Ni la contradicción es indicio de falsedad,
ni la falta de contradicción es indicio de verdad
 Blaise Pascal

Por Julian Santiesteban

Gobiernos de los tres niveles han utilizado, por lo menos durante la última década, a la seguridad como un tema político, irónicamente, solicitando sacarla de ese ámbito y ceñirla a criterios y acciones estrictamente técnicas y de combate o prevención de la criminalidad; la Ley de Emergencia Policial aprobada hoy en Quintana Roo es muestra de ello, tanto por parte de quienes la impulsan como de quienes la repulsan, pues no es la única en su tipo en el país, sólo que en otras entidades los roles se han invertido.

Le cuento, el proyecto aprobado en Quintana Roo no es el único en su tipo, pues existe un antecedente en el Estado de Nuevo León, en donde se aprobó una ley similar y está de hecho vigente; allá, el Partido Acción Nacional (PAN) rechazó la norma porque considera discrecional la calificación de una “emergencia”, lo que pudiera ocasionar excesos desde el Ejecutivo estatal, mientras que la norma quintanarroense es impulsada desde el Ejecutivo, cuando es de todos sabido que la administración actual llegó al poder por medio del PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Pero no son las únicas contradicciones políticas que ha habido con respecto a la seguridad, en 2010, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, impulsó el establecimiento de un mando único policial, lo que fue rechazado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) argumentando violación a la autonomía municipal, ante lo cual el proyecto no prosperó; pero cuando Enrique Peña Nieto llegó al cargo, en 2014 propuso la creación de dicho mando, y ahora tocó al PAN rechazarlo, argumentando la violación a la autonomía que el tricolor utilizó en su momento como bandera política.

Ayer, la munícipe solidarense, Laura Beristain Navarrete, afirmó que la Ley de Emergencia Policial violenta la autonomía municipal y ante ello, de ser aprobada –como lo fue-, acudiría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ); sólo que existe un pequeño detalle, en 2010, dicha instancia validó a norma del Estado de Nuevo León, ante lo cual, la determinación con respecto a la ley quintanarroense puede advertirse desde ahora. Pero eso sí, la politización del tema continúa.

Por cierto, este jueves 15 de agosto, termina la vigencia del decreto emitido por el gobierno de Quintana Roo el 15 de mayo, por medio del cual asumió el mando policial en el municipio de Solidaridad, la semana anterior el titular de Seguridad estatal, Alberto Capella Ibarra y Beristain Navarrete hicieron un evento en el que el funcionario estatal asumió el mando, con lo cual se infirió que la disputa había terminado, lo cual evidentemente no fue así.

Luego entonces, independientemente del mando único, que se supone avanza, y la homologación de esfuerzos en materia de seguridad, lo político sigue constituyendo el principal obstáculo. Si la norma aprobada hoy será útil, sólo lo dirá el tiempo, pero la politización, esa sí que es inútil.

COMENTARIO MORBOSO

Por cierto, este miércoles se llevará a cabo una reunión en la ciudad de México para definir quién encabezará la fracción parlamentaria de Morena en la XVI Legislatura, difícilmente habrá definición en la primera reunión, pero independientemente del resultado, el encuentro habla de la “parejura” de los grupos en disputa –y no necesariamente sólo por el control del Congreso-, tanto, que mereció la intervención de la dirigencia nacional.

Hasta ahora son tres grupos los identificables en Morena que contienden por el control de la fracción legislativa: el de Maribel Villegas Canché, el de Luis Alegre Salazar y el de José Luis Pech Várguez; pero una vez que se defina en la Ciudad de México –si se logra- la cabeza de fracción y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), deberá construirse el equilibrio en los órganos administrativos; pero además hay un elemento a considerar, que es la representación norte-sur para cada caso, pues un intento de acaparar todo para alguna región estatal, tendrá severas y reales consecuencias en lo que a la concordia política se refiere y las posibilidades de competencia electoral futura.

No es sólo lo político, también es lo administrativo, y no es solamente el Congreso, pues en puerta están las elecciones municipales de 2021 y la gubernatura del 2022. Si a eso le añade la construcción de mayoría calificada con los aliados legislativos, pues el reparto no parece sencillo, pero la primera aproximación se realizará este día, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.