Los resultados de los cambios políticos rara vez son aquellos que 

 sus amigos esperan o que sus enemigos temen 

Thomas Henry Huxley 

Por Julian Santiesteban 

Como resultado de las elecciones del pasado 06 de junio, este 2021 Morena será gobierno en 17 entidades federativas y, si la tendencia se mantiene, para finales del 2022, serían por lo menos 21. Sin embargo, el gobierno federal ha anunciado que enviará una iniciativa para hacer una reforma electoral cuya profundidad, por ahora, se desconoce, pero tendrá profundas implicaciones en lo local, sobre todo porque los órganos quintanarroenses están en un proceso de renovación de sus integrantes, sumado a los problemas presupuestales para temas como la consulta pública para determinar si Aguakán permanece como concesionario del cobro de agua potable en l zona norte del estado. 

Existe entre los enterados del tema una discusión sobre las implicaciones locales ante la reforma electoral que viene, sobre todo porque los tiempos para hacer modificaciones a la normatividad electoral aun no vence –recuérdese que en julio, el Congreso de Quintana Roo postergó la fecha de inicio del proceso comicial hasta enero de 2022; es decir, lo que ahora se apruebe aún puede ser aplicable para las elecciones de 2022-; y aunque la racionalidad indica que los órganos estatales no desaparecerán, como se ha manejado en discurso, sí será fundamental conocer la redistribución de atribuciones entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los de los estados de la República Mexicana. 

Ahora bien, entre las reformas que se han manejado como posibles, se encuentra el proceso para la designación de consejeros electorales nacionales, con el argumento de que, tal y como está planteado, sólo ha dado lugar a “cuotismo” entre los partidos políticos, sin atender verdaderamente a los perfiles de los aspirantes; lo cual llevará seguramente a la mejoría en el proceso de designación de consejeros estatales, que en este caso corresponde al INE, y que también ha sido motivo permanente de cuestionamientos. Ahora que Morena tiende a ser el partido que mayores entidades y Congresos estatales tendrá ¿regresará esa facultad al Poder Legislativo de cada estado? Por lo pronto, está en marcha la renovación de cuatro de siete espacios del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), en noviembre se elegirán y tomarán protesta el 10 de noviembre. Probablemente sean los últimos que se designen con la normatividad actual. 

A propósito de cuotismos, confrontaciones políticas y discrecionales procesos para la asignación de cargos públicos; la reforma deberá atender también el proceso para la designación de magistrados electorales, pues actualmente es el Senado de la República quien asigna los espacios, supuestamente, luego de un proceso de evaluación, pero en ese caso vaya que sí se ha hecho costumbre “repartir” en función de negociaciones y no de calificaciones. Y por cierto, si la modificación legal ocurre también en eso, en 2022, una de las tres magistraturas del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) deberá designarse ya con nuevas reglas. 

El próximo año se renovarán seis gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, además de presidencias municipales en cinco de ellas (a excepción de Quintana Roo, que lo hizo en junio pasado y ahora deberá renovar Congreso estatal. 436 cargos en total en ese grupo de entidades). Como puede notarse, además de las confrontaciones ordinarias entre los actores políticos para alcanzar alguna candidatura, la inciativa que enviará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, añadirá un elemento más a la situación; pero también hay que recordar que, Tanto el Teqroo, como Sala Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinaron que el Ieqroo deberá realizar la consulta pública para determinar la permanencia de Aguakán, y cuya negativa para hacerlo, ha estado fundada –según argumento el Instituto Electoral, fue la carencia presupuestal, lo que no parece que vaya a cambiar, por lo menos en este año. 

Así, para Quintana Roo, la elección del próximo año será muchísimo más complicada de lo que fue la que ocurrió en junio pasado, no sólo porque se elige el cargo político más importante del estado, sino incluso porque, hasta ahora, ni siquiera hay claridad sobre las normas e instancias que intervendrán y cómo. Eso sí, ojalá que la mejora normativa implique verdaderamente eso; y no sea una medida “gatopardiana”, que implique “cambiar todo, para que nada cambie”; es decir, que sólo aprovechen las circunstancias para “servirse con la del mole.” 

 COMENTARIO MORBOSO 

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado se renovó oficialmente este fin de semana. Su presidente será, en el último año de la XVI Legislatura, el diputado panista Eduardo Martínez Arcila. El momento en que el Partido Acción Nacional (PAN) retoma el control del Poder Legislativo es importante, pues coincide con el fin también de la administración del gobernador Carlos Joaquín González. Lo anterior no es una casualidad, así fue acordado desde que iniciaron gestión los actuales diputados. Es el tiempo de cuidar el cierre de ciclos y también será la última oportunidad de cumplir con la agenda presentada para los tres años; ojalá que sea para bien, sobre todo considerando la poca productividad registrada en el que apenas concluyó, tanto por la pandemia como por la falta de rumbo y efectividad mostrada por el Partido Verde Ecologista (PVE); los 23 minutos que duró el informe de la saliente administración, a la cual, por cierto, hay mucho por revisarle, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.