Panamá (PL) Con la decisión de romper su silencio, el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia (2012-2014), dio un vuelco a las investigaciones que se siguen en Panamá contra las presuntas ilegalidades del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Lo que medios y políticos consideran como huida hacia Estados Unidos del expresidente y su secretario personal, Alfredo de Obarrio, y la captura de empresarios en el aeropuerto internacional de Tocumen, ofrecen credibilidad a la acción judicial.

Los daños patrimoniales por los actos de corrupción que investiga la Justicia, podrían ascender a tres mil millones de dólares, según criterios de economistas señalados por Víctor Orobio, abogado defensor del exdirector del PAN.

Este es el caso más grande de corrupción en la historia del país, dijo el letrado y enfatizó, Guardia y yo hemos dado a la nación algo que muchos años estaba esperando: la esperanza de que la Justicia es para todos y se acabó el mito de que solo los pobres van a la cárcel.

Además de confesar sus delitos, mi defendido colabora actualmente en el esclarecimiento de varios expedientes abiertos por malos manejos de las finanzas públicas asignadas al PAN, que involucran al expresidente Martinelli.

Además, mencionó nombres de empresarios y políticos beneficiados con sobrecostos, e, incluso, con el uso del dinero del Estado para financiar campañas de diputados de varios partidos y, en particular, del entonces oficialista Cambio Democrático, liderado por Martinelli.
Mi cliente me manifestó que quería acercarse a la sociedad y explicar que formaba parte de un sistema, por eso entonces la estrategia de la defensa es colaborar, expuso Orobio.

Al ser preguntado si considera que el exmandatario regresaría a Panamá, el letrado dijo que no cree que retornará, porque las personas tienen pánico a perder su libertad, y hoy la situación no le es propicia.

MARTINELLI NO REGRESARÁ

Regresaré cuando estén dadas las condiciones para el debido proceso, ha reiterado Martinelli a través de su usuario en Twitter y en entrevista a una televisora local en Miami; argumento que también expuso la abogada de Obarrio al periódico La Estrella de Panamá.

Ante las evidencias presentadas por Guardia y otro exdirector del PAN, Giacomo Tamburrelli (2009-2012), igualmente procesado, la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigar al expresidente.

Después de un debate jurídico-social sobre la posible inmunidad parlamentaria de Martinelli como actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), la decisión fue que los legisladores nacionales y regionales pueden ser procesados por la CSJ según la Ley.

Martinelli está bajo protección electoral por tres meses después de concluido el proceso, cuyo cierre oficial fue el pasado 30 de enero.
A petición de la CSJ, el Tribunal Electoral acordó levantar el fuero, decisión que deberá comunicar personalmente al interesado que se encuentra en el extranjero, y en ese punto está detenida la causa.
Guardia ha sido tajante al declararse culpable y explicar a los fiscales que recibía órdenes del Presidente (Martinelli), muchas veces a través del Secretario de la Presidencia, de cómo actuar con cada caso de sobreprecios, facturaciones falsas o desvíos de dinero para uso de campañas políticas.

Las confesiones de culpabilidad de unos de los principales imputados pusieron sobre el tapete una lista de sospechosos y el modus operandi de una red de corrupción administrativa de alto nivel, recogidos en la cadena de expedientes en los que la Fiscalía intenta demostrar, entre otros, los delitos de peculado.

Desde el propio expresidente y algunos de sus allegados, hasta una treintena de empresarios, pasando por similar cantidad de diputados de varios partidos políticos, son o serán llamados a indagatorias sobre su participación directa o conocimiento de dádivas y comisiones.

Otro capítulo de la mayor acción judicial que recuerden los panameños, es la investigación que se le sigue al magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada, actualmente en reclusión domiciliaria.

El jurista responde por el origen de 4,4 millones de dólares en 14 cuentas, tres automóviles de lujo y dos apartamentos en un barrio exclusivo de la capital itsmeña, según el diario La Prensa.

ESPIONAJE TELEFûNICO

Paralelo al escándalo de corrupción, también se desarrollan averiguaciones por el espionaje telefónico ilegal que desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) se hacía contra personalidades de casi todos los sectores de la política y la sociedad civil, durante el Gobierno anterior.

Por ello responden actualmente el exdirector de la Policía, Gustavo Pérez, y Alejandro Garuz, ambos secretarios del CSN, quienes guardan prisión preventiva y son acusados por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, informó la Fiscalía.

Los suministros para espionaje y seguridad estuvieron a cargo de las empresas israelí M.L.M. Protection Ltd. y la estadounidense Command Panamá, S.A.

M.L.M. vendió en 2010 un sistema de escucha telefónica por 13,4 millones de dólares a través del entonces Fondo de Inversión Social, actualmente PAN, en esa época en manos de Tamburrelli.

El equipamiento fue desmantelado del lugar donde supuestamente estuvo y desapareció, aunque declaraciones de políticos locales aseguran que Ronny Rodríguez, un excomisionado de la Policía buscado por la justicia, escapó con el aparato al extranjero.

A pesar de que el barco está haciendo aguas, algunos simpatizantes de Martinelli, liderados por el vocero del CD Luis Eduardo Camacho, hicieron protestas frente a la Procuraduría General para pedir «el debido proceso» a su jefe.

Pero la cúpula del Partido hizo mutis de las demandas, al igual que los diputados electos con el apoyo del CD, lo que muestra divisiones internas.

Antes, la sociedad civil se movilizó, tal vez por primera vez en muchos años, como señalaron algunos medios, y una multitudinaria marcha recorrió algunas de las principales calles del viejo Panamá para clamar por Justicia y rescatar lo que un orador llamó «la soberanía arrebatada».

En opiniones escuchadas por Prensa Latina durante la marcha, se percibe que en los panameños retoña la tradición de reclamar por su país, para muchos hoy secuestrado por lo que un profesor universitario denomina «mafiocracia»