Si la justicia existe, tiene que ser para todos;
nadie puede quedar excluido,
de lo contrario ya no sería justicia
Paul Auster

Por Julian Santiesteban

En el ayuntamiento capital de Quintana Roo, Othón P. Blanco, tardan un mes para inspeccionar cualquier denuncia de invasión a su fundo legal; y aunque en la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable (Sedetus) y la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) estatales, dicen tener conocimiento de la ilegal apropiación de predios y depredación ambiental que ocurre en la Costa Maya, por ahora no procederán “porque están en contingencia” y; por si fuera poco, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamm) tuvo un recorte presupuestal para este año del 80 por ciento. Las tierras de Quintana Roo están a disposición de los depredadores y, las autoridades, sin posibilidad alguna de trabajar.

Por cierto, al inicio de la presente administración estatal, a nivel nacional se difundió la venta irregular de predios en la Riviera Maya por parte del ex gobernador Roberto Borge Angulo –que este viernes 05 de junio cumple tres años de haber sido detenido en Panamá-, firmado todo por la entonces titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, pero nada se dijo de situaciones similares ocurridas en la Costa Maya, región del sur quintanarroense, en donde personajes como Juan Carlos Ortega Prado, obtuvieron títulos de predios invadidos, firmados desde 2014, en donde además señalan la participación de funcionarios del Registro Público de la Propiedad y el Comercio ya en la administración actual, para registrar dichos títulos y que la irregular transacción quede consumada.

El grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil NOSSA (Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental), presentó un documento en el que demuestra que las instancias responsables de proteger las áreas protegidas han tenido un recorte del 86 por ciento de su presupuesto en los últimos 7 años; si a eso se añade, para el caso de Quintana Roo, la colusión que en el pasado han tenido dependencias estatales en la invasión de predios y devastación de flora y fauna y su posterior titulación a particulares (del Registro Público, señalan no sólo a Carlos Pereyra Vázquez, sino a Antonio Ávila, responsable de digitalizar los documentos); entonces resulta, que la depredación continuará y que los ciudadanos tienen que hacerse justicia por propia mano; claro, a menos que haya interés “especial”, entonces y sólo entonces hay intervención para evitar invasiones. Ejemplos sobran.

Ahora bien, hasta ahora, sólo un regidor del municipio capitalino, Julio Velázquez Villegas, ha mostrado interés por lo que ocurre en la región de la Costa Maya y ha instado al (des)gobierno de Otoniel Segovia Martínez a actuar, a través de su Dirección de Desarrollo Urbano, pero la respuesta ha sido más que decepcionante, pues denuncias de invasiones sí han recibido, pero entre el desinterés y la falta de personal, tardan hasta un mes en atenderlas; luego entonces, ¿quién evita las invasiones? ¿cuál es el criterio para atender unas denuncias y las otras no? ¿si las áreas naturales no pueden ser protegidas, los fundos legales resguardados y no se garantiza la propiedad de particulares, qué hacen las autoridades en la materia?

Durante décadas, la tierra de Quintana Roo ha sido arrasada y depredada y actores políticos señalados de su colusión con personajes oscuros como Ortega Prado, pero ¿no se supone que ahora sería diferente? A las instancias estatales, ojalá que pronto acabe la pandemia; a las federales, que los recortes presupuestales no sean pretexto y a las municipales…lo bueno que queda sólo un año para cambiar de presidente.

COMENTARIO MORBOSO

A propósito de Roberto Borge Angulo y a 3 años de que fuera detenido en Panamá, donde estuvo hospedado en la Torre Trump, si algo ha quedado claro es que ni las autoridades federales o estatales han logrado hasta ahora obtener una sentencia que demuestre que los delitos por los que se le acusa estará en proporción siquiera al desfalco cometido por una generación de políticos que, justo es decirlo, no terminan de desaparecer del todo de la administración pública local.

Sí, Borge Angulo, el grupo político del que fue integrante –originado por su antecesor y mentor, Félix González Canto-, pertenecen a la peor ralea de gobernantes que ha tenido Quintana Roo, pero aun con su encarcelamiento, queda claro que la justicia no ha llegado a la entidad, ni los recursos desaparecidos han regresado a las arcas; es más, hay quien asegura que ni siquiera regresaron todos los hoteles rescatados en la zona norte del estado y que fueron arrancados a sus originales dueños mediante juicios laborales falsos.

El actual gobierno estatal cumplirá cuatro años en menos de tres meses; aun así, los señalados como principales depredadores del presupuesto viven tranquilamente en el Estado de Yucatán, a menos de 500 kilómetros de Chetumal, en donde se enriquecieron, y por mucho que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se afane en destacar sus pírricos triunfos, a los quintanarroenses queda claro que la justicia no llegó; ni llegará, en el último tercio que le resta a este gobierno. Tres años tiene Roberto Borge Angulo detenido, y sus secuaces en libertad, ¿de verdad es tan imposible demostrar su culpabilidad? Así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.