La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Milan Kundera

La información es poder, pero solo para el que la tiene o la genera. Para unos, ocultarla o desaparecerla, es poder. Para otros, el poder está en su manipulación o en su control. Para unos más, los menos, el poder está en su difusión.

La información es poder también para quien la recibe de forma diáfana, completa, sin censuras ni deformaciones. Cuando la información es así dispuesta genera conocimiento. El conocimiento es un bien común, no hay duda de ello, porque es un bien que democratiza a la sociedad, que la hace más consciente y más participativa, porque incrementa y expande el potencial de cada persona.

Es la “sociedad del conocimiento” que aspiramos desde hace mucho tiempo. Construirla, requiere primero edificar primero la «sociedad de la información» en donde las personas tengamos una creciente capacidad tecnológica para almacenar cada vez más información y hacerla circular cada vez más rápidamente y con mayor capacidad de difusión y, sobre todo, para protegerla y resguardarla de manos destructoras o inquisidoras.

Primeramente, tenemos que asegurar el acceso a la información, porque es un derecho que todos los ciudadanos debemos ejercer realmente, pero ésta debe llegarnos de manera nítida, sin matices ni tendencias. La deformación de la información es aún más perversa que su ocultamiento.

La información debe llegarnos también completa y oportuna, al menos, la que el sector público está obligado a brindar de acuerdo a la ley de transparencia, especialmente en el área de finanzas y de rendición de cuentas.

En el ámbito gubernamental también existe, y es lo más grave, la pérdida de la información pública que debería estar disponible en todo momento para la consulta y la valoración ciudadana, sobre todo, información que en un momento estuvo disponible en internet y que por razones diversas desaparece en cada cambio de gobierno.

Los ciudadanos consideramos que la información gubernamental publicada en internet, buena o no, nos guste o no, debe preservarse. El juicio de la historia también necesita de esta información. No cuesta nada hacer una copia de respaldo de los sitios web existentes y ponerlos a disposición y al escrutinio ciudadano. Hoy, por ejemplo, si los chiapanecos quisiéramos consultar los informes de los gobiernos estatales anteriores, tendríamos que acudir a las fuentes impresas, a las bibliotecas, porque en internet ya no están disponibles.

A nivel federal si es aún posible consultar la información que se publicaron en los portales de la Presidencia de la República, en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Aquí en Chiapas ¿dónde están los boletines de prensa o los informes de gobierno de Julio César Ruiz Ferro, Roberto Albores, Pablo Salazar y de Juan Sabines? Sencillamente desaparecieron, porque es estrategia política, el borrarse el uno al otro.

Esa pésima tendencia de desaparecer parte de la historia gubernamental, puede acabarse en el futuro. El pasado  20 de mayo, se promulgaron las reformas a las Leyes de Ciencia y Tecnología, General de Educación y Orgánica del Conacyt, con lo cual se da un paso importante a lo que el gobierno federal ha llamado como el “Paradigma del Acceso Abierto”.

Con el Paradigma del Acceso Abierto, toda la información, todo el conocimiento que se haya generado con recursos públicos, será también de acceso público permanente. Para ello, se creará el “Repositorio Nacional de Acceso Abierto” a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación, de Calidad e Interés Social y Cultural, el cual será una especie de “bodega” de información, abierta a todos los que quieran consultarla.

El Gobierno de la República garantizará así el derecho de todos a informarse, publicar e interactuar a través de los nuevos medios de comunicación, incluidos los digitales y las redes sociales. Al menos, eso dijo el Presidente Enrique Peña Nieto y debemos creer que hay intensiones de hacerlo realidad.

Además, el Jefe del Ejecutivo Federal manifestó que la novedosa legislación democratizará aún más el uso de la información, al permitir a los mexicanos el libre acceso a la producción científica y académica que haya sido financiada, parcial o totalmente, con fondos públicos. Es decir, se pondrá una gran cantidad de conocimiento, de investigaciones y datos en línea para que cualquier usuario pueda acceder a ellos de manera abierta, sin barreras legales, técnicas o financieras.

Qué bueno que así vaya a suceder, porque es inaudito que existiendo tanto conocimiento generado por las instituciones gubernamentales, sobre todo, las dedicadas a la educación y a la investigación, tengan hoy tantas restricciones para que el ciudadano acceda a la información. Es incomprensible que eso suceda en estos tiempos de la tecnología de la información.

Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene miles de investigaciones integradas en tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Están en formato digital cerca de 150 mil, pero ninguna de ellas está disponible para el acceso libre en internet. ¿Para qué sirve todo este acervo informativo si la gente no puede consultarlos fácilmente?

Los mexicanos necesitamos que el libre flujo de las ideas, que los descubrimientos científicos y que el conocimiento generado, se queden permanentemente entre nosotros. Por ello, felicito esta iniciativa. Será un gran avance si se logra en la realidad y si abarca a todos los niveles e instituciones de gobierno.

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