La Habana (PL) El presidente estadounidense, Barack Obama, pretende reformar el sistema penal del país, en el que las cárceles se convirtieron en los últimos años en un gigantesco monopolio privado que cuesta al contribuyente miles de millones de dólares
Las preocupaciones del mandatario se justifican, en parte, cuando se sabe que Estados Unidos tiene la tasa más alta de encarcelamientos en el mundo, con más de 2,3 millones de personas en prisiones federales, estatales y locales.
Las alarmantes estadísticas muestran que la nación, con algo más del cuatro por ciento de la población global, tiene un 25 por ciento de los presos del orbe.
Detrás de este cuadro hay muchas historias que hacen recordar a Alcatraz, en sus tiempos de centro donde purgaron sus penas connotados criminales y mafiosos.
Luego de convertirse en la segunda semana de julio en el primer presidente en funciones en visitar una prisión en el país, al ir al correccional de El Reno, cerca de Oklahoma City, Obama encabeza una cruzada contra el sistema penal estadounidenses donde destaca entre otras, la prisión de la isla de Rikers, situada en el East River, en Nueva York.
Hay planes de cerrar ese enclave según señala el alcalde de la urbe, Bill de Blasio, y la ciudad anunció un programa ambicioso de libertad supervisada que ofrecerá a algunos acusados alternativas a la cárcel.
Según un artículo que publico el 17 de julio el diario The New York Times, el abogado federal para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, y la administración del alcalde de Blasio acordaron, mientras tanto, una serie de reformas, incluyendo restricciones sobre el uso de la fuerza por los guardias.
El diario neoyorquino señala como difícil encontrar a una persona que considere que esas medidas alterarán fundamentalmente la vida en Rikers.
De hecho, precisa, los últimos informes indican que la violencia continúa a buen ritmo en la isla reclusorio, incluso después de la oleada de escrutinio de la prensa y el empuje para la reforma lanzado por Obama.
El Times plantea de manera lapidaria que si los tribunales del país fueran más rápidos, el sistema de libertad bajo fianza no tan amañado contra los pobres y los programas de salud mental y de rehabilitación de drogas financiado adecuadamente, Rikers y otras cárceles podría ser manejables.
En cambio, precisa, esa isla, a unas braceadas de la opulenta Gran Manzana, y otras grandes cárceles en todo el país, son un vertederos notorio para los empobrecidos, los adictos y los enfermos mentales.
Tras las rejas de Rikers hay unos 10 mil reclusos, dentro de
ellos un número abrumador de afroamericanos y latinos, muchas víctimas de historias de terror, de palizas y suicidios.
El cierre de la mayor colonia penal de Estados Unidos es un
verdadero reto para el alcalde de Blasio, quien deberá enfrentar una compleja y amañada burocracia, indican pobladores de Nueva York.
La clausura de Rikers repercutirá mucho más allá de la ciudad cuando la reforma de la justicia penal tiene un momento nacional bajo el actual gobierno.
Para muchos estadounidenses es hora de cambiar el sistema de
justicia y evitar la encarcelación masiva de personas por pequeños delitos pero también de evitar que pequeñas faltas y delitos menores atrapen a tanta gente en prisión o por las fianzas que nunca se pueden pagar.
La visita del presidente Obama a la cárcel federal y su decisión de reformar la justicia va en buen camino para evitar que siga aumentando el desproporcionado número de personas tras las rejas, estiman comentaristas de la situación.
Estados Unidos tiene la tasa de encarcelación más alta del mundo con 724 por cada 100 mil habitantes, sólo seguido a distancia por Rusia con 581, y al parecer llegó el momento de actuar.
El propio expresidente William Clinton, quien firmó la ley de 1994 que multiplicó la gente encarcelada, reconoció recientemente el fracaso de la medida.
Según el diario californiano La Opinión, décadas de demagogia llevaron a que muchos delitos no violentos se castiguen con sentencias obligatorias de prisión, privando al Poder Judicial de su autoridad para ejercer justicia proporcional al crimen.
A mediados de julio, durante la Convención Anual de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, que transcurrió en Filadelfia, Obama insistió en cambiarle el rostro al sistema penitenciario.
Como parte del nuevo enfoque de la administración en temas de justicia penal, la Casa Blanca también llama la atención sobre la necesidad de hacer frente a las desigualdades que afectan abrumadoramente a negros y latinos.
Según la revista Newsweek, latinos y negros representan el 60 por ciento de población tras las rejas en el país.
Uno de cada 35 afroestadounidenses y un latino de cada 88 están en prisión, mientras que entre la población blanca, la relación es de uno cada 214. En tanto, uno de cada nueve niños negros tiene a uno de sus padres en la cárcel, aseguró Obama durante su histórica visita a Oklahoma.
El mandatario llamó la atención sobre el hecho de que un negro tiene más posibilidades de ser detenido que un blanco por la comisión del mismo delito y luego recibir sentencias más severas.
La realidad muestra que Obama marcha por un tortuoso camino
plagado de obstáculos e intereses que ensombrecen el sistema de justicia penal en Estados Unidos.
Al respecto, una investigación de  la Universidad de
California-Berkeley indica que las cárceles estadounidenses gestionadas por compañías privadas -que en la actualidad albergan a más de 120 mil personas, seleccionan a reclusos latinos porque son más baratos de mantener.
La misma fuente precisa que los presos negros e hispanos tienden a ser más jóvenes que sus pares blancos no hispanos y por lo tanto requieren de menos cuidados médicos.
Un informe de la Unión de Libertados Civiles (ACLU, por sus
siglas en inglés) precisa que el costo de mantener a un preso mayor de 50 años ronda los 68 mil dólares, mientras que el de un recluso más joven se sitúa en los 34 mil dólares.