La Habana (PL) La soberanía de Escocia queda como una asignatura pendiente al finalizar 2014, después del resultado negativo de un referendo para los independentistas, pero sus consecuencias están por verse para todo el Reino Unido.
El tema del referendo surgió en Escocia al calor de diferencias internas del gobernante Partido Conservador (CP), en el que más de un centenar de diputados rebeldes demandaba mano dura para las autoridades de la Unión Europea (UE) y reducir la inmigración.
Las elecciones locales de marzo de 2013 pusieron sobre aviso al ejecutivo del conservador David Cameron, dos meses después de su cuidadoso anuncio de un plebiscito para mediados de 2017 sobre la permanencia o salida británica de la UE.
El avance del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) en los comicios de 2013, que lo dejó como tercera fuerza política, llevó al CP a radicalizar sus posiciones en temas de inmigración y nexos con el bloque comunitario.
La campaña del UKIP, con un marcado discurso antiinmigrante y euroescéptico, llevó a ese partido a convertirse en la organización política más votada en las elecciones de finales de mayo de este año para elegir a los diputados del Parlamento Europeo.
Tales resultados llevaron a más premura del CP para hablar de un referendo general, un punto que influyó en gran medida en el visto bueno dado por el equipo de Cameron para llegar a un acuerdo con el ministro principal escocés, Alexander Salmond.
La avenencia respondía a una política que defendió Salmond desde su llegada al gobierno en 2009, cuando el Partido Nacional Escocés (SNP) alcanzó, finalmente, la mayoría absoluta en el legislativo autónomo.
El diferendo en torno a la soberanía escocesa sacó a flote temas como el estatus de potencia nuclear del Reino Unido, un futuro espacio común para el empleo de la libra esterlina y la defensa del sistema nacional de salud (NHS) y de los gastos sociales.
Salmond consideró imposible mantener la base de submarinos estratégicos en Escocia, la única del Reino Unido, por lo cual, en caso de haber llegado a la independencia, ello sería sometido a cambios.
Además, el ministro principal destacó, en medio de planes de Londres de introducir una privatización parcial de la salud, que Edimburgo consideraba inadmisible una modificación del NHS.
Los planes del gabinete de Cameron de aumentar los recortes sociales, sobre todo en educación y salud, fueron ampliamente criticados por los independentistas, quienes prometieron defender tales subsidios en caso de vencer el Sí. Los conservadores, por el contrario, consideraron poco probable mantener el nivel de las ayudas sociales en condiciones de una economía donde estaba poco clara la moneda a emplear y con dudas si permanecería dentro de la UE o si debería aplicar ante ese bloque como nuevo Estado.
De hecho, la campaña en torno al referendo sobre soberanía dejó profundas divisiones en la sociedad escocesa, casi fraccionada a partes iguales entre partidarios y contrarios a permanecer en el Reino Unido, como ocurre desde 1703, cuando un tratado entre familias reales selló el pacto de fusión.
Uno de los hechos significativos de esa fatigosa jornada de proselitismo lo fue el tratado de tres partidos nacionales (conservadores, liberal-demócratas y laboristas) para conceder prerrogativas adicionales al gobierno autónomo, si vencía el NO en la consulta popular del 18 de septiembre de este año.
Aún cuando Salmond reconoció la derrota en las urnas y renunció en un congreso del SNP en noviembre pasado, éste fue visto como uno de los políticos que más cosechas recogió a favor de la independencia de Edimburgo.
El gobierno de coalición de conservadores y liberal-demócratas prometió conceder poderes de decisión a Escocia en materia de justicia, inmigración y educación, entre otros.
Por otro lado, los resultados del plebiscito también perjudicaron a la oposición laborista que vio cómo entre sus filas aparecieron contradicciones sobre la posibilidad de Escocia de apelar a su derecho a constituirse en un estado soberano.
En momentos en que el Reino Unido pretende independizarse de la UE, aparece la discusión sobre la salida de un territorio británico de su seno, por lo que el gobierno de Cameron pasó a la defensiva, estiman analistas.
Sin embargo, el resultado del plebiscito favoreció a Londres, aunque el proceso se convirtió en un dolor de cabeza para las autoridades británicas que debieron realizar promesas de conceder más prerrogativas en materia de impuestos y judiciales.
El 2015 será un año para poner a prueba la voluntad del Gobierno para dar verdadero cumplimiento a sus promesas de abrir más el diapasón de la soberanía para el mencionado territorio británico.