La Habana (PL) El XXII ciclo de diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno colombiano concluyó aquí con avances sustanciales para la solución al problema de las drogas ilícitas, tercer tema en discusión de una agenda de seis.

En un comunicado conjunto, las partes refirieron que a lo largo de esta ronda de conversaciones se ha «avanzado sustancialmente en la construcción de acuerdos» sobre diferentes aspectos contenidos en este punto referido a la cuestión de las drogas ilegales.

Sin duda se ha avanzado y los logros permiten asumir que el camino de la reconciliación se libera de obstáculos en la medida en que se plasmen en los acuerdos las reivindicaciones más sentidas de las pobrerías, afirmó Iván Márquez, de la delegación de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Es un hecho que los logros nos dan optimismo, siempre poniendo los pies sobre bases de realismo, agregó Márquez, quien se halla al frente de la comitiva insurgente que desde noviembre de 2012 desarrolla conversaciones de paz en La Habana con el Ejecutivo de Santos, para poner fin a un conflicto armado que ya dura más de medio siglo.

Al respecto, el líder guerrillero destacó que «el debate y las coincidencias en torno al tercer punto en discusión han ido desembocando sobre varias cuartillas de acuerdos».

En ellas -dijo- destacan conclusiones sobre sustitución de cultivos ilícitos que deberán colocar en primer plano el protagonismo de los campesinos, comunidades indígenas y afro, como víctimas de un fenómeno, donde la lucha fundamental es contra la comercialización, escenario, en el que el capital financiero juega un papel cimero.

Por su parte, el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, señaló que los acuerdos alcanzados sobre el problema de las drogas ilícitas darán un renovado impulso a las políticas públicas.

Indicó que se busca, en el marco del fin del conflicto, alcanzar la desaparición de los cultivos ilegales, que lo único que han traído es pobreza y violencia, acotó.

Apuntó que, en consonancia con la Agenda de discusión de La Mesa de Conversaciones, se incluye la puesta en marcha de planes integrales de desarrollo con la participación de las comunidades para la sustitución de cultivos ilícitos, (iniciativa propuesta por las FARC-EP durante estos diálogos).

De conformidad con la Agenda pactada, De la Calle aseveró que también se trabaja en el impulso de programas de prevención del consumo de drogas dentro del marco de políticas de salud pública.

Asimismo, expresó que en la Mesa de Diálogos se trata de englobar y buscar soluciones concretas y efectivas a todos los temas que gravitan sobre el fenómeno del narcotráfico y las drogas ilícitas, para enfrentarlos de manera definitiva una vez concluido el conflicto.

Por otra parte, el Gobierno manifestó que aceptaría formar una Comisión de la Verdad para investigar el conflicto armado en el país, como han propuesto las FARC-EP, pero sólo tras alcanzar un acuerdo de paz con las mismas.

En ese sentido, De la Calle dijo que esa comisión debe funcionar como producto del acuerdo del fin del conflicto.

XXII CICLO DE DIÁLOGOS DE PAZ

Si bien el tema de discusión en la Mesa concierne al problema de las drogas ilícitas, el XXII ciclo de diálogos se caracterizó por el apoyo de las FARC-EP al pliego de demandas emanadas de la Cumbre Nacional Agraria, celebrada en Bogotá, del 15 al 17 de marzo, y el llamado al Gobierno a atender los reclamos de las comunidades rurales.

Durante la ronda de conversaciones, la insurgencia destacó la reciente realización de la Cumbre, donde además de las exigencias en torno al tema rural y la explotación minero-energética, el campesinado colombiano vertió sus opiniones sobre los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola, tópico tratado por la Mesa de Diálogos.

En esa coyuntura, la guerrilla abogó por una política antinarcóticos con enfoque humanizado insertada en el contexto de una Reforma Rural Integral, tema relacionado con momentos anteriores del proceso de paz luego de que en 2013 las partes consensuaran dos puntos de la agenda, entre ellos el relativo a la cuestión agraria.

Además criticaron por fracasada y represiva la política antidrogas del Gobierno y reconocieron al sector rural como principal víctima de esta problemática al denunciar que «en la visión de los campesinos, la erradicación forzada y las fumigaciones aéreas (con agentes químicos) que envenenan los campos no es la solución al problema».

En su lugar, manifestaron que la política antidrogas debía comprometerse con un programa de sustitución (de cultivos ilícitos) participativo, concertado, gradual, ambientalmente sostenible inscrito en los marcos de una reforma rural integral profunda, estructural, que permita el bienestar y buen vivir de las comunidades rurales.

Tal visión responde a la política antinarcóticos de la guerrilla, contraria a la postura del Ejecutivo de erradicar forzosamente los cultivos ilícitos a través de la llamada guerra contra las drogas, que las FARC-EP rechazan por su nula efectividad e impacto negativo en la población y medio ambiente.

La estrategia antidrogas de la insurgencia defiende la sustitución de los usos ilícitos de la hoja de coca, amapola y marihuana, mediante programas de desarrollo alternativo que garanticen ingreso, bienestar y trabajo digno a las comunidades, y la intervención directa del Estado para regular la producción y el mercado de tales cultivos.

Todo ello con base en el reconocimiento y estímulo a los usos alimenticios, medicinales, terapéuticos, artesanales, industriales y culturales de esos cultivos.

De momento, según informaron en un comunicado conjunto tanto Gobierno como guerrilla regresarán a la Mesa de Diálogos el 4 de abril para iniciar un nuevo ciclo de conversaciones en La Habana, Cuba.