Ese legendario personaje conocido como el Filósofo de Güémez, dijo en alguna ocasión que “en política, si las cosas no cambian, es porque siguen igual”.

Si reflexionamos un poco acerca de lo anterior, nos damos cuenta que la sabiduría popular, nos presenta la verdad, a través de la simpleza. Lo digo, porque si limpiamos el discurso de la clase política, de toda la palabrería inservible y nos remitimos a los hechos, veremos como muchos aspectos siguen igual que el sexenio pasado, pero en muchos otros, estamos regresando a las condiciones de hace treinta años.

Y es que es muy sencillo que veamos que en los hechos, nuestro país va, de la mano del presidente Peña Nieto, en la ruta del estancamiento, o peor aún, en una franca regresión.

En materia de seguridad, las cosas no han cambiado, salvo una racha de detenciones que parece haberse frenado con la detención de un chaparrito a quien identificaron como Joaquín “el chapo” Guzmán, pero que anatómicamente deja muchas dudas.

Concentrado el combate de la delincuencia organizada en manos de las fuerzas armadas, el gobierno hace evidente que no ha podido lograr una profesionalización de los cuerpos policiacos ni depurar a estas corporaciones para lograr que recuperen la confianza ciudadana.

Este gobierno quiso retomar el control de la situación en Estados como Michoacán, cuando él mismo es el responsable de que las cosas se salieran de control, cuando permitió el surgimiento de grupos de autodefensa, grupos a los que, ante la incapacidad para contenerlos, prefirió legalizarlos.

Lo anterior ha sido motivo para que quedaran expuestas las complicidades de gran parte de la clase política de ese estado con el crimen al que decían que combatían. Alcaldes de todos los partidos fueron la muestra de hasta donde se infiltro la delincuencia en las estructuras de gobierno, pero más allá de esto, al armar y uniformar a un grupo de delincuentes para combatir a otros, se ha desencadenado una etapa de recrudecimiento de la violencia, de abuso de poder, pues la fuerza rural ha iniciado una cadena de venganzas que incluye, operativos selectivos, fabricación de delitos y lo más grave, extorciones, en contra de quienes ya padecieron estas, a manos de otros delincuentes.

Es común ver en Morelia a caravanas de sujetos armados vestidos de civil, que aseguran ser Fuerzas Rurales, sin que nadie les diga nada, y sin comprobar esa identidad, además de portar rifles de asalto, no propios de una fuerza policial, sino de las fuerzas militares.

Y es que la fuerza rural, parece una institución integrada por individuos carentes de la más mínima preparación policial y expertos en las violaciones a los derechos humanos. Tal vez no podría ser de otra manera, pues las instituciones del país, en especial las de seguridad han mostrado deficiencias en la materia, que representan una grave regresión en el tema de la protección a los derechos humanos. La muestra más preocupante es el caso de Tlatlaya, en el Estado de México, donde ya existen pruebas de que el 30 de Junio de este año, el ejército ejecutó a 22 presuntos delincuentes, en una especie de fusilamiento masivo y en el que, aunque anuncio la liberación de 3 víctimas de secuestro, cesando estas se atrevieron a hablar de lo ocurrido, dos de ellas pasaron de victimas a presuntas delincuentes.

Una política de seguridad digna de los tiempos de Don Porfirio, que basa su éxito mediático en la difusión parcial y el ocultamiento selectivo de la información, pero que más allá de esto, queda claro que estamos igual que antes y que el “México en Paz” prometido por el presidente, simplemente no aparece.

La muestra vergonzosa del fracaso de la estrategia gubernamental, fue que aún y habiendo creado a la Gendarmería Nacional, (un ente totalmente distinto al promedio y sólo como una división más de la Policía Federal) que se dijo tendría como función principal la protección de actividades económicas, se convirtió en un espectador que contemplaba plácidamente los saqueos en Baja California Sur.

Y es que en general, la situación del país es la misma, a pesar de las muchas mascaras que se le quieran poner a la realidad.

Nuestra incipiente democracia, quedo muy maltrecha desde el comienzo de esta segunda alternancia, a pesar de la enésima reforma electoral que nos han recetado.

El gobierno aceptó una reforma que permitiera la consulta popular, pero la adaptaron de tal manera que permitieron que esta figura fuera pervertida hasta convertirla en un instrumento más de manipulación de los partidos políticos, quienes han sido los que han acaparado la realización del primer ejercicio de estas consultas, aún y cuando no tienen el derecho constitucional para impulsarlas.

El año próximo, plantean preguntarnos los cuestionamientos más obvios y estúpidos, además de que el planteamiento es inconstitucional, absurdo y si la Suprema Corte no los frena, aun así carecerán de cualquier efecto práctico.

El PRI nos pregunta si queremos reducir nuestro obeso congreso y eliminar 100 diputados y 32 senadores.

La respuesta, obviamente será el sí, aunque dicha reforma no garantiza un poder legislativo más eficiente, ni que la voluntad popular se vea realmente reflejada en el parlamento, pues a fuerza de cañonazos, moches y subvenciones, el ejecutivo priista ha convertido a las cámaras, en meras dependencias bajo su mandato.

Tal vez, lo que debe de buscarse es que se nos deje de engañar al votar por una persona que a la vuelta de los meses y ya instalado en su escaño, se olvida de quien lo votó, para servir sólo a su partido y a su interés. Eliminemos a los 300 parásitos que como diputados dicen representarnos y dejemos sólo a la representación proporcional, en un sistema europeo en el que votemos listas cerradas y los espacios se asignan por el número de votos que obtienen los partidos.

Eso es innovador, va a adelgazar al legislativo, nos va a salir más barato y será más honesto, es sólo legalizar la realidad, pues está visto que en el país se legisla en una mesa donde están el presidente y los presidentes de los partidos; y es una mesa donde el presidente es mayoría.

La izquierda por su lado, propone que se consulte sobre echar para atrás la reforma energética. El planteamiento del PRD y MORENA, puede tener mucho interés de los ciudadanos, que en su mayoría fueron contrarios a ella, pero también es un planteamiento sin futuro.

Estas dos pretendidas consultas son inconstitucionales, pues una se refiere a cuestiones de ingresos públicos, como lo es el ingreso por explotación de hidrocarburos, y la otra, se refiere a la composición de uno de los poderes del Estado y el método de elección de sus integrantes. Tanto las cuestiones tributarias como las electorales, las prohíbe la propia constitución respecto a la consulta popular.

Además de esto, con independencia de si las reformas a la constitución son consultables o no, el texto del artículo 35 de la carta magna, dispone con claridad que si hay la participación de más del 40% del padrón, serán vinculatorios los resultados de la consulta, para el poder legislativo.

La reforma energética modificó los artículos 27 y 28 de la constitución, y la integración del congreso y la forma de elección de sus integrantes se prevé en los artículos 52 y 56 de la misma Carta Magna, por lo que para atender los resultados de las consultas populares propuestas por PRI, PRD y MORENA, se requiere modificar la constitución y esto se hace por el llamado Constituyente Permanente, que se conforma por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales. Ahí está la trampa, pues un hipotético resultado favorable a los proponentes de la consulta, no es obligatorio, pues solo vinculan al legislativo (cámaras de diputados y senadores) y este no puede modificar la constitución.

Así, todas las promesas se volvieron atole con el dedo. México no se mueve y donde más lo resentimos, es en el bolsillo. La mejora económica es una falacia, que si usted me permite, le comentaré la siguiente semana, analizando el paquete económico de 2015, y veremos que el discurso presidencial es una mentira, pues donde las cosas están bien, no pueden estar mal.

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