Cuando la estafa es enorme 

 ya toma un nombre decente 

Ramón Pérez de Ayala 

Por Julian Santiesteban 

Los contratos por 256 millones de pesos entregados a Jorge “El Venezolano” Brizuela Guevara, “operador” del gobernador del estado, Carlos Joaquín González; no son las únicas vías por las que se han “extraído” recursos públicos para negocios privados, pues entre marzo y agosto de 2020 se otorgaron contratos en adjudicación directa por varios millones de pesos a un ex funcionario de Puebla, Héctor Javier Arrona Urrea, con el pretexto de desarrollar estrategias para mitigar el efecto del Covid, instrumentar planes de recuperación económica y hasta “asesorar” en el diseño e implementación de la estrategia del programa Hambre Cero. Sin embargo, no existe evidencia documental alguna de que los trabajos se hayan realizado. 

En el 2020, año en que la economía local estuvo al borde del colapso por la pandemia de Covid19, Guevara Brizuela y Arrona Urrea obtuvieron contratos millonarios por adjudicación directa, el primero- se especula- huyó del país, sin pagar a las empresas que subcontrató para la instalación y operación de las llamadas Carpas Covid, una de las cuales incluso, según ha denunciado el dueño de las mismas, Víctor Salas, fue recientemente robada por personal de la Secretaría de Salud, cuando fue desmantelada del hospital Jesús Kumate en Cancún. El segundo de los “empresarios”, fue hasta el 15 de octubre de 2018 tesorero del ayuntamiento de Puebla, luego de lo cual fundó, el 21 de marzo de 2019, la empresa Gabinete de Estrategia Política y Política Pública S.C. 

Dos meses después, el 24 de mayo de 2019, la empresa fue dada de alta en el Padrón de Proveedores de Quintana Roo y, tan sólo en 2020, el año del Covid, obtuvo contratos por cuatro millones y medio de pesos, por el servicio denominado “Asistencia Técnica para la elaboración de lineamientos que permitan la reactivación de manera gradual, ordenada y responsable en el contexto de la pandemia por el virus SARS-Cov2, en el Estado de Quintana Roo.” En momentos en que todo el país avanza en la mejoría del semáforo epidemiológico y Quintana Roo ha sido señalado por ser la única entidad en color naranja por la tendencia a la alza en los casos de contagio, es importante cuestionar sobre los resultados del servicio pagado, pues además de que no existe documento público alguno que demuestre que la tarea se realizó, la entidad es la que tiene el peor desempeño en la pandemia en estos momentos. 

Héctor Arrona Urrea ha sido identificado como integrante de la llamada Estructura Maya, grupo de operación encabezado por Eukid Castañón, operador del fallecido gobernador poblano, Rafael Moreno Valle (actualmente preso por enriquecimiento ilícito, uso de recursos de procedencia ilícita, extorsión y amenazas). La función fundamental del señalado grupo fue financiar campañas electorales, y desde 2016 se especuló que entre ellas se encuentra la de Carlos Joaquín González, razón por la cual en su administración integró al gabinete a personajes de esa entidad. La labor del afortunado empresario, era la del espionaje político, según destacan medios de Puebla, desde el Centro de Análisis y Prospectiva de la Secretaría de Gobierno, en donde fue director. 

El caso es que, en Quintana Roo, Arrona Urrea ha obtenido contratos por parte de la Oficialía Mayor, tanto en el tiempo de Manuel Alamilla Ceballos, como el tiempo que la titular de Finanzas y Planeación, Yohanet Torres Muñoz, fungió a la vez como encargada de despacho de esa área, para diseñar estrategias de recuperación económica, ante la afectación del Covid; y además en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), para asesorar en el diseño e implementación de la estrategia Hambre Cero. En esa dependencia está de encargada de despacho Rocío Moreno Mendoza (originaria de Puebla, no cuenta con el tiempo de residencia en Quintana Roo, ante lo cual no ha podido ser ratificada como Secretaria. Antes, fue coordinadora de Gabinete. Ha ocupado cargos en el DIF de Oaxaca, en donde por cierto, también Arrona Urrea obtuvo un contrato en  octubre de 2019 para medir las carencias sociales ¿casualidad?). 

En los anexos de los contratos –en poder del escribiente, obtenidos por una investigación hecha para Despierta Quintana Roo Mulitmedios-, se especifica que debió diseñarse y coordinarse un taller con titulares de dependencias para la integración de lineamientos sectoriales para la reactivación, diseño de contenidos para páginas web, propuestas de contenidos para el Ejecutivo estatal, elaboración de una comparativa de mejores prácticas nacionales respecto a la reactivación económica, elaboración de propuesta para atender el impacto social del Covid, apoyo en el diseño de un plan de medidas sanitarias aplicables al transporte público; diseñar, coordinar y operar las reuniones de un grupo de expertos médicos, conformados por especialistas de SESA, IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar; entre muchas otras actividades que, evidentemente no existen, ni en la práctica, ni documentalmente, pues además los protocolos son, en su mayoría, derivados de lineamientos federales. 

Los contratos son legales, sin duda, pero ante los ojos nacionales, es claro que Quintana Roo se encuentra en el último lugar, tanto en recuperación económica como en la mejoría del semáforo epidemiológico. Es así que, independientemente de la legalidad, resulta profundamente inmoral el “exitoso negocio”; pero además, considerando los antecedentes del “beneficiario”, el espionaje político realizado, la pertenencia al grupo que impulsó gobiernos como el actual en Quintana Roo, tanto con dinero como con “operación”, y sobre todo la inexistencia documental o identificable de las “asesorías” y trabajo de gabinete que debió realizarse, es posible especular                que, el concepto facturado, fue tan sólo el pretexto para realizar labores en las cuales Héctor Arrona Urrea es experto…sí, el espionaje político. Daremos seguimiento al tema. 

COMENTARIO MORBOSO 

A propósito de los negocios  realizados con el Covid19 como pretexto, la semana anterior el escribiente entrevistó a Víctor Salas, dueño de la empresa Versatilidad Internacional, quien reveló que, por orden de la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, fue desmantelada una de las carpas Covid que estaba en el hospital general de Cancún, pero no se la regresaron, por lo que, además de que Jorge “El Venezolano” Brizuela le debe varias decenas de millones de pesos por la instalación, operación y arrendamiento de esa infraestructura, ahora se ha cometido un robo por parte de funcionarios públicos. 

Tanto la Sesa, como el gobierno estatal y el Congreso local, han hecho oídos mudos ante el millonario fraude de que fueron víctimas, dijo, pero el colmo es que, a pesar de que ya obtuvo un amparo de un juez para que le regresen la infraestructura de su propiedad, ahora comiencen a desmantelarla y robársela –porque eso es, un robo-, pues no se la entregaron. Ante eso, por cierto, tampoco hay autoridad alguna que haya respondido, a pesar de la violación a la ordenanza de un juez, ¿de verdad a ese grado llega la desfachatez institucional? 

Por lo pronto, los empresarios defraudados por El Venezolano, con la complacencia de la administración local, hay que decirlo; aseguran que no dejarán de insistir en obtener justicia, pero por lo pronto, a los agravios ahora se suma el robo de la infraestructura que instalaron para ayudar a la entidad a superar los estragos de la pandemia; qué gobernantes tan agradecidos; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.