Unirse es el comienzo; estar juntos es el progreso;  

trabajar juntos es el éxito 

Henry Ford 

Por Julian Santiesteban 

Construir y hacer gobierno no ocurre –solamente- a partir de mayorías alcanzadas y lealtades juradas a un proyecto en común, pues ese es apenas el primer paso. Lo verdaderamente trascendental ocurre cuando los poderes estatales dan pasos en firme hacia un objetivo compartido y, eso, por lo menos, no se ha notado en el primer mes de la administración de Mara Lezama Espinosa en Quintana Roo. Por el contrario, los que debieran co gobernar se notan inconexos, “arrítmicos” y fuera de equilibrio, entretenidos más en lograr un arranque interno, que en acompañar la acelerada tarea de la primera mujer que gobierna la entidad y, como reza el dicho popular: en la tardanza, está el riesgo de fallar. 

Desde la campaña electoral, se destacó que el quinquenio iniciado el pasado 25 de septiembre no tendría tiempo para “curvas de aprendizaje”, pues es urgente atender los adeudos con proveedores a corto plazo para que el aparato administrativo y burocrático opere, que el gobierno tenga liquidez para cerrar el año fiscal 2022. Atenuar la inseguridad también incluye la renovación de las instituciones –aunque desde el Congreso parece que se piensa sólo en darles más dinero-. En una palabra, es fundamental prepararse para entrar de lleno a cumplir los objetivos que se planteen en el Plan Estatal de Desarrollo que se presente en enero del 2023. 

Por lo anterior, desde que asumió el cargo, la mandataria estatal ha ocupado buena parte del primer mes en realizar reuniones a nivel nacional, con los responsables de diferentes áreas del gobierno federal para gestionar, si bien no recursos de disposición discrecional, si una buena cantidad de obras de infraestructura que tendrán impacto directo en la sociedad. Puede decirse desde ahora, por ejemplo que el rubro de salud será uno de los ejes rectores de su administración, al comprometer la edificación de clínicas para todos los municipios de la entidad y la puesta en operación de infraestructura que había permanecido abandonada o subutilizada. 

¿Qué ha ocurrido mientras tanto en el Poder Legislativo y Judicial? No mucho. En el Congreso han anunciado un adelgazamiento de la nómina. Discursivamente, las fracciones parlamentarias afines a la Cuarta Transformación Republicana (4T) se han “alineado” a la propuesta de austeridad planteada por la mandataria estatal, pero los y las diputados/as siguen disponiendo de la partida de recursos destinados a la “gestión social”, para la instalación de sus oficinas distritales  y cada uno recibiendo 25 mil pesos en gasolina, 30 mil para hospedaje, 30 mil para la gestión propiamente dicha (es decir para entrega de apoyos a la ciudadanía) y 50 mil pesos para gastos de su personal. ¿y la agenda y el co gobierno? Pues siguen con las comparecencias de funcionarios, revisan las iniciativas que dejaron pendientes sus antecesores y comienzan los trabajos en las comisiones ya instaladas, pero poco, muy poco. Bueno, lo más polémico fue la adecuación normativa, la semana anterior, para la despenalización del aborto en el estado, que aún está por verse si no encuentra alguna observación desde el Poder Ejecutivo. 

Otro de los temas que, por ley, debe atender la legislatura en curso es el inicio de los trabajos para la revocación de la concesión de agua potable revocación de la concesión otorgada a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S. A. de C. V., mejor conocida como Aguakán, mediante el Decreto número 28 de la Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de fecha 19 de octubre de 1993, y prorrogada por treinta años mediante Decreto 250, publicado el 11 de diciembre de 2014, a la empresa denominada, para operar en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Hasta ahora, sólo han dicho que lo atenderán, pero no el cómo, ni el cuándo…de nuevo, “están analizando.” 

Y la adecuación urgente de la Ley de Movilidad ha pasado más por un proceso de auto alabo en la XVII legislatura, que de adecuación urgente y un trabajo ejecutivo para armonizar con la norma federal entrada en vigor a mediados de mayo del presente año. Esto, aun cuando hay sectores no considerados hasta ahora como los mototaxis, los moto repartidores y, sobre todo, la posibilidad plena y sin trabas para que haya trasportación a través de plataformas digitales. Se ha optado por lo de siempre, favorecer a los grupos monopólicos que operan, generando problemáticas colaterales que han dejado al borde del estallido de confrontación a los prestadores de este servicio en la zona norte del estado; que sigue siendo el centro de desarrollo turístico más importante de Latinoamérica. ¿Ha leído de los enfrentamientos en la zona norte quintanarroense entre prestadores de servicio de transporte? ¿La inmovilidad de los de Movilidad? ¿La inutilidad de una norma si no hay un órgano que la aplique, menos cuando tiene tantas carencias legislativas? Bueno, pues eso es tan sólo una muestra. 

Y en el Poder Judicial los indicadores son aún peores, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Quintana Roo se encuentra entre los 15 estados con menos sentencias publicadas en su sitio web durante 2021 (por cierto, si el lector revisa dicho portal, se dará cuenta que no tiene absolutamente nada publicado en su sección de Prensa); pero además, de los 23 mil 893 asuntos ingresados a este Poder, tan solo 9 mil 150 fueron determinados o concluidos, es decir, apenas poco más del 38 por ciento. En adición, se señala que, apenas hace una semana, desde el Senado de la República, se destacó que Quintana Roo se encuentra entre los estados con alta impunidad, con el 60.32 por ciento y aunque se destaca que el fenómeno se ha reducido, sigue siendo uno en donde los homicidios tienen mayor grado de impunidad. Está en sexto lugar nacional con menos agentes del ministerio público (aunque los dos últimos datos corresponden a responsabilidades de la Fiscalía General del Estado). 

Pero de profesionalización de los jueces nada, del incremento de los mismos o el mejoramiento de la impartición de justicia, nada. Sólo un discurso de que se solicitará más presupuesto. De nuevo, el dinero. Desde el Legislativo, más dinero a una Fiscalía cuyos resultados rayan en lo nefasto. Desde Judicial, solicitud de más dinero sin compromiso público alguno. Y en el Ejecutivo, la carencia constante de recursos por el hoyanco financiero heredado y una gobernadora que se levanta diariamente a gestionar recursos para mantener a flote un barco que, evidentemente, tiene más lastre que remeros. ¿Que estarán ahí para cuando haya algo que aprobar? Solo falta que ni eso… proactividad es lo que urge en ambos poderes, compromiso público, acciones antes que discursos; en suma co gobernar. 

COMENTARIO MORBOSO 

Y mientras se gestionan recursos para infraestructura y se planea el futuro, las decisiones difíciles están por llegar al gobierno de Mara Lezama Espinosa. Una de ellas, la que implicará tener habilidades discursivas, más allá del “nos dejaron un cochinero”, además de la imperiosa necesidad de comunicar adecuadamente y con la profesionalidad que el caso amerita, será, sin duda, el refinanciamiento de la deuda estatal. 

La administración anterior tuvo como bandera –nunca cumplida- el no endeudar más al estado, pero antes de los tres meses de gobierno, refinanciaron la deuda para darle respiro y algo de liquidez al gobierno de Carlos Joaquín González. Ahora, con los compromisos financieros con los proveedores y las prestaciones de fin de año con la burocracia estatal, sumado al necesario arranque del 2023, el camino será el mismo para el quinquenio actual. La enorme diferencia, se nota ahora en el compromiso público de dar antes que recibir, de trabajar en la gestión, antes que en el endeudamiento simple, pero eso no necesariamente es percibido a “bote pronto” por la ciudadanía. Luego entonces, comunicar. Siempre comunicar. De manera permanente, todos los involucrados en el proyecto de gobernar, apropiarse del compromiso, enfocar la acción en la gobernanza. 

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Eugenio Segura Vázquez, ha descartado por ahora el endeudamiento, pero no parece una situación sostenible en el tiempo, considerando las responsabilidades por atender. Luego entonces, llegado el momento, deberá tenerse clara la ruta de aplicación, pero también de explicación, por mucho que con ello no se evite el desgaste del “bono democrático” que tiene toda administración, pues el ejercicio de gobernar desgasta inevitablemente, pero lo importante es mantener la coherencia; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.