La Habana, 19 nov (PL) Es imposible combatir hoy la desigualdad en América Latina, sin abordar el reto de la distribución de la tierra y su relación con los derechos de las poblaciones más pobres y excluidas de la región.
En efecto, la distribución de la tierra es un problema estructural, incluso histórico, en América Latina, un factor que a lo largo del tiempo, como ningún otro, ha provocado guerras, desplazamientos, conflictos sociales, hambre y desigualdad.
Esta situación ha sido ampliamente denunciada por la entidad Oxfam, conglomerado de organizaciones no gubernamentales progresistas que lleva más de medio siglo apoyando a comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus terrenos y territorios.
» La tierra para quien la trabaja» reivindicaba Emiliano Zapata durante la revolución mexicana sobre un recurso natural cuya desigual e injusta posesión causó y origina todavía disputas armadas en otros países, lo cual marcó el comienzo del Movimiento Sin Tierra en Brasil, en 1970.
Según Oxfam, la extrema desigualdad en el acceso y control de la tierra es uno de los grandes problemas sin resolver en la región, al mismo tiempo causa y consecuencia de estructuras sociales enormemente polarizadas y niveles intolerables de pobreza y desigualdad económica y social.
Esto último constituye uno de los mayores lastres que impiden a las sociedades del área alcanzar el desarrollo sostenible y supone un obstáculo para su bienestar.
Es así que en la región 32 personas privilegiadas acumulan de conjunto la misma  riqueza que los 300 millones más pobres, lo cual está íntimamente relacionado con la posesión de la tierra, pues los activos no financieros representan más del 60 por ciento de la riqueza total.
No pocos investigadores coinciden hoy en los estrechos vínculos entre las disparidades en la distribución de ese recurso y el subdesarrollo.
Por ejemplo, la extrema concentración en pocas manos de ese elemento necesario para la producción agrícola, frena el crecimiento económico a largo plazo, afecta la calidad de las instituciones públicas, comprendidos los sistemas educativos.
En contraste, como demuestran estudios comparativos entre países, una mejor repartición de la propiedad de la tierra conduce a mayor productividad agrícola, la mejora de los ingresos de la población rural y el crecimiento económico en general.
Los expertos concuerdan en que la disputa por ese recurso, lo es al mismo tiempo por el poder político, ya que élites coloniales impusieron un sistema de enriquecimiento basado en el latifundio y la explotación laboral, y sentaron los pilares de una acumulación que perdura en las sociedades rurales latinoamericanas.
De acuerdo con Oxfam, transformar la estructura de la tenencia significa enfrentar ese poder y alterar un orden rural más cercano al feudalismo que a una democracia moderna, y donde se subvalora, explota y discrimina a quienes trabajan la tierra, una verdadera rémora para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030 relacionados con la pobreza y el hambre.
Probablemente ello explica por qué procesos de reforma agraria emprendidos en no pocas ocasiones, no han logrado una transformación duradera en la posesión de la tierra.
Estadísticas internacionales demuestran que América Latina es actualmente la región más desigual en cuanto a la distribución de la tierra.
El coeficiente de Gini para ese recurso -un indicador entre 0 y uno, donde el uno representa la máxima desigualdad-, así lo evidencia: un 0,79 para el conjunto de la región, un nivel de concentración muy por encima de los de Europa, Asia o África, todos con menos de 0,58.
La tierra es el principal activo, cuando no el único, que poseen millones de hogares rurales en el área y puede marcar la diferencia entre la subsistencia y la pobreza extrema.
Sin duda, su acceso y control seguro mediante una justa distribución, es condición indispensable para el desarrollo económico y social.