Las promesas son olvidadas por los príncipes,  

nunca por el pueblo 

Giuseppe Mazzini 

Julian Santiesteban 

En menos de 60 días, Quintana Roo renovará sus tres poderes constitutivos, el Judicial fue apenas el primero. Ciertamente, el Ejecutivo se superpone a los otros dos por una hipertrofia que se asume como normal en la dinámica nacional; es decir, en la presidencia y gubernaturas se deposita la capacidad máxima de decisión, cuando en realidad, la impartición de justicia y la creación y ajuste de normas deben servir de contrapesos al gobierno. Así, no puede esperarse que la situación sea diferente por los próximos años, no en lo político, pero sí en lo fundamental: El desarrollo y solución de problemáticas sociales. 

El viernes anterior, Heyden Cebada Rivas fue electo, por unanimidad, presidente del Tribunal Superior de Justicia quintanarroense por los próximos 5 años. Ocurre 29 días antes de la renovación del Poder Legislativo, cuando llegue la XVII Legislatura, la segunda con mayoría de la 4T; y a un mes y dos días de que al Ejecutivo estatal llegue la primera mujer en toda la historia local en encabezarlo, Mara Lezama Espinosa. Ciertamente, el titular del Poder Judicial es el magistrado con mayor cercanía a la gobernadora, fue su colaborador y su designación se interpreta como un apoyo innegable de ella; pero lo deseable no es precisamente la lejanía, sino el abatimiento del profundo rezago que hay en Quintana Roo en materia de impartición de justicia, pues los lamentables indicadores estatales destacan que hay un 99.3 por ciento de impunidad. Es decir, de que cada 10 denuncias, menos de una tiene resolutivo de juez (sin contar la enorme cantidad de delitos que no se denuncian). Ese es el verdadero reto, no solo la profesionalización, sino la acción efectiva. 

En cuanto al Poder Legislativo, la cercanía es evidente, pero además comprensible, el Ejecutivo estatal y la mayoría integrante del Congreso llegaron al poder abanderados por los mismos partidos, comparten –se supone- el mismo proyecto político y su avance o retroceso depende de la simbiosis que logren. Son, en suma, complementarios. Lo lamentable es que, la realidad política nacional evidencia que el Legislativo está al servicio del régimen al turno y no ejerce su facultad revisora. Pero habría que decir, además, que el reto principal, en el corto plazo, ajustar el presupuesto, acorde al desempeño y en proporción con las demás entidades federativas. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha evidenciado que el Congreso quintanarroense es el más caro per cápita del país, pero además, con presupuestos más elevados con respecto a entidades que tienen el mismo número de legisladores. Siguiendo el discurso de austeridad republicana –o pobreza franciscana- del presidente Andrés Manuel López Obrador, es lo menos que debe ocurrir. 

Es acaso al Ejecutivo, al que le tocará la más difíciles de las tareas, pues los otros dos, en la “obediencia” pueden encontrar pretexto –que no justificación- para su circunstancia. El Ejecutivo, en contraparte, tendrá que asumir el respeto a los Poderes, aun cuando, en términos reales, están a su disposición. Deberá entender que, así como los otros dos se arropan en la obediencia para pretextar su carencia de resultados, el desprestigio de los tres lo arrastra el Ejecutivo. Si el Ejecutivo solicita endeudamiento, el Legislativo obedece. Si el Ejecutivo instruye para que se hagan nombramientos que, en estricto sentido legal, les corresponde a los diputados hacer, estos obedecen a pie juntillas. Con los presupuestos, con la creación o supresión de áreas de la administración pública. Si el Ejecutivo lo pide, los otros dos obedecen. 

Y entonces ¿cuál es la tarea más complicada si ya tiene a los otros poderes rendidos? Gobernar para bien. Tomar decisiones con la mira puesta en el beneficio colectivo y no grupal.  Que la guía de actuación sea la necesidad social y no un lema partidista. Que la moderación sea regla, no excepción. Que la “honrosa medianía” juarista sea por convencimiento y no por imposición. Y, sobre todo, que todo lo plasmado en este párrafo, sea una realidad de los gobiernos por venir, y no sólo un discurso. Alcanzar la moderación como regla, porque cuando los contrapesos no existen, los excesos son lo más sencillo de realizar, por algo el dicho del político inglés Lord Acton: “El poder absoluto, corrompe absolutamente”, que no ocurra, es la oportunidad histórica que, hasta ahora, se ha desairado. 

COMENTARIO MORBOSO 

Quintana Roo es el estado del sureste con mayor cantidad de habitantes sin agua potable, así lo reveló el Informe Anual sobre Situación de la Pobreza y Rezago Social de la Secretaría del Bienestar. El dato es contundente y preocupante, particularmente porque, en los últimos años, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) realizó esfuerzos constantes en la gestión de recursos para mantenimiento y construcción de infraestructura, pero en una entidad que tiene un crecimiento muy por encima de la media nacional, parece que la única opción es la generación de mayores ingresos propios. 

Pues bien, aunque desde las elecciones de junio los pobladores del municipio Benito Juárez e Isla Mujeres determinaron, en la primera consulta pública, que el estado debe rescindir la concesión a la empresa Aguakán para la prestación privada del servicio de agua potable, hasta ahora, a menos de un mes de que tome protesta la XVII Legislatura, entre cuyos integrantes se encuentra quien  promoviera dicho ejercicio, la hoy diputada local, Marybel Villegas Canché, hasta ahora se ha mantenido el más absoluto de los silencios sobre el camino a seguir, sobre todo considerando que ahora es una obligación legal la revocación –por cierto, al costo que implique.- 

La carencia de recursos, pero sobre todo, la marginación en que se mantienen más del 10 por ciento de la población local, que no tienen siquiera agua en sus viviendas, debiera ser aliciente suficiente para tomar los recursos que se generan en el norte del estado y, con ello, lograr una redistribución equitativa que genere desarrollo en todo Quintana Roo… porque el beneficio social, y no las coyunturas electorales, son la motivación para ese tipo de ejercicios… ¿o no? Si no hay dinero, ahí tienen una fuente potencia de ello, aunque primero deban  ganar el litigio, indemnizar a la empresa y tomar el control… “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, menos al que se quiere gobernar en dos años; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.