Las promesas que hicieron ayer los políticos 
 son los impuestos de hoy 
William Mackenzie King 

Por Julian Santiesteban 

Casi la mitad del país, catorce gobernadores –de 32-, los que producen más de un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) de la República Mexicana demandan un nuevo Pacto Fiscal. Las formas pueden ser diferentes, pero no cambian el fondo: hay una inconformidad con los recursos que reciben las entidades federativas y luchan por modificar fórmula, gravámenes y base tributaria antes de que se apruebe el presupuesto 2021. La urgencia es evidente, tienen menos de dos semanas. 

Según publican medios nacionales “de acuerdo con datos del Inegi, al corte del 2018, los 10 estados de la Alianza Federalista representan 34.9 por ciento del PIB nacional, cuyo dato más reciente es de 22 billones 513 mil 581 millones de pesos, sin embargo, sólo reciben 215 mil millones de pesos aportaciones federales y 204 mil millones en participaciones, que en total suman 418 mil 852 millones de pesos, menos del 10 por ciento de lo que aportan al PIB”; pero a esto deben sumarse los recursos generados por Querétaro, Yucatán, Baja California Sur, y Quintana Roo, que esta semana anunciaron se suman a la lucha por  un nuevo acuerdo fiscal. En suma, 72 centavos de cada peso recaudado por estas entidades, se queda en el gobierno federal. 

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo al escribiente que no coincide en las formas de los aliancistas, pero además de pronunció por encontrar nuevos esquemas de tributación que permitan que la redistribución no genere esquemas que afecten a unas entidades, en beneficio de otras. Los mandatarios de la Alianza, en contraparte, plantean que lo que ya se recauda debe ser redistribuido de mejor manera, pues a los estados se entregan sólo 28 centavos por cada peso. Por cierto, ambas posturas son, en realidad, complementarias, sobre todo considerando que esperan lograr modificaciones que apliquen el próximo año. 

Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró desde sus “matutinas”, que si lo que buscan los mandatarios es obtener recursos, quitándoselos al gobierno federal, simplemente no aceptará –por ello la postura de Joaquín González parece el punto de equilibrio-;  y eso tiene hasta ahora entrampada cualquier posibilidad de negociación. Preocupante, porque por norma el presupuesto debe aprobarse máximo el 15 de noviembre. Se tienen pues menos de dos semanas para construir un acuerdo. 

Platicar “sin politiquerías” dice el presidente, los gobernadores han aceptado y urgido a ponerle fecha; y aunque a nivel del Poder Legislativo ya se sabe que ocurrirá lo que el mandatario federal decida, pareciera que ya es tiempo de que a las entidades les toque una. Se desaparecieron los fondos y fideicomisos, se han presupuestado con suficiencia los proyectos presidenciales emblemáticos y se han dotado de presupuesto los programas sociales; en contraparte, los gobernadores siguen pidiendo ayuda para atender la pandemia, apoyo al sector salud en las entidades, mejorar el pacto fiscal y fortalecer el federalismo. Hasta ahora, la única respuesta que han obtenido es que “se trata de campañas electorales disfrazadas, porque no sólo les hemos dado, hasta nos deben.” 

Con posturas irreductibles, el titular de Hacienda federal, Arturo Herrera Gutiérrez, ha dicho que el actual pacto fiscal se firmó en tiempos del PAN en el poder; los gobernadores dicen que, si no se mejora el reparto, pues cada uno se quedará con lo que recaude y el presidente dice que, si se trata de que le quiten al gobierno federal, no procede ningún cambio. El “punto medio” parece ser lo propuesto por Carlos Joaquín y otros tres gobernadores: “Encontremos nuevos ingresos para las entidades”; sólo que al final, los que pagan son siempre los “de a pie.” 

Por último, independientemente de la motivación, lo único que no debiera ocurrir, es que no ocurra nada. Si los Estados retienen ingresos, ¿se imagina al gobierno federal iniciando procesos en contra de la mitad de los gobernadores? ¿Habrá alguno de ellos que sirva como “chivo expiatorio? Porque a García Cabeza de Vaca, cuyas amenazas de procesarlo por crimen organizado no lo amainaron. Ahora bien, en lo que el gobierno federal recupera el dinero, ¿se imagina la parálisis nacional? No, el presidente deberá negociar y pronto, no importa que los reclamos sean abiertos y confrontadores, o “suavecitos” y conciliadores, igual hacen mella. 

COMENTARIO MORBOSO 

Y a propósito de que nada pasa, así transcurre el tiempo en el Poder Judicial de Quintana Roo, en donde el nada honroso desempeño de sus jueces y magistrados tiene al estado en Tercer Lugar nacional en impunidad, con un 97 por ciento; pero además, sus integrantes son conocidos internacionalmente por aceptar sobornos y aparecer en investigaciones, sin que nada haga ocurra en sus inamovibles cargos que tantos millones les reportan al año. 

El más reciente ejemplo es el magistrado Carlos Lima Carvajal, nombrado en el encargo al final de la administración de Roberto Borge Angulo y sobre quien pesan investigaciones y señalamientos por diversos delitos cometidos, desde violencia política de género hasta recibir sobornos para registrar ventas irregulares de predios, cuando se desempeñó como Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Lima Carvajal permanecerá en su encargo hasta junio de 2022, pero tiene posibilidad de que se le ratifique. 

Lima Carvajal aparece en el más reciente número del semanario Proceso, señalado por haber sido sobornado con tres millones de pesos, como parte del proceso que se le sigue en España al llamado “Rey de los Casinos”, Francisco Javier Rodríguez Borgio, también vinculado en México a estafas como las de Oceanografía y por ser dueño de la empresa Cajas Libertad, que incautaron las autoridades federales. 

El caso es que Rodríguez Borgio adquirió en agosto de 2015 un predio de 250 hectáreas, con 700 metros de playa llamado Petempich, en la Riviera Maya, que nunca pagó y aun así se apropió. Ahora, el encargado de protocolizar la fraudulenta venta, despacha tranquilamente como magistrado del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo. Qué chulada. Pero no es el único que ha sido señalado de ilegalidades, lo mismo aparecen colegas suyos que despojan a familiares de predios, que otros que, a ser descubiertos en fraudes de tierras, tienen que regresarlas… ¿y el presidente del organismo, Antonio León Ruiz? Pues también tiene “lo suyito” que ya le iremos desgranando en colaboraciones posteriores, por lo pronto, ahí está “dormitando” a gusto en su cargo, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.