Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir
Francisco de Quevedo

Por Julian Santiesteban

Que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegue a Quintana Roo el próximo martes 02 de junio es una magnífica noticia, pero no por la presencia en sí misma ni por los motivos que ha anunciado para su gira, sino porque dará la oportunidad a los habitantes de esta entidad y los actores públicos y políticos de recordarle sus pendientes, las promesas que hizo y que no tienen nada que ver con la pandemia, pero sí con las acciones de recuperación económica que ya era necesaria en 2018, pero que en este 2020 es urgente.

Para aliviar la deprimida economía del sur de Quintana Roo, el presidente prometió a sus habitantes que llegaría la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, que crearía la zona libre de impuestos como se determinó para toda la franja fronteriza del norte de México y hasta la llegada a Bacalar una de las estaciones y tramos del Tren Maya que ahora ha sido postergado en su inicio para el año 2022. Nada hay de avance en esas promesas. Tiempo de recordárselas y la oportunidad es imperdible.

Habrá seguramente temas diversos que abordará el presidente, como la indemnización a los ejidos del centro y sur por donde correrá el tren, el tramo carretero que pretende crearse, sus programas asistenciales que se mantendrán y hasta el de Sembrando Vida, que no se ve hasta ahora por ningún lado; pero habrá otros que hay que recordarle y no por su impacto público, sino porque fueron promesas suyas. ¿Para cuándo llegará, por ejemplo, la justicia y libertad a Mario Villanueva Madrid? Ni su ley de amnistía, ni el reconocimiento en discurso de que ya cumple los requisitos para ir a su casa le han valido al ex mandatario para alcanzar su objetivo, luego de 19 injustos años de prisión.

Sí, el mandatario federal pidió “confianza y paciencia” cuando rindió protesta para cumplir con sus promesas; pero qué mejor momento que este, ahora que en todo el país y todos los niveles de gobierno comenzarán a hablar de recuperación económica; que Quintana Roo requerirá la urgente y permanente supervisión de la reactivación de su industria turística –la más importante del país, por cierto-, para cumplir con asentar la Sectur en la entidad, para aligerar la carga impositiva en el sur. En la actual pandemia, la entidad ha perdido 80 mil empleos (en cifras oficiales, pero obviamente son más si contamos los empleos informales); si consideramos que, de acuerdo al discurso presidencial, el Tren Maya –sus primeros cinco tramos- generarán también 80 mil espacios laborales, 16 mil corresponderían al de Cancún-Tulum. Muy bien, ¿de dónde sacamos los otros 64 mil empleos?

Porque la industria turística está contraída aún, entonces hay que generar las condiciones, (de incentivos fiscales a la industria, promoción turística, ya ni hablar), pero cumpliendo los compromisos seguramente se estará camino de ello; preguntémosle pues al presidente, por cierto, los políticos presentes también pueden, no pierdan la oportunidad. Así que, magnífico que llegue el presidente; desde 2018 dijo los “qué”, ahora hay que exigirle los “cómo”, “cuándo” y “dónde”; ¡ah! Y por supuesto, temas también como el de Mario Villanueva, antes de que su libertad se convierta en bandera electoral.

COMENTARIO MORBOSO

Después de meses de declaraciones a medias y reproches a los medios de comunicación que publicaban que estaba siendo citado como indiciado en una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, reconoció en entrevista con un medio nacional que esa instancia sí tiene abierto un expediente en el que aparece como acusado.

Evidentemente, el reconocimiento de la investigación no implica a priori culpabilidad, pero es que el funcionario se ha quejado de una “campaña mediática” en su contra, cuando los periodistas han difundido que las instancias federales lo investigan, por la denuncia de sus policías y empresarios rumanos (acusados a su vez de encabezar una banda que clona tarjetas de crédito en varios países), porque en los cateos realizados por la instancia quintanarroense y por funcionarios federales, fueron literalmente robados. El monto denunciado ronda los 50 millones de pesos, entre joyas, efectivo y hasta caballos y perros de razas diversas.

Por las acusaciones de los empresarios (o probables delincuentes, según quiera verse), fueron destituidos el delegado y subdelegada en Quintana Roo, Javier Ocampo García y Bertha Cordero Reyes, respectivamente, desde septiembre de 2019; pero las investigaciones han seguido adelante y falta entonces conocer el sentido de la resolución de la investigación en contra de Capella Ibarra. Por lo pronto, también a nivel nacional, la fiscal anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos Borja, ha señalado también que la investigación por un cateo ilegal está en marcha. No son campañas mediáticas entonces, y menos ahora que hay declaraciones contundentes; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

Pd. Si el presidente encabezará la mesa de seguridad en Cancún el martes, ¿acudirá Alberto Capella Ibarra? Todos atentos.