Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho

 Antoine de Saint-Exupéry

Por Julian Santiesteban

Las elecciones que se realizarán el próximo domingo en seis estados del país, pudieran ser las últimas que lleven a cabo los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs), generando con su extinción un ahorro anual de unos nueve mil millones de pesos, pero sin que represente una mejoría sustancial en la calidad de las elecciones de las autoridades de México, aunque esa no parezca ser una prioridad ni ciudadana ni del poder.

El país se encuentra embelesado con el discurso de la racionalidad en el gasto y la terminación de privilegios, pero lo único que existe sobre el tema es discurso, pues los recortes presupuestales han cancelado actividades sustanciales, sea la promoción turística, la afectación al sector salud, los despidos masivos de instancias federales; entre otros, pero no hay visos de mejora en la calidad del gobierno, de dinámicas nuevas en las delegaciones federales –estancadas por cierto por la falta de ministración de dinero a sus respectivos programas- y tan sólo hay un cambio de privilegiados, aunque se trate de la misma clase política nacional.

En esa lógica se inserta ahora la iniciativa del diputado de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, quien ha señalado que el Instituto Nacional Electoral (INE) detenta desde 2014 las funciones sustanciales de los procesos y los OPLEs representan duplicidad en muchas de las funciones, pero además un gasto excesivo que bien pudieran destinarse a acciones de desarrollo social. Lo expresado por el legislador es cierto en gran parte; sólo que no se ha propuesto ninguna medida que mejore la calidad de las elecciones, que regrese la confianza de los electores en los procesos, que incentive de manera efectiva su participación en los comicios, y sobre todo, que obligue a los actores políticos a un mejor desempeño y a cumplir lo que se promete en aras de conseguir el poder.

Con OPLEs y sin ellos, los procesos electorales están cuestionados; ante ello, la lógica indica que, si de todas formas nadie cree en los organismos comiciales, por lo menos ahorrarse nueve mil millones de pesos anuales es una medida adecuada, pero la centralización de las elecciones trae aparejados los apetitos de concentrar vicios existentes en un solo ente; por ello la teoría y acción de la administración pública ha tendido –desde el siglo XIX- a la descentralización de funciones y profesionalización de burocracias, pero de eso nada se propone.

Por ejemplo, hoy lunes faltan seis días para la renovación del Congreso local quintanarroense, en un entorno de absoluta desconfianza hacia los órganos y actores políticos, con la esperanza de los que detentan el poder de que la gente no salga a votar y “movilizar” así a sus “estructuras” para aferrarse al poder, mientras la Cuarta Transformación hace lo propio extendiendo el mensaje presidencial para que les alcance para refrendar el triunfo con la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Y así por el estilo es el estado de cosas en entidades como Puebla, Aguascalientes, Baja California, Durango y Tamaulipas.

Después vendrá una nueva reforma político electoral en el país, en los siguientes dos años pudieran quedar extinguidos los organismos electorales de los estados, pero la carencia básica persiste, no hay garantía de transparencia y legitimidad en las elecciones futuras, basten ver los procesos de designación de consejeros locales por parte del INE o de magistrados estatales por parte del Senado para advertir que son acciones absolutamente viciadas, adornadas con discursos de profesionalización, aunque subyace el “cuotismo” para equilibrar lo político, cuando la tarea debiera ser absolutamente técnica.

Así, si nos van a robar, pues que nos roben otros, es el grito que parece generalizado. Si de todas formas no hay calidad de elecciones, pues por lo menos que no le cuesten al erario, se afirma por otro lado; pero eso sí, elección tras elección, el ciudadano se queja de que ha sido engañado y los perdedores de las contiendas asumen siempre el discurso de “me la robaron”, cuando no aportan soluciones reales, pues mantienen la esperanza de alcanzar las arcas y que los persistentes vicios les favorezcan en el ejercicio del poder; esa es la lamentable realidad.

COMENTARIO MORBOSO

Una vez pasadas las elecciones del 02 de junio, se estará a poco menos de tres meses para que se cumplan tres años del inicio de Carlos Joaquín González en la gubernatura de Quintana Roo; la primera mitad de su gestión. El segundo tramo transcurrirá con una legislatura muy diferente –según marcan las tendencias- en la configuración política de los partidos que cogobiernan, y en función de eso será el mensaje a dar en su tercer informe, que será tentativamente en la segunda semana de septiembre.

La configuración de fuerzas podrá ser diferente y en función de ello la actual administración tendrá que hacer acopio de toda su capacidad para lograr la gobernabilidad, aunque cabe decir que por muy “moreno” que sea el Legislativo tampoco le apostará al estancamiento, pues más allá del diferendo político persisten necesidades marcadas en las regiones estatales: en la zona norte la urgente necesidad de que la actividad turística no se degrade por fenómenos como la criminalidad o el sargazo, pero además parece que ha quedado en el olvido la urgente necesidad de recuperar las playas o construir los puentes sobre el sistema lagunar Nichupté –obras estas últimas a las que el mandatario se refirió en su segundo informe como prioritarias de su administración.-

Y en el sur, por mucha obra de pavimentación que se ha realizado en la capital, Chetumal, la sensación de abandono económico persiste, la ciudadanía evidencia día a día su descontento con la prolongación de una situación que ha durado ya décadas y que, se supone, cambiaría en los años recientes, así que habrá que esperar si hay algún anuncio específico desde la administración estatal, y si por lo menos se concreta la llegada de Sectur para ese entonces.

Por último, también en septiembre –el 26 específicamente- se cumplirá un año de la llegada de Alberto Capella a la titularidad de Seguridad Pública estatal, ese fue el último cambio de primer nivel que el gobernador anunciara en su gabinete, por lo que habrá que esperar si para esas fechas hace algunos anuncios sobre modificaciones necesarias (y hasta urgentes) para afrontar la siguiente etapa de su mandato, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.