Por: Sergio Jesús González Muñoz

La suerte y existencia misma de los órganos electorales de los Estados y del DF están atadas al parecer a la suerte y existencia del Pacto Por México. La admonición parece inexorable en estos días, si tomamos como referencia el calendario reconfigurado en el adendum firmado hace unos días, mediante el que se anunció una discusión parlamentaria inminente en la materia.

Inexplicablemente, el tema general de crear un órgano nacional de elecciones y suprimir los estatales discurre rápidamente por la comentocracia y en los comederos políticos como solución óptima e insustituible en la lucha contra dos demonios terribles: los apetitos políticos y de control de los gobernadores y el dispendio de recursos presupuestales en los comicios, sin contra-argumentos sólidos todavía.

Efectivamente, los gobernadores son animales políticos que conocen sus constituciones y las leyes ordinarias de sus estados, con incentivos determinados para operar políticamente en el equilibrio de poderes, en el que todos los partidos, TODOS, se mueven también, a veces legítimamente, a veces torciendo el espíritu de la ley sin mancillar la letra y a veces, lamentablemente, violando la ley sin consecuencias.

En este tema, el problema bien podría ser de diseño legal, por lo que quizá una solución sería modificar las reglas que la constitución mexicana dispone para elegir Consejeros Electorales en todos los niveles, de tal manera que la función electoral fuera ejercida por mexicanos con más altos estándares académicos, mayores exigencias de experiencia administrativa, tal vez alguna noción jurídica y más lejanía temporal y política de las funciones partidistas.

Por su parte, el alegato del ahorro presupuestal es un sofisma muy evidente y pobre, producto de un análisis bastante incompleto, pues lo que se ahorrarían las entidades federativas al dejar de organizar sus comicios locales, lo gastaría el órgano nacional recién creado.

Consideremos además un tema más: el referente a los derechos laborales de los servidores públicos de los órganos electorales locales. Habría que ir calculando (más que imaginando) los enormes costos financieros de las liquidaciones o readscripciones, sin olvidar los juicios laborales presentados ante la autoridad de conciliación y arbitraje y/o ante la justicia electoral federal por cualquier cantidad de temas, como las antigüedades truncadas o prestaciones reducidas o eliminadas.

Además, hay mucho que planear sobre los bienes muebles e inmuebles de los institutos y comisiones estatales, que no sabemos si se venderían a terceros, o si se revertirían a los gobiernos de los estados o pasarían a ser propiedad del propio órgano nacional, lo que lo forzaría a hacer crecer su área de administración. Del mismo modo, habrá que ir definiendo lo sucedería con las obligaciones contractuales plurianuales y litigios en curso con proveedores o con la banca comercial. Nada de esto se prevé en los numerales transitorios de las iniciativas del PAN y de Movimiento Ciudadano, mientras que en el COFIPE original (1990) hubo toda una normativa especial para atender asuntos como estos.

No hay que olvidar que los órganos locales no solo hacen elecciones; muchos de ellos cuentan también con atribuciones establecidas en las constituciones estatales en materia de ejercicios de participación ciudadana modernos, como los plebiscitos, referenda y consultas o iniciativas populares. Tan sólo en la Ley de Participación del Distrito Federal, recién reformada, pueden observarse doce modalidades diversas en su artículo 4. Cito algunas: Colaboración Ciudadana, Rendición de Cuentas, Difusión Pública, Audiencia Pública, Asamblea Ciudadana, Red de Contralorías Ciudadanas, etc.

Desde otro punto de vista, los institutos electorales locales hacen también educación cívica, que como especie del género Educación en general, requiere de conformación local muy específica para generar conocimiento relevante y prácticas ciudadanas que tiendan a asentarse en la conciencia social. Es decir, hacer ciudadanía es todos los días y no es una labor menor, pero si se hace desde Tlalpan y Viaducto puede observar carencias notorias.

Creo que sin algo así como un Escudo Centro Electoral, los órganos electorales locales están condenados al suplicio, sobre todo si no dicen ni hacen nada. Por ejemplo, no es posible que quien más vehementemente se ha pronunciado al respecto haya sido un Magistrado del TRIFE, Gregorio Galván y el Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) de 1999 a 2006, Javier Santiago Castillo en sendas ponencias que son de lectura obligada.

Por diversas razones, todas tan obvias que no hay que enlistar, el Instituto Electoral del Distrito Federal, al que serví por un tiempo hace unos años, tiene un liderazgo natural respecto de sus colegas de los Estados. Me parece que le ha faltado organizar reuniones públicas de Consejeros Electorales de todo el país para debatir de cara a la sociedad los méritos de las propuestas actuales (y la del PRI de 2007, presentada en el marco de la Ley para la Reforma del Estado), invitando a académicos de todas las disciplinas científicas necesarias (geógrafos, actuarios, abogados, politólogos, administradores, etc.) y elaborar posteriormente una memoria de los foros que diera fundamento para pensar en la “Declaración de Huizaches” (sede institucional del IEDF), que se debería presentar frente a los medios, cuando menos, al Consejo Rector del Pacto por México y a los Coordinadores Parlamentarios del Congreso de la Unión.