expertos y órganos internacionales de derechos humanos de la ONU que recientemente han visitado o informado sobre la situación en México.

Y, de hecho –añade- las recomendaciones de la CIDH fueron también respaldadas por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como por varias organizaciones de la sociedad civil, ilustrando así que hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México.

Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito.

Desde 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes.

Parte de la violencia puede ser atribuida a los poderosos y despiadados grupos del crimen organizado, que han hecho miserable la vida de mucha gente en varios de los 32 estados de la República.

Condenó sus acciones sin reservas. Sin embargo, afirma que muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado. Se pronunció porque los militares regresen a sus centros de trabajo y no ser partícipes de la inseguridad que asola a todo el territorio mexicano.

Sentencia: “El corrosivo y devastador impacto del crimen organizado y las enormes cantidades de dinero que movilizan estos grupos está cooptando o corrompiendo instituciones clave, y en algunas regiones, está reduciendo el impresionante conjunto de leyes mexicanas a meras palabras en el papel. La combinación de miedo, ambición e impunidad crónica es potente y millones de personas están sufriendo este cóctel venenoso que una vez fraguado es difícil de eliminar”.

Una sucesión de incidentes específicos y recientes han llamado considerablemente la atención y preocupación internacionales.

México tiene al menos 26,000 casos de personas no localizadas, y nuevos casos ocurren cada día. La miseria unida a la estadística es imposible de comprender.

El fracaso de la policía, del sistema de justicia para esclarecer el paradero de las víctimas y lo que les sucedió, y sobre todo, de los sucesivos gobiernos y del sistema político en su conjunto para detener estos crímenes no sólo es lamentable, es profundamente trágico.

Trágico para las personas involucradas, y trágico para el país entero. Durante los últimos días, escuchó a altos representantes del Gobierno hablar con nueva determinación para hacer frente a estos retos, por lo que reiteró su ofrecimiento que la Oficina de la ONU está lista para asistirlos de todas las formas en que le sea posible.

Lista de recomendaciones

En esta línea, en su momento entregara una lista de recomendaciones para el Gobierno mexicano. Mientras tanto, enfatizó sobre la necesidad de llevar a cabo las siguientes medidas clave:

ü  Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.

ü  Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.

ü  Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.

ü  Implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.

La comunidad internacional tiene mucha buena voluntad hacia México, pero al final son solamente los mexicanos y las mexicanas -y especialmente la clase política de México- quienes pueden resolver estos profundos problemas.

El país cuenta con recursos humanos de primer nivel, así como recursos materiales abundantes. Las problemáticas se han acrecentado tanto, que para cualquier gobierno sería una tarea abrumadora solucionarlas, pero el gobierno que lo logre -el que reforme radicalmente la policía, haga funcionar la justicia, aplaste el índice de criminalidad y encarcele a los criminales, el que regrese al Ejército a los cuarteles, proteja a las personas marginadas, trabaje duro para reducir la violencia contra las mujeres-, ése es el gobierno que la nación necesita y quiere.

El Gobierno que atienda plenamente el deseo de su ciudadanía y tenga la capacidad de transformarlo en un Estado que funcione, es el Gobierno que será recordado y honrado por generaciones futuras.

Dicho Gobierno además será capaz de atraer un flujo masivo de inversión extranjera directa, que a su vez contribuiría una mayor prosperidad para su población.

“Ruego por que este Gobierno pueda comprometerse con un renovado sentido de urgencia para resolver los enormes retos de derechos humanos que enfrenta, para que sea cada ciudadano el que lo juzgue”, puntualiza Zeid Ra’ad Al Hussein, en su Declaración como Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.