La burocracia en los países latinos parece que
se ha establecido para vejar al público
Pío Baroja

Las cinco magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Quintana Roo se convirtieron en el “botín” más preciado para funcionarios y ex funcionarios públicos, pero en general los aspirantes hacen evidente la voracidad de una clase política acostumbrada a vivir del erario, más que la búsqueda de una profesionalización en la administración pública y un avance sustancial en el combate a la corrupción.

Consejeros y ex consejeros electorales; ex subsecretarios de gobierno, ex diputados, ex sub procuradores de Justicia, ex magistrados electorales, el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ex subsecretarios de Hacienda, asesores de los actuales diputados locales, y muchos cargos más, ostentan los 75 aspirantes registrados ante el Congreso local, que no hará más que aprobar las ternas enviadas desde el Ejecutivo estatal, pero sean quienes sean los designados, no hay prácticamente ninguno que se salve de tener un “pasado” en la administración pública quintanarroense.

Las designaciones las hará la comisión permanente del Legislativo después del 15 de diciembre, pero vaya que la amplia lista de aspirantes destaca no por lo abultada de lo misma, sino por la “calidad” de ex funcionarios de que se trata, bueno, entre ellos están incluidos incluso aquellos que fueron artífices del llamado “paquete de impunidad” que la XIV Legislatura aprobó para evitar que el ex gobernador Roberto Borge Angulo fuera alcanzado por la justicia, y aunque las normatividades fueron modificadas, los diseñadores de aquellas reprobables leyes buscan ahora impartir “justicia administrativa”, vaya contradicción.

Y aunque al Legislativo local solamente le tocará aprobar o desaprobar las “propuestas” que lleguen desde el Poder Ejecutivo, lo interesante es que no hay mucha opción de “cruzar el pantano sin mancharse el plumaje”, pues es lo que hay, son los que se inscribieron para obtener uno de los cinco cargos, pero hay casos, como los enumerados, que verdaderamente resultan preocupantes, pues si son esos los seleccionados para impartir justicia administrativa, ¿se imagina qué clase de labor será la desempeñada?

No es que no haya personajes rescatables, a lo menos una decena de los 75, ojalá se tenga el tino para seleccionarlos, aunque en la administración pública –casi siempre- termina optándose por los “colmillos retorcidos” que por las almas impolutas; se escogen siempre a los más “allegados”, pero no necesariamente a los mejores perfiles… Al tiempo.

COMENTARIO MORBOSO

Que la reforma propuesta por la diputada Eugenia Solís Salazar, a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) fue una simulación que ya fue detectada desde las altas esferas de la política local, pues el objetivo real era cerrarle el paso a algunos de los aspirantes a presidir dicho órgano a partir del próximo año.

Pero eso no es todo, según trascendió, otro de los objetivos de la legisladora es impulsar a la presidencia de la Cdhqroo al actual segundo visitador de la zona norte de ese organismo, Luis Fernando Medina; pero una vez que la “jugarreta” ha sido descubierta, la reforma permanecerá en comisiones, por lo menos, hasta después de que el o la próxima titular del organismo sea nombrado a finales de enero próximo.

Queda claro entonces que “alguien” intenta hacer jugadas políticas a espaldas de los verdaderos decisores en la materia, habrían de tener cuidado, en política la “muerte” llega por el error más nimio, y la “vida” se mantiene siempre que se siga siendo “útil”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la Próxima.