Washington (PL) Cuando el presidente Donald Trump asumió su cargo el pasado 20 de enero, Estados Unidos y Cuba llevaban más de dos años en un proceso de acercamiento mediante el cual se alcanzaron hasta entonces 22 instrumentos bilaterales.
Desde que el presidente cubano, Raúl Castro, y su entonces homólogo norteamericano, Barack Obama, anunciaron la decisión de restablecer los vínculos diplomáticos y buscar una normalización de los nexos entre ambos países, las dos naciones dieron algunos pasos hacia un vínculo inédito en más de 50 años.
Como resultado se reinauguraron las embajadas de los dos países en sus respectivas capitales, aumentaron los intercambios en áreas como la cultural, académica y científica, y se disparó el número de visitantes estadounidenses a la isla, pese a la continuación de restricciones de Washington que evitan el turismo.    El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos continuó en vigor todo ese tiempo, sobre todo porque su levantamiento corresponde al Congreso, pero Obama eliminó algunas de sus prohibiciones y por primera vez en la historia este país se abstuvo en la votación en la ONU que condena tal política.
A casi 11 meses de la llegada de Trump al poder, el panorama es muy diferente: muchos pasos de la administración previa fueron revertidos, se redujo en gran medida el personal diplomático en las dos embajadas, y la Casa Blanca volvió a defender y endurecer el cerco contra la isla.

EL ANUNCIO DE FLORIDA: CANCELAR LA DECISIÓN DE OBAMA

Preguntado en su etapa como precandidato presidencial republicano sobre su criterio acerca de la nueva política de Obama hacia Cuba, el republicano indicó que se debería «haber hecho un mejor trato», pero consideró que el concepto de la apertura con la nación caribeña estaba bien.
Sin embargo, el Trump presidente que se presentó el pasado 16 de junio en un teatro de Florida para anunciar el rumbo de su administración con respecto al territorio vecino se mostró muy distante de aquel.
«Con efecto inmediato, estoy cancelando el trato completamente unilateral de la última administración», expresó ese día en la ciudad de Miami ante un grupo poco representativo de cubanos a los que el mandatario se dirigió como si encarnaran a todos los nacidos en la isla.
A pesar del pronunciamiento de numerosos sectores favorables al acercamiento bilateral y; aun cuando sondeos sobre el tema mostraron el apoyo mayoritario del pueblo estadounidense a ese camino, firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba.
Tal documento anunció futuras restricciones a los viajes de los norteamericanos al territorio caribeño y más obstáculos para las transacciones económicas, comerciales y financieras entre los dos países.
En un discurso marcado por numerosas demandas injerencistas, el jefe de Estado ratificó la vigencia del bloqueo y apuntó que era en apoyo al pueblo cubano, algo contradictorio cuando la mayoría de los habitantes de la mayor de las Antillas apoyaron la apertura bajo Obama.

PRETEXTOS DE CIENCIA FICCIÓN

Mucho antes de que entraran en vigor las medidas anunciadas por el presidente en Miami, comenzó otro capítulo de las relaciones entre los dos territorios que ha tenido tintes de sensacionalismo, misterio, y algunos llegaron a tildar de ciencia ficción, pero que provocó un mayor retroceso en los nexos.
En agosto pasado, la prensa norteamericana difundió que diplomáticos de su país en la embajada en La Habana reportaron una serie de incidentes de salud que obligaron a su salida de la isla y a evaluación por parte de personal médico en Estados Unidos.
Tras conocerse esa noticia, y sin que se supieran las causas de los síntomas reportados ni detalles de lo sucedido, varios medios estadounidenses divulgaron la teoría de que estas personas fueron víctimas de algún tipo de ataque sónico.
Aunque en un primer momento el Departamento de Estado se refirió al hecho como incidentes de salud, luego también comenzó a emplear el término de ataques, pese a reconocer que los investigadores encargados de analizar el tema no habían podido llegar a conclusiones sobre qué provocó los problemas de salud.
El asunto fue aprovechado de inmediato por figuras opuestas al acercamiento como el senador republicano Marco Rubio, quien junto a otros cuatro miembros de la Cámara alta envió una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, en la que le pidieron cerrar la embajada en La Habana y expulsar a los diplomáticos cubanos de Washington DC.
Aunque Cuba manifestó repetidamente no tener responsabilidad en los hechos y cumplir de manera responsable con lo establecido por la Convención de Viena de 1961 acerca de la protección de diplomáticos, el 29 de septiembre el Departamento de Estado dio a conocer la retirada de más de la mitad de su personal en la nación antillana.
Junto con esa acción, anunció que se suspendía la emisión de visas en la isla, y publicó una Alerta de Viajes en la que recomendó a los ciudadanos norteamericanos evitar las visitas al país caribeño.
Esas decisiones, calificadas de excesivas por miembros del Congreso y algunos sectores estadounidenses, fueron seguidas el 3 de octubre por la expulsión de 15 diplomáticos cubanos de esta capital, aun cuando la parte norteamericana reconoció la cooperación de Cuba en la pesquisa sobre lo sucedido.

NUEVA DEFENSA DEL BLOQUEO Y LAS ESPERADAS MEDIDAS

Del mismo modo que ocurrió en 2016, un total de 191 países apoyaron el 1 de noviembre en la Asamblea General de la ONU la resolución que Cuba presenta anualmente contra el bloqueo de más de 55 años de vigencia, pero, a diferencia de entonces, Washington volvió a su tradicional política de votar contra ese proyecto.
La embajadora norteamericana, Nikki Haley, hizo alusión a presuntas violaciones de los derechos humanos para explicar el mantenimiento del cerco causante de numerosos daños al pueblo que dijo apoyar en su discurso, y Estados Unidos volvió a quedar solo en esa posición, con el único respaldo de su aliado Israel.
Una semana después llegaron las esperadas regulaciones anunciadas por Trump en junio, cuando los departamentos de Estado, Comercio y el Tesoro dieron a conocer la adopción de «acciones coordinadas».
A partir del 9 de noviembre último, las personas sujetas a la jurisdicción norteamericana tienen prohibido realizar transacciones financieras directas con unas 180 entidades y subentidades cubanas, entre ellas cinco grupos empresariales, 83 hoteles, dos agencias de viaje y cinco marinas.
Los viajes, en tanto, solo están permitidos para las 12 categorías existentes desde antes, pero se eliminaron las visitas educativas individuales «pueblo a pueblo» sin carácter académico, y las estancias deben realizarse bajo los auspicios de una organización que esté al alcance de la jurisdicción estadounidense.
Mientras algunos legisladores contrarios al proceso de normalización de relaciones celebraron las nuevas restricciones, y otros como Rubio llegaron a decir que debían ir más lejos, varios miembros del Congreso y sectores económicos las rechazaron.
Del mismo modo que ocurrió con otras medidas adoptadas por la administración de Trump con respecto a Cuba, muchas voces se alzaron en contra de esos pasos y condenaron su carácter político, destinado a complacer a un grupo de miembros del Congreso.
«Nadie gana con esta nueva política terrible, es simplemente punitiva. Daña a estadounidenses y cubanos por igual», señaló al respecto la congresista demócrata Barbara Lee.