Por Fernando Manzanilla

Desde el inicio de la operación del sistema de parquímetros en la ciudad de Puebla, se ha generado el debate sobre la conveniencia o no de este cobro que realiza el Ayuntamiento a los vehículos que se estacionan en las principales calles del Centro Histórico.

Fue en junio de 2022 que las autoridades municipales anunciaron el inicio de operaciones de este sistema como una medida que permitiría -según sus argumentos- mejorar el tránsito vehicular en el centro de la capital del estado, además de proporcionar una mayor seguridad, mejor atención a los visitantes, así como incentivar la reactivación económica y erradicar la presencia de los llamados “franeleros”.

El programa arrancó con tarifas que permitían hacer uso de los espacios sin tener que pagar la primera hora. Sin embargo, esta “promoción” dejó de estar vigente a partir del 1º de enero del presente año, en el que se empezó a cobrar desde el primer minuto de uso.

Es una realidad que, a pesar de lo prometido por la administración municipal y a más de un año de la operación de este sistema, cada vez se vuelve más complejo visitar el centro de la ciudad, no sólo por la gran cantidad de automóviles que circulan en él, sino por el comercio ambulante, las obras, así como por el riesgo de hacerte acreedor a una cuantiosa multa ante la falta de claridad de la operación de los parquímetros.

Basta saber que el Ayuntamiento de Puebla obtiene mayores ingresos por las multas que aplica por hacer mal uso del sistema de parquímetros que por el uso correcto. Tan sólo de enero a septiembre de este año la Tesorería municipal recaudó 18.4 millones de pesos por infracciones, en contraparte a los 16.5 millones que obtuvo por la ocupación adecuada de los cajones de estacionamiento en la vía pública.

En este sentido es que la propia Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla) promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y obtuvo un fallo a favor, por unanimidad de votos, que permitió declarar que el cobro por estacionamiento establecido en el artículo 57, fracción XI, de la Ley de Ingresos del municipio de Puebla para el ejercicio 2023 resultaba “violatorio de los principios de seguridad jurídica y legalidad

tributaria”.

A pesar de esta resolución, que dio como resultado -a finales del mes de septiembre- la prohibición al Ayuntamiento de realizar el cobro o imponer multa alguna por la ocupación de espacios para el estacionamiento de vehículos, el Congreso local, en fechas más recientes, aprobó las modificaciones al programa de parquímetros que permitirían reiniciar sus operaciones.

La CDH Puebla ha sido muy clara en manifestar que, a pesar de las modificaciones que efectuó el Ayuntamiento y envió a la Comisión de Hacienda del Congreso del estado, no se subsanan las observaciones realizadas por la SCJN en materia jurídica y tributaria sobre el cobro de parquímetros.

Es por ello que si bien, actualmente, aún no se reactiva el cobro, ya que se está en espera de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, la CDH Puebla anunció que nuevamente impugnará esta resolución por los vicios de inconstitucionalidad que presenta.

Ante este escenario, el Ayuntamiento ha preferido hacer oídos sordos a los llamados del órgano constitucional autónomo que defiende los derechos humanos de la ciudadanía y, por el contrario, el propio presidente municipal ha dicho que extenderá el programa a más calles del centro, debido a que -según sus argumentos- “la propia ciudadanía se lo ha pedido”.

Mientras tanto, será la ciudadanía la que siga pagando los platos rotos y desembolsando los millones que entrarán a las arcas municipales, sin obtener los beneficios prometidos.

No queda más esperar a que sea la SCJN la que tenga la última palabra y determine si el programa de parquímetros opera en Puebla en la legalidad o si se requieren modificaciones de fondo en beneficio de las y los poblanos.