La Habana (PL) Desde que en 1976 se reinstauró la pena capital en
Estados Unidos, Texas ha ejecutado a 500 personas, triste récord registrado el 27 de junio cuando a Kimberly McCarthy, mujer negra de 52 años, se le inyectó un coctel letal.
McCarthy, quien estuvo 14 años en el corredor de la muerte, fue
declarada sin vida a las 18:37 de ese día, hora local en la prisión de Walls Unit, en Huntsville, al sur de Dallas, según anunció John Hurt, un portavoz del Departamento de Justicia de Texas.
No procedió una apelación presentada ante el Tribunal Criminal del sureño estado, dijo la abogada Maurie Levin.
Los vergonzosos errores que plagaron el caso de McCarthy, como el prejuicio racial, la asesoría legal ineficaz y los tribunales sin voluntad para ejercitar una verdadera supervisión del sistema, reflejan los problemas centrales en la administración de la pena de muerte en el país, expresó Levin al diario Dallas Morning News.
McCarthy fue sentenciada a muerte en noviembre de 1998 por el
asesinato de Dorothy Booth, de 71 años, durante un robo en el condado de Dallas en 1997.
La pena fue anulada en una apelación, sin embargo, la confirmaron luego en un segundo proceso, en noviembre de 2002.
Además, la ejecución se había suspendido en dos ocasiones (en enero y abril) bajo la sospecha de que hubo discriminación racial durante la selección del jurado que la condenó, mayoritariamente
blanco.
Durante lo que va de año en Estados Unidos ha sido ejecutada casi una veintena de condenados a muerte, pero es la octava que se produce en Texas, donde se tiene prevista la de siete reos más; además, se trata de la primera mujer desde 2010, de acuerdo con datos oficiales.
De las más de mil llevadas a cabo a nivel nacional desde 1976,
Texas -que además la reactivó en 1982- es responsable de más de un
tercio de ellas.
El día fijado para la inyección letal McCarthy, decenas de
manifestantes se congregaron en los exteriores de la penitenciaría
para pedir detener el acto de consumación de la sentencia.
Los activistas portaban pancartas con mensajes como «ejecutar la
justicia, no a la gente», «detener las ejecuciones en Texas» y «la
pena de muerte es racista», de acuerdo con los reportes de medios
locales.
Para Dennis Longmire, profesor de la Universidad de Huntsville, la ejecución número 500 no debería recibir más atención que la primera o la 501. «La ejecución de esta tarde es trágica, pero no es más trágica que la próxima o la de hace dos semanas», subrayó.
En los últimos años se han realizado numerosas manifestaciones por detener este tipo de sentencia.
Durante el V Congreso Mundial contra la pena de muerte, efectuado en Madrid en junio pasado, Richard Dieter, director
ejecutivo del centro de información sobre la pena capital en Estados Unidos, refirió que en el sur del país es donde más ejecuciones se producen.
Sin embargo, a juicio del experto hay cambios: desde 1999 las
ejecuciones han descendido un 56 por ciento y solo nueve estados la aplicaron en el último año.
No obstante, Estados Unidos es uno de los 60 países que mantiene
en vigor este tipo de condena, y de ellos uno de los cinco que más la practican en la actualidad.
Aunque Dieter dijo que en 2002 se prohibió la ejecución de
personas con discapacidad intelectual, en 2005 la de menores y en 2008 la de todos aquellos presos que hubieran cometido un crimen sin resultado de muerte para la víctima.
Pero distintas organizaciones de derechos humanos critican el
hecho de que hoy la pena de muerte tiene lugar no solo en casos de
mujeres, sino también de enfermos mentales.
También la asocian muchas veces al perfil racial del condenado y a su condición económica.
Datos oficiales refieren que en 2012 se registraron en Estados
Unidos 43 ejecuciones, una cifra similar a la de 2011, mientras unos tres mil 100 reclusos permanecen en los corredores de la muerte de cárceles federales en espera de que se cumpla la sentencia.
De igual forma, errores judiciales han provocado que en las
últimas tres décadas 140 condenados a morir fueran puestos en
libertad.
Por ejemplo, Shujaa Graham pasó seis años en el corredor de la
muerte por un crimen que no cometió y cuando le liberaron lo único que le dijeron fue: «deberías darnos las gracias».
Graham, absuelto en 1981, advirtió en 2010 que no había visto «que ningún fiscal haya sido castigado o corregido (por la mala aplicación de la justicia). Ni tan siquiera hablan de ello».
Algunas encuestas revelan que en la actualidad, el porcentaje de
norteamericanos que apoya la pena de muerte ha caído del 80 por ciento en 1999 a casi un 50 por ciento.
Y pese a que en los últimos seis años Connecticut, Illinois, Nuevo México, Nueva York, Nueva Jersey y Maryland han suprimido la pena de muerte, aún está en vigor en 32 de los 50 estados de la Unión.
Expertos aseguran que los negros, que constituyen el 12 por ciento de la población carcelaria, representan el 35 por ciento de los ejecutados y el 42 por ciento de los condenados a muerte.
¿Qué puede ser «esto», con cerca de dos millones de ciudadanos
presos, el 50 por ciento de los cuales son negros e hispanos?, se
preguntaba Mumia Abu Jamal en entrevista vía correo electrónico con esta reportera en 2002.
Estados Unidos tiene más personas en prisión que ninguna otra
nación del mundo, aún por encima de países que los aventajan en
población, como India o China, afirmó entonces Jamal, juzgado por la muerte de un policía blanco en julio de 1982, un hecho sobre el cual ha manifestado siempre su inocencia.
Periodista y activista por los derechos de los afroestadounidenses en los años 1960 y 1970 y uno de los más célebres condenados a muerte en la norteña nación, Jamal aseguró que solamente un poder judicial imperial, dedicado a la oscuridad y la represión pudiera contemplar tal cosa.
«Es por eso -dijo- que yo he llamado a los Estados Unidos la
cárcel de las naciones. Tiene el cinco por ciento de los habitantes del mundo y por lo menos el 24 por ciento de población penal del globo».