Quien quiere cambiar siempre encontrará

una razón para cambiar

André Maurois

Por Julian Santiesteban

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, ha hecho lo que ninguno de sus antecesores: reconocer la inseguridad como la principal problemática a atender –en una perspectiva compartida con sus ciudadanos-, pero además de eso, la terrible impunidad en la procuración de justicia; es decir, no sólo se trata de que las corporaciones policiales no frenan la delincuencia, sino que, los delincuentes que logran ser detenidos, tienen prácticamente garantizada la impunidad para seguir en las calles. Los indicadores siempre han estado ahí, pero es ahora la oportunidad real de modificar, para bien, esa circunstancia.

No sólo se trataba de respaldar la iniciativa presidencial de mantener al ejército en las calles, realizando tareas de seguridad, pues la aprobación a nivel de las entidades federativas no tendrá la menor complicación, dado que Morena y sus aliados gobiernan dos terceras partes de los estados de la República Mexicana, se trataba también de reconocer ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la dimensión de la problemática local, para partir desde ahí hacia una solución conjunta; es decir, quien asumió que “el segundo de a bordo” vendría a un placeo político, como “corcholata” que es en la búsqueda de la candidatura presidencial por Morena para el 2024, no notó tal vez que el funcionario federal se llevó peticiones específicas de coordinación, o sea, que cuando regrese a la entidad, sus habitantes podrán, legítimamente, preguntarle por resultados concretos.

“No sobra recordar las cifras que reflejan el problema que debemos resolver y, por el cual, en gran medida la gente nos eligió”, dijo Mara Lezama, pero apuntó además que prácticamente 8 de cada 10 quintanarroenses se siente inseguro en las ciudades que habitan y que 70 por ciento de las y los quintanarroenses percibe corrupción en el Ministerio Público y fiscalías estatales; es decir, que entiende que denunciar algún delito es prácticamente causa perdida. Luego entonces, viene el indicador más lapidario: 9 de cada 10 delitos no se denuncian; luego entonces no hay dato más “artificial” que la pretendida mejoría estadística, pues no es que la seguridad mejore, sino que la confianza en las autoridades ha disminuido y por eso no se denuncia.

Luego entonces, la recién iniciada administración estatal –que este martes cumple un mes del arranque- urgentemente tiene que trabajar en dos  factores indispensables: la seguridad como una situación real y, también y no menos importante, en la percepción y confianza ciudadana en las instituciones. Entre los dos puntos existe una enormidad de matices, pero es indispensable ya comenzar los pasos en firme sin anteponer los “otros datos” para justificar la falta de resultados o para mantener el hoy, sin transformar la realidad para un mejor mañana. Por ejemplo, este sábado, algunos medios locales reproducen la declaración del presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar, quien ha sugerido “matizar” las noticias sobre el arribo de sargazo y los hechos de inseguridad en el estado, a fin de que éstas no afecten la llegada de turistas extranjeros al Caribe mexicano.

Sí, contextualizar este tipo de hechos es fundamental y es parte de la ética periodística de cada medio de comunicación, pero también y, fundamentalmente, parte del cambio “profundo y radical” comprometido por el gobierno ya en curso, para no calificar como “hechos aislados” a los actos de criminalidad que un día ocurren y, el otro también, que ha llevado a un agravamiento continuo de la situación y a una simulación permanente, sin resolver de fondo e integralmente. Sólo se intenta evitar la afectación a las finanzas de “los señores del dinero”, aunque en las regiones periféricas de los centros urbanos se viva cada vez menos seguro. Por cierto, es ahí donde viven los empleados de la industria turística que tanto se quiere proteger.

En recapitulación, reconocer la dimensión del problema es el primer paso para resolverlo, falta ahora la estrategia y las acciones continuas; seguramente no será una solución a corto plazo, pero los avances positivos en coordinación efectiva serán siempre reconocidos por los que diariamente padecen de la situación actual: los ciudadanos de “a pie.”

COMENTARIO MORBOSO

99 millones de pesos ejerció el Congreso de Quintana Roo en 2021 en el rubro de “Ayudas Sociales”, a pesar de que organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha señalado de manera reiterada que el Legislativo carece de facultades para ejercer recursos en rubros como ese, pues se invaden facultades del Poder Ejecutivo, cuestión que reiteró el Juzgado Noveno con sede en Cancún, ante los amparos promovidos por integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, a principios del 2022. Aun así, la XVI legislatura ejerció de manera discrecional ese presupuesto.

Si la XVII legislatura se apega realmente a la política de austeridad impulsada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, para el presupuesto 2023 los y las diputados/as, deberán finalmente cancelar dicha partida, no sólo por lo que ya ha determinado un juzgado o los señalamientos a nivel nacional de que invaden facultades del Ejecutivo, sino como una convicción de hacer las cosas verdaderamente diferente; ¿lo harán? Estaremos atentos; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.