El buen juez no ha de torcer las leyes a su condición,  

sino torcer su condición conforme a las leyes 

Fray Antonio de Guevara

Por Julian Santiesteban 

Si lo que se desea, con la reforma electoral que impulsará el gobierno federal, es generar ahorros en la organización y desarrollo de los procesos comiciales mexicanos, habría que comenzar por modificar de fondo la fórmula para la asignación de prerrogativas a los partidos políticos,  y no sólo cambiar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) o atentar contra su autonomía, pues tan sólo en el presente año, las diferentes fuerzas recibieron más de 14 mil millones de pesos, sin que hayan logrado motivar a la mayoría de los ciudadanos de este país a salir a las urnas en la elección que apenas concluyó. 

Actualmente, el presupuesto total que se distribuye a los partidos cada año se calcula asignando el 65 por ciento de un salario mínimo por cada ciudadano inscrito en el padrón electoral, de manera tal que la multiplicación de ambos factores da el monto anual del presupuesto para actividades ordinarias, a lo que se suma un monto similar cuando hay proceso electoral federal y, además, lo que cada entidad federativa entrega a cada partido y, por supuesto, obtiene más presupuesto el partido que mayor votación tuvo en el proceso electoral anterior al cálculo de dicho monto. 

Desde hace ya algunos años, ha habido un debate nacional para modificar la fórmula, pues hay quien sostiene que debiera calcularse el presupuesto sólo con base en el porcentaje de ciudadanos que votan, de manera tal que haya, en lo inmediato, una reducción significativa (en la jornada electoral del pasado 06 de junio, la participación alcanzó apenas el 52 por ciento, con eso, el dinero entregado en 2022 se reduciría prácticamente a la mitad); pero además eso generaría una acción corresponsable por parte de los partidos, pues se esforzarían más por motivar a los votantes a participar de manera activa y, hasta como consecuencia probable, mejoraría la oferta política y el nivel del mensaje en las campañas electorales, dicen. 

Siendo tan buena propuesta ¿por qué no ha prosperado? Simple, porque sería para los partidos darse “un balazo en el pie”, pues el dinero que reciben se reduciría sensiblemente y los comprometería a motivar al  elector, lo que no necesariamente les conviene, cuando operan con estructuras de control del sufragio. Las reformas hasta ahora no han pasado de reducir atribuciones a los órganos electorales locales y concentrarlas en la instancia nacional, se ha mejorado el sistema de fiscalización –aunque aun hay enormes deficiencias-, y se discute por estos días además si debe o no modificarse la estructura y autonomía del INE, considerando incluso despropósitos históricos como regresar la potestad de organizar los comicios a la Secretaría de Gobierno, al más puro estilo del México del siglo XX, allá cuando se era juez y parte y cuando se les “caía el sistema.” 

Luego entonces, si el buen juez por su casa empieza y en realidad quieren generarse ahorros sustanciales y de largo plazo, las diversas iniciativas que se presenten debieran contemplar una modificación a la fórmula para el cálculo del presupuesto a partidos y, si se quiere ir mucho más a fondo, que el cambio de la fórmula reduzca también el porcentaje del salario que se utiliza como base, si se considerara sólo el 50 por ciento de un salario mínimo, la reducción en lo inmediato sería, además, del 15 por ciento. ¿entonces es en serio la motivación de generar ahorros, o es sólo un pretexto? 

Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha adelantado también que su iniciativa contemplará la desaparición de las diputaciones federales y senadores de representación proporcional, tanto por lo caro que resultan como por lo innecesario que son, afirmó. Pero si consideramos que cada legislador federal recibe al mes 45 mil 786 pesos de asistencia, 28 mil 772 pesos por atención ciudadana y tres mil 540 pesos por transporte y hospedaje; es decir, 78 mil 098 pesos cada uno; 39 millones de pesos entre los 500 legisladores, cancelando tan onerosas prestaciones y normando el acceso a esos espacios para que cumplan con su función histórica de darle representación a las minorías políticas y sociales, el tema pudiera salvarse. ¡Ah! Y cada año los diputados  reciben 58 mil 297 pesos por apoyo a sus informes de actividades legislativas, o sea 29 millones más; ahí la austeridad republicana no llega. Así, como podrá observarse, para generar ahorros reales, hay que comenzar por renunciar a los propios privilegios y no aplicar la justicia “en las mulas de mi compadre.” 

COMENTARIO MORBOSO 

El viernes 18 de junio, Florian Tudor, el supuesto líder de la llamada Mafia Rumana, fue vinculado a proceso, junto con dos cómplices, por supuestamente ordenar realizar más de 5 mil 500 operaciones irregulares de disposición de efectivo en cinco estados del país, que alcanzaban hasta 14 mil pesos cada una, por un total preliminar de unos 70 millones. Parece ser el caso más firme, pero no el único; pero sobre todo, desde el inicio de este 2021 diversos medios de comunicación nacional publicaron que el conocido personaje tendió toda una red de complicidades que le permitieron operar con absoluta impunidad en Quintana Roo. 

Se señalaron ex gobernadores, ex presidentes municipales, diversos actores vinculados, fundamentalmente, al Partido Verde Ecologista (PVE), y aunque Tudor ha obtenido recursos legales para no ser extraditado a Rumania, en donde también es requerido por las autoridades, hasta ahora poco o nada se ha vuelto a señalar de los cómplices de “El Tiburón”, ¿será acaso que va a quedar en el olvido el tema? Nos deben muchas explicaciones y resultados, tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, ¿o como ya pasaron las elecciones nada volveremos a saber? Conste que es pregunta, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.