México, 28 dic (PL) El llamado de los padres de normalistas mexicanos desaparecidos a boicotear en el estado de Guerrero las elecciones intermedias de 2015 hasta tanto presenten con vida a sus hijos, revela hoy una herida que continúa abierta.
Las jornadas globales por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre pasados, constituyen un sostenido reclamo de justicia.
Así, las indagatorias continúan luego de tres meses de los hechos ocurridos en el municipio guerrerense de Iguala, donde policías dispararon contra estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos por orden del exalcalde local José Luis Abarca, a fin de que no interrumpieran una actividad oficial.
El resultado fue el asesinato de seis personas -tres alumnos de la normal de Ayotzinapa-, un menor de edad, una mujer y un chofer, alrededor de 25 heridos y la entrega de 43 estudiantes de ese plantel a criminales del grupo delincuencial Guerreros Unidos, según detenidos confesos.
Hasta ahora uno de los normalistas, Alexander Mora Venancio, resultó identificado como muerto de acuerdo con muestras de ADN analizadas por forenses argentinos, y siguen sin localizar los otros 42 jóvenes, víctimas de la desaparición forzada, mientras sus padres exigen los devuelvan con vida.
Alrededor de 80 personas fueron detenidas, entre ellos 44 policías de Iguala y Cocula involucrados en los hechos, así como miembros de Guerreros Unidos. Están prófugos otras 16 personas, en tanto los autores intelectuales -el exalcalde Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda-, están tras las rejas pero aún no enfrentan cargos por el crimen de Iguala.
Una investigación de la revista Proceso apunta a la participación de la Policía Federal y del Ejército en los acontecimientos, sin que se haya refutado formalmente la averiguación, según observadores.
Por eso los padres de los normalistas demandan que se abra esa línea indagatoria, pues piensan que los militares también participaron en la desaparición de los jóvenes.
Igualmente anuncian nuevas movilizaciones como la del próximo 31 de diciembre frente a la residencia oficial presidencial de Los Pinos, «hasta que nos devuelvan a nuestros muchachos».
La escuela normal rural de Ayotzinapa, institución educativa ubicada en el municipio de Tixtla, agrupa a estudiantes hijos de familias pobres de La Montaña, la Costa Chica y el centro del estado de Guerrero, donde se hallan localidades mexicanas con el más bajo índice de desarrollo humano.
En las aulas de ese plantel se formó Luis Cabañas, líder estudiantil y jefe del grupo armado Partido de los Pobres que operó en la sierra de Guerrero durante la década de 1970.
También Genaro Vázquez, dirigente sindical y de uno de los varios grupos armados de la Sierra Madre del Sur durante las décadas de 1960 y 1970, por lo que es considerada un «semillero de guerrilleros».
Los estudiantes de Ayotzinapa se trasladaban cada año a Chilpancingo, la capital de Guerrero, para pedir la renovación de las instalaciones y la revisión del monto asignado a la dieta de los estudiantes internados, con manifestaciones y bloqueos viales.
Pero el 26 de septiembre pasado, alumnos de esa escuela llegaron a Iguala para actividades de boteo, con vistas a recaudar fondos y cumplir con trabajos académicos conocidos como observaciones y prácticas, tal y como lo hacían cada año, según testimoniaron estudiantes.
El asesinato de seis personas ese día y los estudiantes aún sin localizar une a los familiares de los normalistas con alumnos de las diversas instituciones del país y miembros de las más disímiles organizaciones, más allá de las movilizaciones y marchas, en demanda de castigo a los responsables.
Constituye un clamor del pueblo mexicano contra la impunidad, por el cese de las desapariciones forzadas y, al decir de uno de los familiares, por un cambio verdadero.