El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio,  

si puedes simular eso, lo has conseguido 

Groucho Marx 

Por Julian Santiesteban 

La desaparición del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) permite poner en la agenda pública que, por lo menos en Quintana Roo, existen pendientes legales que no debieran dejarse de lado, si la instancia gubernamental deja de existir; por ejemplo, los más de 600 millones de pesos utilizados en los primeros trabajos del Tren Maya, la venta irregular de terrenos, el desempeño irregular de funcionarios, entre otros muchos. 

La especulación inició hace unas dos semanas, cuando en Palacio Nacional se reunieron seis gobernadores para determinar el destino de los bienes de Fonatur. Lo primero que se difundió -de manera extraoficial- es que, tanto la comercialización de bienes, como la operación y mantenimiento de los centros integralmente planeados que ha desarrollado, deben generar recursos que ayuden también a los municipios en que se encuentran, pues hasta ahora, los gobiernos locales sólo participan de los impuestos, derechos y licencias aplicables en cada caso. 

En aquella reunión, estuvieron Baja California Sur, Víctor Castro; de Guerrero, Evelyn Salgado; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; de Quintana Roo, Mara Lezama; de Oaxaca, Salomón Jara, y de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Si el lector hace una búsqueda rápida en internet, encontrará quejas lo mismo en Los Cabos, que en Bahía de Banderas o Puerto Escondido y, por supuesto, Cancún. Y en lo nacional ¿Qué pasará con las denuncias en contra de Rogelio Jiménez Pons por predios vendidos, compras de terrenos a sobreprecio para el Tren Maya, y las 22 omisiones en el debido proceso de entrega-recepción cuando dejó el organismo? Y, antes de Jiménez Pons, se vendieron en Cancún cualquier cantidad de predios, ¿ya quedó en el olvidó el caso Tajamar? ¿Y no hay nada que seguir investigando sobre desarrollos hoteleros frenados, o en curso? No, la desaparición, como se ha planteado hasta ahora, tiene más “oscuros” que “claros.” 

Por cierto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha adelantado que las tierras que administra Fonatur se convertirían en áreas naturales protegidas para prevenir que en el futuro gobiernos se busque privatizarlos. De entrada, es un absoluto despropósito, porque las más de diez mil hectáreas en todo el país, cuentan, en los respectivos planes de desarrollo, con densidades y uso de suelo e, incluso, proyectos -en algunos casos-, ya definidos. Sí, Tajamar es el claro ejemplo de que es posible cometer delitos ambientales y salir impune, pero el proceso de transformación que se pretende, de ninguna manera es irreversible y, por el contrario, generaría un enorme retroceso. Nótese, que cada entidad tiene áreas naturales, no afirma el escribiente aseverar que no sean importantes, pero los predios de Fonatur son y, fundamentalmente, deben seguir siendo, para el desarrollo. Ordenado, por supuesto, pero desarrollo. 

Ahora bien, habrá que conocer a detalle el proyecto de desaparición de Fonatur, pero ¿de verdad no tienen nada que decir los y las gobernadores y gobernadoras? ¿en verdad esas tierras se irán a reservas y los mandatarios consideran que es lo mejor? ¿serán los gobiernos locales los responsables de dar seguimiento a los juicios y demandas interpuestas? Si esto es así, entonces, de entrada, puede inferirse que, desde la perspectiva del gobierno federal, pero sobre todo del gobierno de Quintana Roo, Cancún ya creció al límite -que, en realidad, hace años que ello ocurrió- y que todo lo que quede como tierra de Fonatur, pues será en adelante reserva… ¿y lo acatarán? En la determinación hasta ahora revelada, no caben las versiones a medias, ni las posturas ambiguas. “Estamos analizando”, no alcanza como explicación pública y, por supuesto, que en este caso en concreto, los y las quintanarroenses deben conocer los pasos evolutivos, los cambios programados y los planes a futuro. Son sus recursos, sus tierras, sus espacios y futuro, lo que se está discutiendo en Palacio Nacional.  

Y así en cada entidad, pero cada una de ellas y sus ciudadanos deberán resolver lo que corresponda. El gobierno federal ha adelantado que, el proceso de desaparición de Fonatur no concluirá antes que el gobierno de López Obrador termine; pero el mandatario federal asegura que quiere iniciarlo porque “si regresan los de antes” (¿por cierto, nota el lector que, es la primera vez, que el presidente admite públicamente la posibilidad de derrota en las urnas en 2024?) pudieran aprovecharse de esas tierras, pero parece olvidar el presidente que, en su gobierno, personajes como Rogelio Jiménez Pons, se despacharon “con la del mole”; y apunta todo a quedar en la impunidad, precisamente a partir de las determinaciones de Presidencia de la República. Al tiempo. 

COMENTARIO MORBOSO 

La gobernadora, Mara Lezama Espinosa, ya presentó su Plan Estatal de Desarrollo y actualmente se realizan mesas en los diferentes municipios, en un proceso complementario para que la ciudadanía enriquezca el documento, para aterrizar acciones de gobernanza. Hasta ahí todo bien, pero la Ley de Planeación del Gobierno de Quintana Roo estipula que los municipios también deben adecuar sus respectivos planes al documento estatal y, hasta ahora, ninguno, ha dado visos de tener una actualización. 

Más aun, hasta ahora, ninguno ha mostrado avances articulados sobre la base de un documento. Ciertamente, no todos los ayuntamientos son de la Cuarta Transformación Republicana (4T), pero, en planeación y en ley, eso no importa, la obligación existe. Y por cierto, para los que sí son parte de ese proyecto político nacional, ¿Cuándo van a comenzar a darle “rostro” a la 4T quintanarroense? La imagen presidencial los “cobija”, pero ya es tiempo de mostrar sus propias capacidades, no olvidar que, en menos de un año, la mayoría irá a pedir de nuevo el voto, para sus ansiadas reelecciones, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.