Por: ENRIQUE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

En muchas ocasiones he mencionado casos de juzgadores federales que con sus resoluciones enfadan al presidente de la República y sobre ellos se piden, desde Palacio Nacional, investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y de los órganos de disciplina del Consejo de la Judicatura Federal.

Estos jueces dictan medidas precautorias ante leyes que vulneran nuestra Constitución, a costa de campañas para desprestigiarlos y ponerlos en el blanco de las insidias ideológicas.

Pero dentro del Poder Judicial de la Federación hay de todo, también hay jueces que por el contrario se convierten en los favoritos de la Fiscalía General de la República a golpe de decisiones que muestran un patrón de conducta ideal para una investigación.

En estos casos no hay recriminaciones públicas, tampoco reproches encendidos o campañas de desprestigio desde el gobierno o la oficina de Alejandro Gertz Manero, conocido entre otras cosas por el hostigamiento que ejerce contra quienes afectan sus intereses en litigio.

Si analizamos este contexto reactivo dentro del gabinete y del propio Gertz, que al menos en una idealista teoría debería ser independiente, es evidente un factor común característico de la 4T: elogian o hacen pasar desapercibidos en sus campañas de odio a quienes los favorecen y despedazan a los que no se doblegan.

El ejemplo más fresco en la agenda nacional fue la inédita, inconveniente y peligrosa declaración del almirante José Rafael Ojeda Durán.

Nunca antes en la historia moderna de México se había escuchado una afirmación para generalizar una descalificación tan delicada por parte de un secretario de Marina: “Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial” (sic).

Viniendo de un integrante de las Fuerzas Armadas de tan elevada jerarquía, aludir a los juzgadores federales en calidad de enemigos tiene una connotación que colisiona con los principios que Ojeda Durán juró proteger.

El respeto institucional que había distinguido a la Armada de México frente a los otros Poderes de la Unión quedó lastimado y, en medio del torbellino, tenemos una descalificación más, que caló profundo en la Suprema Corte de Justicia y la Judicatura Federal.

Las palabras del almirante hicieron ineludible una respuesta del ministro Arturo Zaldívar, que llegó minutos después a través de sus redes sociales: “La función de los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia”.

Con este prólogo vale la pena dedicarle unas líneas al juez de Distrito en Materia Penal Iván Aarón Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, dentro del Segundo Circuito Judicial.

En un tiempo récord, el juzgador ha dado grandes satisfacciones a la Fiscalía General de la República con sus órdenes de aprehensión sobre casos de interés particular para Alejandro Gertz que respaldan sus persecuciones. El caso de Cruz Azul y Billy Álvarez, litigios de las empresas factureras, la llamada Estafa Maestra y las causas del ex oficial mayor de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, así como las órdenes de aprehensión contra integrantes de la familia Jenkins de Landa para fustigar a la Fundación Merry Street Jenkins.

Estas son solo algunas de sus notorias intervenciones en el año reciente, sin embargo el caso más espectacular en la agenda nacional es la orden de aprehensión contra Francisco Javier Cabeza de Vaca, pasando por encima de una determinación del ministro Juan Luis González Alcántara, que con claridad estableció que el gobernador de Tamaulipas podría ser detenido hasta que concluya su mandato.

Es decir, además de ser muy generoso con Gertz, el juez Zeferín Hernández desafió a un ministro de la Corte para ordenar la aprehensión, a pesar del fuero que mantiene.

Zeferín Hernández se ha ganado el aprecio de la Fiscalía General de la República y también el salvoconducto para no ser señalado negativamente por sus decisiones, como ha pasado con algunos de sus colegas que han tenido el atrevimiento de propinar duros reveses al gobierno federal.

Iván Zeferín Hernández es juez de Distrito desde 2015, fue ratificado hace tres meses por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal que preside Loretta Ortiz Ahlf, quien asumió esa posición a propuesta de Andrés Manuel López Obrador.

Pero además sabemos, por su currículum oficial, que el juez preferido de Gertz fue agente del Ministerio Público de la Federación y trabajó en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la entonces PGR.

Solo los mal pensados deducirían que es el perfil idóneo de un auténtico “caballo de troya”.

Sobre él jamás se ha escuchado queja alguna en la conferencia mañanera, ni reclamo del fiscal que se le fue encima al ministro González Alcántara Carrancá. Con espíritu estrictamente institucional, valdría la pena para atajar suspicacias que el Consejo de la Judicatura revise el patrón de diversas órdenes de aprehensión giradas por el juez Zeferín, algunas de ellas presuntamente violentando los principios de cosa juzgada, propiciando un doble juzgamiento e incluso desconociendo definiciones claras de un ministro del Tribunal Constitucional. 

Para concluir vale una analogía muy coloquial. Si camina como ganso, grazna y se comporta como tal, es altamente probable que estemos frente a un ganso.

EDICTOS

De acuerdo con el ranking de las mejores universidades privadas de México, que realiza anualmente el periódico El Universal, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se lleva el primer lugar de esta distinguida lista, destacando particularmente las carreras de actuaría, estrategias financieras, contaduría, administración de empresas y mercadotecnia.

El patronato en el que participan Margarita, Juan Carlos y María Elodia Jenkins de Landa ha hecho las cosas bien para darle nivel de excelencia a esa institución. Para quienes hablan de supuestos “desfalcos” y “fraudes” en la Fundación Jenkins, este primer lugar debió ser una bofetada con guante blanco.

Decía el sabio filósofo Marco Tulio Cicerón; “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes”.

Con la erudición del pensador que trasciende a los siglos, refiero la irresponsable mezquindad de quienes dentro de Morena anticipan fraude si los resultados electorales no les favorecen. Haciendo gala de su autoritarismo, Mario Delgado, líder nacional del partido en el poder, anticipa la estrategia para desconocer cualquier resultado emanado del Instituto Nacional Electoral (INE) que no sea de su agrado, la misma institución que validó y contabilizó los votos para su triunfo aplastante en 2018.

Esta incontinencia verbal, muestra los temores reales ante el inminente voto de castigo que podría arrebatarles varias gubernaturas y la mayoría de curules en San Lázaro.

Faltan nueve días para la elección y ¿usted ya razonó su decisión?