Madrid (PL) La proclamación de Felipe VI como rey de España se incluye en un panorama político complicado ante las elecciones generales de 2015, que podrían alterar la correlación de fuerzas del país y hacer peligrar la permanencia de la monarquía.
Las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 29 de mayo hicieron inevitable un reacomodo de fuerzas, dada la caída de los dos principales partidos, el crecimiento de la izquierda y el surgimiento pujante de una nueva agrupación.
No obstante pocos -y nadie públicamente- consideraron que la revisión de estrategias y proyectos políticos alcanzara a la institución monárquica, a punto de cumplir Juan Carlos 39 años de reinado.
La sorpresiva abdicación del rey el 2 de junio recibió varias explicaciones, pero una conclusión a priori indica la preocupación de la Casa Real y las fuerzas que la sustentan por su futuro.
La explicación oficial es que Juan Carlos abdicó para abrir las opciones a las nuevas generaciones, representadas por su hijo Felipe, de 46 años de edad y mejor valorado en las encuestas. La oposición de izquierda y republicana, en cambio, asegura que se tomó la decisión para intentar salvar a la institución monárquica, deteriorada por casos de corrupción y ante la pérdida de peso de los partidos que la sustentan, responsabilizados por la crisis económica. Entre los escándalos más recientes, la infanta Cristina debió declarar ante un juez que investiga una red de corrupción presuntamente liderada por su esposo Iñaki Urdangarín.
Una demostración de la valoración del daño es que Cristina ni su esposo asistieron (o no fueron invitados) a la proclamación de Felipe VI el 19 de junio; pero su hermana Elena sí estuvo presente.
La imagen del propio Juan Carlos estaba ya muy afectada por casos anteriores como la cacería de elefantes en África cuando el país atravesaba el peor momento de la crisis y un par de demandas de paternidad, rechazadas en los tribunales.
Este deterioro se reflejó en tiempos recientes en los medios públicos con alusiones de todo tipo, entre ellos el caso de la prohibición de una portada diseñada para la revista humorística El Jueves que reflejaba la sucesión monárquica en medio de un ambiente nauseabundo.
Una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), una institución oficial dependiente del Ministerio de la Presidencia, dio a la monarquía una calificación de 3,7 puntos sobre 10.
Si ese suspenso es de naturaleza obvia, se agrava porque el CIS es acusado con frecuencia de edulcorar los resultados.
A ello se sumó la estrepitosa caída en las elecciones europeas de mayo de los partidos Popular (PP) y Socialista Obrero Español (PSOE), sustentos de la monarquía que en conjunto controlan más del 80 por ciento de las Cortes (Congreso de Diputados y Senado).
Si en las elecciones generales previstas para septiembre de 2015 se mantiene esa proporción de votos, PP y PSOE obtendrían menos del 50 por ciento de los curules y disminuiría considerablemente el apoyo a una monarquía definida como parlamentaria por la Constitución.
El panorama se complica dado el crecimiento de fuerzas republicanas como Izquierda Unida (IU) -que triplicó su peso en las urnas- y la aparición de Podemos, un partido capaz en sólo cuatro meses de creado de aglutinar más de 1,2 millones de votos.
Aunque algunos observadores estiman que parte de quienes depositaron sus boletas por Podemos provienen de IU y de sectores jóvenes del PSOE, su explosiva aparición se atribuye básicamente al apoyo de sectores tradicionalmente alejados de la política.
Si bien no se considera un heredero de los movimientos de indignados y protestas callejeras, no parece errado atribuirle a esas plataformas ciudadanas un peso importante en el auge imprevisto de Podemos.
De tal modo, la caída del PP y PSOE, unida al alza de la izquierda y lo que parece ser incorporación a la política activa de nuevos sectores de la población de orientación republicana, ponen a España ante una posible variación de la correlación de fuerzas a partir de 2015.
Aprovechando este empujón, sobre el tablero político nacional quedaron expuestas con gran visibilidad las demandas de un referendo para que la población decida si quiere vivir en un estado monárquico o republicano y la realización de una reforma constitucional.
Los hechos de los últimos meses conforman una realidad más cercana a lo que hace poco tiempo parecía una utopía planteada por IU y otras fuerzas: una constituyente para establecer la III República Española. Mucho dependerá hasta septiembre de 2015 de la evolución de factores como el resquebrajamiento del PP y PSOE, el alza de IU y la consolidación de Podemos como cuarto partido de la escena nacional, escalón en el cual se ubicó en las elecciones europeas.
Entre las ecuaciones se debe incluir la actuación de Felipe VI mediante las limitadas funciones estatales para demostrar su capacidad de garante de la estabilidad y la unidad amenazada por movimientos independentistas en regiones como Cataluña y País Vasco.
El intento de lavar la cara a la monarquía también abarcará su actuación en torno a la integridad de los miembros de la familia real (de la que fue borrada la infanta Cristina).
El monarca tiene en su contra el criterio de un 62 por ciento de la población que, según encuesta, favorece la realización de un referendo sobre el tipo de Estado y una crisis económica que afecta la credibilidad de todo el sistema y particularmente del PP y PSOE.
En una especie de sondeo realizado por agrupaciones ciudadanas partidarias de la república, el 98,11 por ciento de más de 80 mil participantes votaron por la elección del Jefe de Estado en las urnas.
Al presentar los resultados, los organizadores admitieron que 80 mil personas son pocas, pero menos aún asistieron a la proclamación de Felipe VI, signo a tener en cuenta al valorar las perspectivas que apuntan a tiempos complicados para la Corona española.