Por Guillermo Robles Ramírez
Están siendo recurrentes en Coahuila; los accidentes de trabajo, en su mayor parte mortales, que luego resulta que esas víctimas no estaban registrados o inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo tanto, los deudos quedan desamparados y con las cuentas del sepelio y en otros muchos casos de la hospitalización del trabajador desprotegido por la empresa que lo contrató.

En la mayor parte de los casos, se trata de trabajadores de la industria de la construcción, área y actividad en donde se registra un alto índice de evasión del derecho que tiene todo obrero, empleado o trabajador de contar con el Seguro Social.

Ante esos fatales accidentes de obreros que no estaban inscritos como lo marca la Ley, no existe información de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, haya procedido contra las empresas que eluden de la obligación de dar servicio médico a sus trabajadores.

Es lamentable que tengan que ocurrir estos trágicos percances para que salga a la luz pública en el mejor de los casos, pero la mayor parte de ellos se sabe de boca en boca.

La ineficiencia del Seguro Social, al igual que la complacencia que tienen para con los patrones incumplidos, al menos para los que ellos quieren y desean proteger y darle impunidad, porque contra las empresas que desde hace años tienen afiliadas, se van con todo el peso y rigor de la ley, sin pretexto ni defensa.

Las empresas cautivas, sobre las que recae el peso económico del funcionamiento de todo el sistema operativo del IMSS, resulta cada vez más complicado y difícil, sostener las altas cuotas de los derechohabientes, porque insisten que no pagan todas las empresas que se dice y que deben cumplir con la inscripción de cada uno de sus empleados, desde el momento en que son contratados.

Los inspectores del IMSS; si es que los hay, brillan por su ausencia y cuando se aparecen, al menos es el decir general y lo que se comenta en rumores entre dueños de empresas o comerciantes quienes afirman que muchos de ellos son arreglados por los patrones evasores de la ley, sin embargo; no tienen testimonios sólidos para hacer una denuncia y quienes sí los tienen no lo hacen por miedo a represalias de ésta institución gubernamental.

Aquellas constructoras y otros proveedores que cuentan con contratos de dependencias oficiales, sean federales, estatales y municipales, debieran ser las primeras en revisarse para comprobar si todos y cada uno de sus empleados, en verdad están inscritos y reciben los beneficios de la Ley del Seguro Social.

Es normal, como ocurre en otros hechos, tradicionalmente se anda tapando el pozo después de ahogado el niño, es decir, que tiene que haber uno o más muertos por accidente de trabajo para enterarse el Seguro Social que muchos de los empleados que laboran para esa empresa siniestrada, no están inscritos a ningún servicio médico, lo que demuestra lo injusto y arbitrario que representa la impunidad y protección de esos evasores.

Corresponde a las autoridades respectivas hacer cultura en las obligaciones contractuales y eso solo se conseguirá con la aplicación de la ley, pero para eso, es necesario salir a la calle, no es posible supervisar y controlar desde cuatro muros, al menos es la opinión generalizada de los empresarios que son ajusticiados religiosamente cada mes con el obligatorio pago de las cuotas patronales del IMSS. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org