Por Julian Santiesteban

La Secretaría de Turismo (Sectur) no llegará a Chetumal a pesar de ser promesa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero además el empresariado quintanarroense le rechazó al mandatario federal su ofrecimiento de constituir una “zona libre” en el sureste, pues los hipotéticos beneficiarios han recalcado que los beneficios son limitados y las promesas simulaciones.

La iniciativa anunciada por los empresarios del sur de Quintana Roo es el primer rechazo formal a un ofrecimiento presidencial, pues a otros ha habido resistencias y litigios en contra, pero la zona libre solicitada originalmente para esta región del país y anunciada desde octubre de 2018 por el presidente de la República, no se pedía en los términos aplicados en el norte del país, pues la práctica en aquella región ha demostrado que la reducción impositiva beneficia solamente al uno por ciento de las empresas y que a las demás, por el contrario, las pone en la mira de las autoridades hacendarias que han desarrollado acciones de “terrorismo fiscal.”

En contra parte, los empresarios solicitaron hace algunos meses que la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Sobre la Renta (ISR) y los demás aplicables, sean de manera general y abierto a todos los productos y sectores, de lo contrario, el beneficio es sólo discursivo, ante lo cual la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han optado por decirle al presidente “no, gracias.”

Pero no son la única promesa que no se cumplirá, pues de acuerdo a la aprobación presupuestal federal, ha quedado prohibido realizar modificaciones a edificios y construcción de infraestructura, con lo cual se frenarían los trabajos programados al edificio denominado “Monumento al Mestizaje Mexicano”, mejor conocido como “Megaescultura”, requisito indispensable para albergar la Sectur en Chetumal, aunque cabe decir que en esta medida la afectación es general para todas las entidades que recibirían instancias federales, con lo que la administración de Andrés Manuel López Obrador seguirá erogando más de 2 mil 81 millones 864 mil pesos por el arrendamiento de 108 inmuebles para 29 secretarías de Estado y organismos del gobierno federal.

¿Y entonces, qué se cumplirá en 2020 de todo lo prometido? Hasta ahora nada, ni siquiera la reducción de tarifas eléctricas solicitada por diversos municipios estatales, si se toma en cuenta que el gobierno de la Cuarta Transformación Republicana dio respuesta negativa a una petición similar para el Estado de Tabasco.

Si lo anterior no fuera suficiente, cabe señalar que este domingo se realizó en Quintana Roo la consulta ciudadana para determinar si el llamado Tren Maya se construye, y aunque es previsible que la respuesta mayoritaria sea positiva, para la realización de los trabajos falta primero que instancias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pague a una decena de ejidos las indemnizaciones por la utilización de tierras de obras de infraestructura realizadas, por lo cual los comuneros demandan varios cientos de millones de pesos; y entonces, sólo entonces, harán el cálculo de lo que deberán pagar por las tierras por ese tren. Discurso, sólo discurso.

Así, al acumulado de estancamientos en la acción gubernamental federal, deberá sumarse que en las entidades federativas ni siquiera ha logrado concretarse el nombramiento de los representantes de dependencias, antes llamados delegados federales, pues para el caso de Quintana Roo se anunció una reducción de 67 a 17 de estos espacios, pero a dos semanas de cerrar el primer año de gobierno, menos de la mitad ha sido designado; esa es la lamentable realidad, a la que se agrega el “no, gracias” del empresariado local a los ofrecimientos presidenciales.

COMENTARIO MORBOSO

Que el diputado local y eterno “dueño” del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo, Hernán Villatoro Barrios, se llevó tremendo reclamo –bueno, regaño- de los dignatarios mayas de los principales centros ceremoniales de la entidad, quienes acompañados del diputado federal Luis Alegre Salazar, acudieron al recinto legislativo en la víspera de la aprobación del presupuesto estatal, pues el legislador, en connivencia con algunos de sus homólogos de otros partidos, pretendieron crear una partida de cinco millones de pesos para la creación de un “consejo maya.”

El único detalle es que ya existe un consejo maya, integrado por los generales de los centros ceremoniales, quienes mediante usos y costumbres eligen a sus autoridades y determinan acciones de impacto para sus respectivas comunidades. Así que el intento de crear el “consejo patito” fue frenado en seco por las verdaderas autoridades indígenas de la entidad, pero además, a decir del diputado Alegre Salazar, se logró que el Congreso estatal dispusiera que esos cinco millones de pesos sean entregados al organismo ya existente, vaya quemón. Una muestra más de que, algunos, actúan conforme se “imaginan” que las cosas deben funcionar, sin considerar la realidad del entorno en que se desenvuelven; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.