Sólo hay una regla para todos los políticos del mundo:

no digas en el poder lo que decías en la oposición

John Galsworthy

Por Julian Santiesteban

Este lunes, el Congreso de Quintana Roo se prepara para ratificar los contratos de Asociaciones Público Privadas (APPs) por medio de los cuales se construirán diverasas obras de infraestructura, a pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo durante la mitad de su mandato un rechazo abierto a esos esquemas de financiamiento, por considerar que dañaban el interés nacional, aunque a finales de mayo pasado él mismo consideró la posibilidad de establecer uno de ellos para la compra de Banamex. En términos llanos, el neoliberalismo tiene ya permiso en la Cuarta Transformación Republicana (4T).

En discursos diversos, desde el 2020 hasta el 2022, el presidente aseguró que no se utilizarían las APPs, pues fueron un ejemplo de “influyentismo”, y que, a través de “contratos leoninos”, diversos grupos empresariales cobraron precios exorbitantes, vía intereses, por diversas obras de infraestructura. “Están enojados porque no hacemos lo mismo”, dijo de sus “adversarios”; al tiempo de afirmar que “se acabó la robadera.” De hecho, en Quintana Roo, se canceló la posibilidad de asignar vía APP la construcción del segundo puente sobre la Laguna Nichupté, en Cancún, que actualmente se construye con recursos públicos. Esto, a pesar de que la XVI Legislatura, con mayoría de legisladores de Morena y del Partido Verde Ecologista (PVE) otorgó la autorización, que a la postre quedó anulada.

A contracorriente de la postura presidencial, en el municipio de Puerto Morelos y durante la administración de la ahora diputada federal, Laura Fernández Piña, se aprobaron -también con el aval del Congreso local- dos APPs, una para construir un palacio municipal y otro para la instalación y mantenimiento de alumbrado público; medida que fue criticada, no sólo porque las obras tendrán un costo final superior a los 800 millones de pesos, sino porque, además, ese ayuntamiento destinará esa cantidad de recursos, cuando no cuenta siquiera con un hospital público. El escándalo se hizo aun mayor, cuando se hizo pública la intención de la entonces alcaldesa de entregar, en las últimas horas de su gestión, los contratos a empresas “cercanas” a su esposo, Carlos Alberto Moyano Menchaca, en una sesión de Cabildo a puerta cerrada.

El caso es que, la semana anterior, la actual administración portomorelense, ahora encabezada por Blanca Merari Dziu -cuyo gobierno atraviesa también por escándalos de ingobernabilidad-, remitió los contratos a la XVII legislatura, luego de que suspendiera la asignación de los mismos. Luego de los señalamientos a la gestión de Laura Fernández Piña, a la descripción sobre lo gravoso que son para los habitantes de ese municipio y hasta la postura del presidente López Obrador, lo menos que se esperaba era congruencia, pues Puerto Morelos, el Congreso quintanarroense y el gobierno estatal, son de la 4T, pero no, el proyecto a analizarse este lunes, en el periodo extraordinario convocado, es está enfocado a ratificar las APPs. Un simple “quítate para ponerme”, seguramente el argumento será que se investigará a las empresas, pero al final, al “achicar” al gobierno, entregando a la iniciativa privada tareas que le competen, se entra de lleno a las acciones neoliberales que tanto reprueba la actual gestión morenista, en todos los niveles.

Pero aquí viene el cambio de rumbo; luego de los incendiarios discursos presidenciales, el mismo mandatario, el pasado 23 de mayo, desde su conferencia matutina, aceptó la posibilidad de constituir una APP para comprar Banamex, luego de que se especulara que el presidente de Grupo México, Germán Larrea, no lo adquiriría. Según el presidente, los mexicanos serían socios de la misma y el gobierno también de una parte (si esa propiedad será como con parestatales como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, ya se imaginará la “diferencia” real).

Y bueno, también es importante destacar que el neoliberalismo ahí sigue, en todas las entidades federativas, en infinidad de rubros en los que se entregan concesiones y contratos sobre acciones que debiera hacer el Estado y, esto, para nada es exageración o crítica infundada. Basten ver las empresas dedicadas a la renta y operación de equipos para seguridad pública, desde patrullas hasta cámaras; la contratación de todo tipo de “software” para “modernizar” la administración pública. El argumento es que se ahorran el mantenimiento, pero lo cierto es que se termina dependiendo de los contratados y, al final, los “señores del dinero” están en un gobierno y en el siguiente también. Así pues, en la 4T, el neoliberalismo tiene permiso.

COMENTARIO MORBOSO

Calmaditos, tranquilitos, sin mucho aspaviento y, a propósito del periodo extraordinario, entre los temas que los diputados analizarán -y seguramente aprobarán, este lunes, a partir de las cinco de la tarde, será la marcha atrás en la modificación normativa que aprobaron ellos mismos en diciembre pasado, la cual posibilitaba al Poder Legislativo a modificar de manera discrecional el presupuesto del Poder Judicial, lo cual derivó en una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual apuntaba a darle la razón a los magistrados locales.

El caso es que, al documento de “reversa” se le ha denominado “proyecto de decreto por que se reforman los artículos 67 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de fortalecimiento de la autonomía presupuestal del Poder Judicial” y fue presentado por el grupo legislativo de Morena. Quiérase que no, los legisladores mostraron mucha más altura política que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, quien, ciertamente, por procedimiento y para evitar una sanción administrativa, tenía que recurrir la medida del Legislativo, pero no era necesaria la sobre exposición mediática, “golpeando con la derecha” y “acariciando con la izquierda”, asegurando, a pesar del puñetazo legal, que entre los tres poderes son “muy amigos”… lo dicho en otras ocasiones, con esos “amigos”, no hacen falta los enemigos; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

Pd. Si de “reversas” se trata, parece que el Congreso dio también marcha atrás en su intento de normar que los procesos electorales inicien en el mes de enero, como se ha hecho en los últimos tres, por la vía del decreto… ha de ser cuestión de tanto legislador interesado en aparecer en la boleta electoral del 2024, no conviene pelearse con el árbitro. Ya veremos.