Por Julian Santiesteban  

La desaparición de diputaciones federales y las senadurías de representación proporcional ha estado en la agenda de las tres últimas administraciones del país, sin que haya habido mayor avance para llevarla a cabo; pero al contrario del objetivo buscado, que es el de mostrar como demócrata a quien discursivamente lo intenta, ha terminado por evidenciar el oportunismo político de quien sabe que la propuesta nace muerta, porque pretende no aplicarse al propio gobierno, sino a los que le siguen.  

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que enviará tres iniciativas al Congreso federal, entre ellas, una que reformará al Instituto Nacional Electoral (INE) y que además pretende desaparecer las 200 diputaciones de representación proporcional –o plurinominales- y las 32 senadurías que tienen ese mismo carácter. Ha sido tan “creativo” el mandatario federal, que impulsa una reforma similar a la que su antecesor, Enrique Peña Nieto, utilizó como bandera de campaña y que todas las fuerzas políticas realizaron en 2014; por cierto, con el mismo argumento: profesionalizar los procesos electorales, quitar la discrecionalidad en la designación de consejeros para que estos a su vez no respondan a los intereses del gobierno en turno y generar ahorros en cada elección. Esos argumentos han sido utilizados desde 1996 y, hasta ahora, nunca se han cumplido. Con el marcado interés político del actual régimen, la reforma por venir no tendría por qué ser diferente.  

Más aun, Peña Nieto prometió desaparecer 100 diputaciones federales cuando aun aspiraba a la presidencia, cuando se llegó el tiempo de cumplir –en el 2014, en la víspera de las elecciones intermedias- lanzó una consulta nacional (¿le suena conocido?) para saber si los mexicanos deseaban que ello ocurriera; y como ganó la mayoría legislativa en 2015, dijeron se aprestaban a cumplir. Fue entonces, cuando la reacción de los demás partidos fue negativa, pues aseguraron que la reforma se aplicaría a partir de 2018 y que el PRI lo que pretendía era limitar la presencia de otras fuerzas en la Cámara de Diputados…y tenía razón. Ahora bien, el presidente López Obrador ganó la mayoría simple, para llevar a cabo dicha reforma requiere de mayoría calificada, ¿sabe cuál va a ser la reacción de los demás partidos? Exacto, no procederá. Pero además cuando se aprobara, la aplicación sería a partir de 2024, aplicable pues a los futuros gobiernos, no al actual, ¿qué conveniente no lo cree?  

¿Por qué impulsar reformas a sabiendas que no procederán? Porque son temas que, en el ánimo del ciudadano que analiza poco, convierten a quien las promueve en demócratas de avanzada, les genera la situación perfecta para decir: “lo intenté, pero los conservadores lo impiden”; cuando ellos mismos se han negado en el pasado a esas mismas reformas (Morena surgió en 2014, pero en 2015 ya tuvo diputados federales); y además, en la actual coyuntura, le permitirá decir al mandatario que, para ese tipo de temas, es que necesita la mayoría calificada, que posibilite reformas constitucionales. No la tiene ahora, pero la buscará de nuevo en el 2024. Así de simple.  

Pero ese tipo de comportamientos los tuvo incluso Felipe Calderón Hinojosa. Al final de su administración, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) impulsó la desaparición de los senadores de representación proporcional, como el PRI estaba en la antesala de obtener el triunfo en las urnas para Peña Nieto, obviamente se negaron a aprobar lo que consideraron un intento de limitar su poderío electoral. Así, la reforma presidencial de López Obrador, para desaparecer diputaciones y senadurías, ha nacido muerta, pero lo sabe, precisamente eso le permitirá explotar políticamente su “demócrata visión de Estado.”  

Y con respecto al INE, habrá que conocer lo que se propone para la designación de los consejeros, pero no ha habido órgano designador alguno hasta ahora, que esté libre de los sesgos políticos, como no se logró en 2014, cuando se  determinó que el INE designara a los consejeros estatales para “quitarle poder” a los gobernadores, pues la discrecionalidad también ha estado en el órgano nacional, y con los magistrados electorales designados por el Senado, el “cuotismo” se ha impuesto… ahora bien, si de ahorro se trata, comenzar por la desaparición de los órganos estatales, tema que quedó a medias en la más reciente reforma, probablemente en algo ayude, ¿pero surgirá realmente una autoridad nacional capaz de organizar todas las elecciones de este país? ¿Nota ya como el tema es solamente de “relumbrón”? y ahí van todos a aplaudir, lo que de entrada será un tema que no avanzará más allá del discurso.  

COMENTARIO MORBOSO  

El escribiente lo dijo desde hace por lo menos cuatro años: Solidaridad será el epicentro de las batallas electorales por lo menos durante toda la década, la reconfiguración social cada quinquenio hace que ya no sea bastión de nadie. Ahí las preferencias electorales no son inmutables, ni puede ya considerarse –como lo fue en algún momento- bastión de algún partido como el PRI.  

Esa región ha dado dos gobernadores y, con el relativo triunfo hasta ahora de Lily Campos Miranda (que aún puede caerse en los tribunales electorales), la administración “del cambio” ha comenzado a soñar que puede crecer para enfrentarse a la oleada de Morena que, por su parte, se apresta a tener a su primer gobernador a partir del 2022.  

Mientras todo ello ocurre, el gobernador Carlos Joaquín González ha comenzado a delinear un discurso de resignación política, señalando que se irá al empresariado de nuevo, escondiendo por lo bajito que la entrega del poder en la siguiente administración es un hecho. Ni Lily será gobernadora, ni Joaquín González se irá al retiro, esas posturas están hechas para la frivolidad discursiva. En contraparte, el albiazul hará como que compite en serio y el aun gobernador estará pronto bajo el abierto cobijo de la 4T; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.