Decía Napoleón Bonaparte que de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso.  Recuerdo las palabras del emperador francés cuando pienso en lo que se creía que sería el país con la segunda alternancia, el Pacto por México y la aprobación de las reformas estructurales en el primer año de este sexenio, visto a la distancia nos hacen preguntarnos, qué pasó.

En muchos aspectos –y para muchos mexicanos- Enrique Peña Nieto representaba no sólo una opción de cambio, sino una opción de mejorar en una realidad que, en medio de un ambiente de relativo avance económico, se veía enrarecida por una incesante violencia. No es exagerado decir que México nadaba en sangre y no es mentira el afirmar que eso no ha cambiado.

El inicio de un nuevo sexenio y la suscripción de un gran acuerdo nacional, fueron hechos que permitieron que surgieran unas elevadas expectativas, fueron creciendo más conforme se iban aprobando las modificaciones al entramado legal que había favorecido el statu quo. Irónicamente el grueso de las reformas impulsadas por el Presidente de la República, fueron aquellas que su partido se dedicó a bloquear en los doce años que estuvo en la oposición.

¿Qué ha pasado a casi cuatro años? el gobierno ha fracasado.

El México de hoy dista mucho de lo que se pensaba que sería. Aunque el discurso del gobierno pretende mostrar una visión color de rosa sobre la situación, la realidad es un país que tiene serios problemas y negarlos no es solución.

Tenemos un gran problema en materia de seguridad. Contrastando con los anuncios de logros que no se ven, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana nos dice que el 72 por ciento de los mexicanos nos sentimos inseguros en nuestras localidades, es decir, el gobierno no es capaz de brindarnos seguridad para desarrollar nuestras actividades.

Aunque se planteó una nueva estrategia de seguridad, la cual nunca se ha especificado, en realidad no ha dado resultados. Es muy curioso que a pesar de que se integraron las instituciones de seguridad pública al organigrama de la Secretaría de Gobernación y se hayan detenido a casi el 90 por ciento de los 122 objetivos prioritarios, se promedien 22 mil homicidios dolosos al año, y que, según la Encuesta Nacional de Victimización y percepción de la Violencia 2016, en el 2015 se cometieron 64,459 secuestros; 176 al día; 7 secuestros cada hora.

En México se cometieron en 2015 casi 33 millones de delitos y el gran Problema del país es  el crimen crece porque el delincuente sabe que en el gobierno hay otros delincuentes que, por llenarse los bolsillos, son capaces de cerrar los ojos y cruzar los brazos para no ver ni hacer nada.

En 2015 sólo se denunciaron el 10.5 por ciento de los delitos, pero en el 45.9 por ciento de las denuncias no pasó nada o no se resolvió la denuncia. Haciendo cuentas, sólo en el 6.3 por ciento de los delitos cometidos se inició e integró una averiguación previa o carpeta de investigación. La impunidad es el catalizador perverso que favorece al crimen.

Los costos de la inseguridad son altísimos en un país que no puede darse esos lujos. Según el INEGI, la inseguridad nos cuesta el 1.25 por ciento de PIB, algo así como 237 mil millones de pesos. Sin embargo –decía Luis Miguel González en su Caja Fuerte– no se consideran los gastos que hay que hacer para contratar medidas adicionales de seguridad, ni el hecho de que, por la falta de ésta, el 20 por ciento de los negocios haya reducido sus horarios y el 19 por ciento haya cancelado planes de inversión.

La encuesta nacional de victimización 2016 del INEGI, indica que por la inseguridad, 69 por ciento de las personas ha dejado de usar joyas, 68.5 por ciento ya no permite salir a sus hijos menores de edad, 59.3 por ciento ya no lleva dinero en efectivo, 54.3 por ciento dejó de salir de noche y 25.5 por ciento ya no va a los estadios deportivos. El crimen nos está robando la vida.

La sociedad es presa del miedo debido a la incapacidad de un gobierno que se niega apreciar la realidad. El problema de la inseguridad es un elefante en el centro del salón y hay quien prefiere no verlo, pues no es capaz de resolverlo. La fuga de Javier Duarte y Guillermo Pedrés son el claro ejemplo de los muchos intereses que influyen en la procuración de justicia, donde la PGR ha mostrado su prisa por detener al que le dieron tiempo  y oportunidad  de escapar.

Alguien dijo en alguna ocasión que el poder ejecutivo tiene dos funciones: el gobierno de las personas y la administración de las cosas. En ambas Enrique Peña Nieto está fracasando.

No se han generado las condiciones necesarias para que el país sea atractivo a la inversión. La inseguridad ya mencionada es un factor, como ejemplo está el caso del complejo petroquímico de Baskem&Idesa, que con tres meses de operación ya sufrió 14 robos.

Pero hay otros. El fiasco económico del país tiene su origen en aspectos internos, agravados por un complejo entorno internacional. Fenómenos como Trump y la caída en el precio del petróleo han hecho más grande lo que se ocasionó por la incapacidad de este gobierno.

El efecto Trump sólo explica la devaluación de nuestra moneda en 4.7 por ciento. El verdadero problema está en el desequilibrio en la balanza de pagos, que es el causante de que el dólar tenga esa tendencia alcista.

La cuenta corriente, que es la que resulta de sumar las ventas de productos y servicios al exterior, menos las compras al exterior de productos y servicios, arroja un déficit semestral de casi 15 mil millones de dólares, los cuales no se pueden solventar con las divisas que ingresan por otros conceptos.

Datos publicados por Joel Martínez, en su columna En el dinero nos muestran la difícil realidad.

La balanza petrolera es deficitaria, a Agosto de 2016, en 13 mil 500 millones de dólares, ocasionado no solo por la disminución drástica del precio, sino por un aumento brutal de las importaciones y la caída en la plataforma de producción.

Nuestro país produce, ahora, casi 2.2 millones de barriles de petróleo al día, mucho menos de los 3.5 millones que se producían en el sexenio de Vicente Fox y con la expectativa de que, en 2017, no se produzcan más de un millón 900 mil barriles diarios.

Somos un país importador neto de petrolíferos. En poco más de dos años, de enero 2014 al día de hoy, la gasolina importada pasó de representar el 34 por ciento al 63.1 por ciento del consumo nacional.

El esperado aumento en la cotización internacional del llamado oro negro, será más perjudicial que benéfico mientras PEMEX siga siendo un elefante improductivo, caro y que funcione como la caja chica del gobierno.

La reforma energética llegó con años de retraso y no arroja los resultados esperados.

El país ha perdido atractivo en el exterior, pues los fundamentales de la economía la muestran débil. Las compras de bonos mexicanos por parte de extranjeros en lo que va del año, apenas superan los 60 mil millones de dólares, cuando en igual lapso de 2012, último año del sexenio de Felipe Calderón, llegaban casi a 300 mil millones de dólares.

Nuestro país ha pretendido paliar los efectos de estas distorsiones con un constante aumento de tasas, sin que se hayan hecho los cambios estructurales requeridos para corregir las deficiencias.

Hace un año Brasil estaba en medio de una profunda crisis y poco a poco ha despertado nuevamente el interés por invertir en ese país y se ha fortalecido su moneda y su economía. Alguien lo dijo muy claro: “Un país que estaba muy mal y comienza a estar menos mal, es más atractivo que un país estable que sigue en su estabilidad”. La mediocridad no nos ha dado réditos.

México necesita optar por soluciones novedosas. Es urgente el reformar el sistema hacendario, no sólo en la recaudación, sino en el aspecto del gasto.

Hay que cambiar el sistema fiscal y reducir las tasas de impuestos para incrementar el consumo, dejar más dinero en manos del ciudadano para mejorar su nivel de vida se reflejara en un impulso a la economía.

Para cubrir la posible disminución de ingresos, hay que ampliar la base de contribuyentes logrando que todos paguen y se integren a la formalidad. Por motivos políticos en la reforma hacendaria de 2013 se excluyeron grupos sociales que viven no sólo en la informalidad, sino en la ilegalidad. Ambulantes, vendedores en puestos semifijos, taxistas y conductores del servicio público son muestras de un amplio sector de la población que no contribuye al gasto nacional y que, además de ser beneficiarios de programas sociales, en gran parte realizan actos ilícitos, como la invasión de la vía pública y el robo de energía eléctrica, a cambio de cuotas oscuras pagadas a quien debe de hacer que se aplique la ley. La delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, es la mejor muestra de lo anterior.

Independientemente de ello, el gobierno debe ser más eficiente en su gasto. La situación actual obliga a hacer más con menos. Tenemos una burocracia muy cara y que no responde a las necesidades de los mexicanos. Los recortes deben ser en el gasto corriente al tiempo que se impulse el gasto de inversión, que repercute en el crecimiento económico, dejando de utilizar el dinero de todos para beneficio de unos cuantos y de sus partidos.

El gasto social no tiene un fin definido y permite su uso electoral. El descaro con el que se reparten apoyos sociales en el Estado de México, por parte de funcionarios estatales y federales es una muestra de que esta administración no tiene frenos para intervenir en los procesos electorales.

Sólo en el primer semestre del año, PROSPERA ejerció 25,217 millones de pesos para 6.7 millones de familias beneficiarias, sin que se vea una verdadera reducción de la pobreza.

La difícil realidad del país no se resuelve con discursos. Al escucharlos nos damos cuenta de que algo no cuadra en ellos: se llama realidad. Esta administración en tres años dio ese paso, que la llevó de lo sublime al más vil de los ridículos. La incompetencia del Presidente es notoria y si no se rectifica el rumbo, sólo Dios sabe qué país entregará en el 2018… y a quién.