Por Guillermo Robles Ramírez

            Después de una prudente declaración por parte del mandatario de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, con el tema de los vehículos denominado “carros chocolates”, de no tomar todavía ninguna acción sobre la irregularidad de esas unidades hasta no esperar si AMLO, va emitir algún tipo de decreto y se pueda importar algunos modelos, esto después del fallo negativo sobre la legalización de los vehículos de procedencia extranjera.

            Se les conoce coloquialmente “autos chocolates”, de una deformación de la frase “autos chuecos”, en especial de procedencia del país del norte, es decir, de los Estados Unidos, y que tienen ya muchos años o son modelos que por sus condiciones mecánicas están destinado de acuerdo a las normativas estadounidenses como desechos o bien calificados como chatarra.

            Esos mismos autos que solo sirven en los EE.UU., para el deshuesadero y autopartes usadas encontraron hace muchos años un nicho de consumo muy importante para los mexicanos y a su vez para el crimen organizado para poder cometer sus fechorías.

            Pero no solamente se encontró un comercio ilegal ya que no pagan impuestos, sino también surgieron organizaciones que su sedienta ambición y grandes ganancias emprendieron la creación de falsas esperanzas como lo es la Organización Nacional de Protección Al Patrimonio Familiar, conocido por sus siglas ONAPPAFA, quien supo disfrazar un consumismo en toda una lucha de intereses para quien quisiera circular con “dizque” legalidad en el país con placas y engomados no autorizados por ninguna institución gubernamental haciendo creer a los dueños de los “autos chocolates” toda impunidad.

            Sus mentiras se han sostenido durante décadas con supuestos amparos contra decomisos, y bajo esa falsa promesa cada vez que entra un nuevo Presidente de México de que se van a regularizar, tocándole ahora el turno al presidente Andrés Manuel López Obrador que con sus tomas de decisiones populares para manejar al país, lo ha estado sumergiendo cada vez más en una crisis, desempleo y ahora con más inseguridad que han sido los reflectores internaciones motivo ya de tres sucesos en el tema de seguridad.

            Siempre he estado convencido de que este tipo de “auto chocolate”, o “autos chuecos”, y más organismo como ONAPPAFA, la Confederación Nacional Campesina y Unidad Campesina Democrática, entre otros más están lejos de velar por los intereses de la comunidad y solo contribuyen a la contaminación del medio ambiente y deterioro a la economía formal.

            En el caso de que se autorice ya sea por cualquier medio, es decir, por decreto presidencial como último recurso de AMLO, más que dejar de pagar impuestos, placas o verificaciones es que esto representaría una caída en la venta de la industria automotriz en el país poco más del 30 por ciento y sin tener realmente un padrón del registro de estos autos ya que está comprobado que un coche de cada tres robos pertenece a un “auto chocolate” y lo peor de todo es que son vehículos que son utilizados tanto por el crimen organizado, así como el delito común.

            Esto también a representado para los Estados Unidos un aumento de robo de vehículos y camionetas siendo exportados ilegalmente a las fronteras de nuestro país. La introducción de esas unidades no cuenta con un historial libre de algún delito o crimen sucedido en los EE.UU., y precisamente son estas cuantiosas ganancias ilegales que reciben organizaciones que otorgan placas o engomados que carecen de una legalidad comercial y ni valor de garantía para cualquier tipo de colisión o accidente automotriz en donde simplemente son confiscados y siendo estos “autos chocolates” con placas también de “chocolates” que no tienen ninguna validez para autoridades de tránsito, hacendarias y menos las estatales como Coahuila de Zaragoza. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) www.intersip.org