Los buenos gobiernos se conocen cuando lo que hacen vale más que lo que sus opositores dicen
Antonio Maura y Montaner

El gobierno federal recortó en todo el país los recursos destinados a proveer de agua potable y alcantarillado a los ciudadanos mexicanos, la alerta se lanzó desde noviembre de 2016 y no hubo gobierno estatal que reclamase tal situación, pues prácticamente todos mantienen adeudos diversos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –Quintana Roo debe aún 70 millones de pesos. A esa instancia deben pagar para poder obtener financiamiento para obras, pero en todo 2017 eso no ocurrirá.

Desde diciembre de 2016 lanzamos la alerta en A Tiro de Piedra, señalando que la situación era –y fue- tan grave, que expertos en el tema señalaron que dicho recorte para mantenimiento y ampliación de cobertura de redes, así como para determinar y mantener la calidad del agua alcanzan el 72 por ciento, con respecto a los recursos que las entidades recibieron en 2016.  En concreto, para el caso de Quintana Roo no se tendrán siquiera recursos para reparar las 900 fugas mayores de agua localizadas tan sólo en el municipio capitalino de Othón P. Blanco.

Luego entonces  ¿con qué recursos se repararán los miles de fugas en toda la entidad, que hace que se pierda por lo menos el 50 por ciento del agua potable en todo el estado?; ¿los diputados quintanarroenses renunciarán a sus lujosas camionetas, viviendas o vales de gasolina para entregar los 51 millones de pesos necesarios para dotar de agua a comunidades como San Antonio Soda? Porque apenas iniciada su gestión, el 13 de septiembre de 2016 específicamente, ellos aprobaron la entrega de los recursos, pero ahora resulta que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) carece de ellos, y los pobladores de aquel lugar siguen esperando.

Aún más, en diciembre del año pasado, adelantamos que la situación para la CAPA en este año sería tan severa, que lo único que podría rescatar a la paraestatal –y con un poco de esfuerzo hasta para beneficio de los ciudadanos, serían los ingresos propios que tuviera. Ahí la explicación si usted nota un “endurecimiento” en el cobro de adeudos o la cartera vencida. Es que necesitan completar el sueldo de su director, Gerardo Mora Vallejo, y toda la burocracia.

Si lo anterior no le fuera suficiente, recordará el lector que el gobierno               quintanarroense ha concesionado prácticamente todo el norte de la entidad a la empresa Aguakán, para que realice el cobro del servicio de agua potable, y el actual gobierno estatal y particularmente el municipal de Solidaridad, se comprometieron a revertir dicha concesión por considerarla irregular, pues para lograrlo la empresa entregó más de mil millones de pesos como pago, dinero que simplemente desapareció de las arcas; pues bueno, ahora resulta que ya el gobierno estatal no ha dicho nada absolutamente de la reversión de la concesión, y el municipio solidarense, a cargo de Cristina Torres Gómez, ahora hasta realiza actividades –las del DIF, por ejemplo- en conjunto con la concesionaria. ¿se imagina por qué? Exacto, por los recursos que entrega.

Mientras tanto, el municipio de Puerto Morelos exigió y logró la creación de un organismo municipal de CAPA, para que Aguakán ya no opere ahí; sin embargo, la empresa se amparó de nuevo y el gobierno estatal como que no le anda “echando muchas ganitas” para apoyar al municipio ¿será también por “el maicito” de la empresa que insiste en mantener el “negocio”? conste que es pregunta.

Aguakán, aunque representa cobros gravosos para la ciudadanía, para los gobiernos se ha convertido en un “aliado” al que antes despreciaron, en esta columna adelantamos desde 2016 que la promesa de campaña no se cumpliría, y parece que la carencia de recursos les dio el pretexto perfecto; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.