Por Guillermo Robles Ramírez

            Cuando nos referimos al tema de transporte público, lo primero que viene en mente es el colectivo de las rutas camioneras; sin embargo, rara vez consideramos a los taxistas como parte de este mismo tema ya que al igual que los camiones sus placas son otorgadas por las autoridades locales, es decir, la Presidencia Municipal.

            Sus problemas son tan antiguos desde su inicio, y tan homogéneos como el de cualquier cabecera municipal del país. Lo mismo sus malos hábitos que sus choferes, vicios, abusos de cobro e inseguridad.

            Posiblemente el tema de seguridad es algo que ninguna autoridad local ha podido resolver, aunque tienen un padrón de registro de placas o concesiones otorgadas a particulares, pero la complejidad de mejorar no solo la inseguridad en los taxis, así como el de mal servicio es siempre manipulado por la fuerza que ejercen sus sindicatos. Un claro ejemplo de un conflicto de intereses entre autoridades y síndicos.

            Apenas en los últimos años el único que ha podido ir erradicando el problema de este gremio del transporte público y mejor que cualquier alcalde fue indudablemente, la competencia.

            Con la llegada en México de las plataformas digitales en donde particulares son quienes empezaron a competir con el tradicional taxi. En la actualidad existe varias compañías como Uber, Didi, Cabify, inDriver entre otros le dieron la batalla de frente al transporte público mejorando no solo a sus unidades sino la calidad de sus vehículos comparados con las deprimentes y malolientes vehículos que los taxistas dan servicio a sus usuarios.

            El transporte público de taxis no tardó mucho en sentir su celo llamándoles a estos particulares competencia desleal porque no solo mejorando calidad del servicio sino porque la mayoría de las ocasiones la tarifa era mucho menor a cuando estos transportistas públicos cobraban aplicando el dicho “según el sapo es la pedrada” y en aquellos casos los taxímetros mal calibrados, pero para cobrar demás.

            Entonces surgió la presión de los diferentes grupos sindicales a las autoridades locales y hasta estatales para iniciar en algunos estados del país la cacería de brujas contra quienes brindan el servicio de transporte por medio de alguna aplicación o plataforma electrónica con la ilegalidad de decomiso de unidades privadas.

            El más reciente ejemplo sucedió en la entidad de Monterrey, Nuevo León en donde sus diputados acordaron con un impuesto estatal desde 1.5 por ciento de sus operaciones a las empresas de Uber, Didi y Cabify, así como una licencia especial y un seguro vehicular con cobertura tanto para sus choferes y usuarios, para poder operar. Dichas empresas no se negaron ahora solo es cuestión que se regule en el congreso de esa entidad y reglamentarla.

            Aunque el sentido común indica que dichas medidas fueron hechas por la presión de los sindicatos del gremio de transporte público de los taxis, y una muy buena medida para recaudar impuestos, obviamente que tanto autoridades como diputados lo niegan queriéndolo justificar como una medida para tener un control de choferes por razones de seguridad.

            Una disposición injusta y discriminatoria para muchos particulares ya que a la fecha no existe una exigencia igual a ningún taxista o los dueños de las concesiones del transporte público como lo es un seguro vehicular para choferes y responsabilidad civil amplio. Tampoco existe un padrón de choferes proporcionado por los dueños de concesionarios, porque ni siquiera ellos mismos lo tienen, sino siempre que pasa algún accidente la primera indicación que tienen los choferes es salir corriendo de la escena.

            Sobre el tema de la inseguridad en donde va en aumento la participación de taxistas para el robo no solo de peatones, sino también en robo en tiendas de conveniencias o bien en participación de secuestros y tráfico de narcomenudeo ha sido incontenible en donde las mismas autoridades han preferido cerrar los ojos y no hablar de ello.

            Y por último nunca se ha escuchado que el transporte público o mucho menos que los concesionarios paguen un impuesto estatal por sus operaciones realizadas.

            Lo más incongruente es que empiezan algunos taxistas regios, como saltillenses a bajar algunas de estas aplicaciones haciéndose pasar como particulares, pero una vez que llegan con el pasajero, son retachados con el solo ver que se trata de un taxi normal, esto solo indica que el servicio de quienes usan plataformas electrónicas va a la alza en donde aplican lo que se dice. Si no puedes contra ellos úneteles. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Antonio Estrada Salazar 2018) www.intersip.org