Caracas (PL) La economía venezolana, respaldada en su gestión por las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial, coloca entre las prioridades de la agenda nacional la soberanía sobre los recursos naturales.
En efecto, la existencia de inventarios por 298 mil 353 millones de barriles resulta un elemento esencial en los programas de desarrollo que adelanta el gobierno, con énfasis en acciones para favorecer la inclusión social.
Toda estrategia en ese ámbito se sustenta en la política de Plena Soberanía Petrolera, lanzada por iniciativa del fallecido presidente Hugo Chávez, la cual devolvió al pueblo la soberanía sobre un enorme potencial de hidrocarburos que dejó de servir a los intereses de grandes transnacionales.
A manera de ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Ramírez, señalo que en el periodo comprendido entre 1999 y el 2013 el 64 por ciento de los ingresos procedentes del oro negro se destinaron a sostener el desarrollo, lo que ha tenido un impacto significativo en el pueblo venezolano.
Además, el aporte de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para corregir los desequilibrios sociales alcanzó un monto consolidado de 207 mil 913 millones de dólares.
Como antecedente, cabe mencionar que en los años 90 del pasado siglo ganó espacio la modalidad de convenios operativos, los cuales escondían en la práctica concesiones petroleras bajo el esquema de contratos de servicios.
Las regulaciones vigentes en ese momento consideraban la posibilidad de negocios de ese tipo que ayudaran a Pdvsa en sus funciones, sin que ello implicara la adquisición de derechos sobre las reservas de crudo.
Sin embargo, con esa concertación la estatal entregó a terceros las actividades de prospección y producción, las cuales estaban reservadas por la ley a las empresas del Estado.
La justificación de los convenios operativos estaba en que con ese paso se garantizaba la explotación de campos marginales en estado de abandono o inactivos, si bien en su aplicación se llegó al traspaso de yacimientos productivos.
Frente a ello, el ejecutivo impulsó la migración a la figura de empresas mixtas de los antiguos convenios operativos, bajo el principio de que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen al Estado y son bienes del dominio público.
Además, su funcionamiento ocurre bajo las normativas de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, donde se señala que las actividades de exploración y producción de petróleo y gas podrían ser realizadas por «empresas donde tenga el control de sus decisiones, por mantener una participación mayor del 50 por ciento del capital social».
En la continuidad de esa línea, Venezuela logró un fallo a favor del país en el diferendo legal contra la transnacional Exxon Mobil, emitido por un órgano internacional de arbitraje.
Precisamente, la citada empresa rechazó la opción de sumarse a la iniciativa propuesta por el gobierno venezolano y en su lugar, lanzó reclamos que alcanzaron hasta los 12 mil millones de dólares por concepto de indemnización.
En sus pretensiones, la transnacional llegó incluso a acudir a mecanismos legales para congelar activos de Pdvsa en el extranjero, lo cual se evitó de manera oportuna.
En lugar de esa cifra, considerada desproporcionada por las autoridades, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) estableció el pago de mil 591 millones de dólares como compensación por los antiguos proyectos Cerro Negro y La Ceiba.
La batalla legal por siete años mostró los continuos ataques de la Exxon Mobil a la política de Plena Soberanía Petrolera, además de acudir a reclamos absurdos susceptibles de llevar a la destrucción de las economías de muchos países y al colapso del sistema de derecho internacional.
De manera adicional, el Gobierno aseveró que evaluará aquellos instrumentos, contratos y acuerdos firmados antes de 1999 que requieran discusión en tribunales internacionales.
La cancillería señaló que este tipo de mecanismo no se aceptará más en el marco de la concertación de negocios en asuntos vitales como el manejo de los recursos naturales, en especial el petróleo.
En su lugar, existe la opción de apoyar la creación de un espacio propio en la Unión de Naciones del Sur (Unasur), con vistas a debatir con los inversionistas extranjeros.