Durante la administración pasada del ayuntamiento municipal de Saltillo, se había vislumbrado una esperanza para la ciudadanía en donde a principio el concepto de mejorar la calidad del transporte público parecía un sueño que se convertiría en una realidad.

Una realidad que no terminó de aterrizar, porque estaba en sus últimas semanas la administración priísta para entrar una nueva, pero con otro color de bandera en donde los panistas tendrían nuevamente una oportunidad más para convencer a los saltillenses de que fue la mejor opción.

Sin embargo, con base en la corrupción y la prepotencia, el gremio coahuilense del transporte público urbano, magnifica y afianza su pésima imagen cada vez que ven una oportunidad de debilidad en el ayuntamiento o estado de confusión.

Se trata de una agrupación que representa a más de 20 mil camiones, combis, microbuses y aproximadamente a más de diez mil taxis, que circulan a diario por las principales comunidades protegidos por una ley de tránsito obsoleta, ambigua, incompetente por ser letra muerta que lleva décadas empolvándose.

Por años han permitido a los concesionarios del transporte hacer de las suyas, con la complicidad y el apoyo de los funcionarios municipales que en distintas épocas han tenido a su cargo los lucrativos departamentos de Vialidad y Transportes.

Como resultado de esa confabulación, la mayoría de los concesionarios y sus favorecedores se han enriquecido de manera ilícita, sin importarles mínimamente la calidad del servicio y menos aún la importancia e irritación de la ciudadanía.

La entrega a diestra y siniestra de permisos, el acaparamiento de concesiones a nivel de monopolio, el tráfico de placas y el tradicional incumplimiento de mejorar el servicio y el estado mecánico de las unidades son algunas de las anomalías que caracterizan al transporte público, no solo de Coahuila sino en todo el país.

Respaldadas por la presión que ejercen contra los gobiernos municipales, las centrales obreras CROC, CTEM, entre otras gozan de la influencias que significa pertenecer al Partido Revolucionario Institucional. Otro tanto hacen los partidos  de oposición, que también han aprendido a saborear las mieles de la impunidad.

De esa forma existen miles de unidades que circulan sin placas y unas otras sin documentos que acrediten su introducción legal al país y no se diga de los taxistas que trabajan bajo el amparo de la “vista gorda” de los agentes de tránsito, a pesar de que no han cubierto el pago de los derechos vehiculares.

Por si esto fuera poco, se estima que cuando menos el 90 por ciento de los choferes carecen de licencia para conducir, en tanto que la mayoría ni siquiera tienen aptitudes teóricas y prácticas que avalen su buena conducta y desempeño al frente de las unidades.

Pero ello no es ningún impedimento para que los concesionarios aparezcan públicamente con actitudes amenazadoras cuando no ven satisfechas sus demandas de aumento de tarifas paralizando simplemente el servicio de transporte si no hay aumento y no falta el bloqueo de calles para presionar aún más, sin poder faltar el típico plantón frente a la presidencia municipal o cualquier otra institución gubernamental.

El olvido total y la amnesia por ambas partes, concesionarios y autoridades, motiva reconocer y aceptar que las concesiones pertenecen al gobierno, no a ellos y menos a sus agrupaciones políticas, esto conforme a la ley.

Pretenden así disfrazar la realidad, aparentándose como agredidos. Pero ocultan la cara alegre, la radiante felicidad de quienes obtienen envidiables dividendos económicos a cambio de propiciar el caos y la anarquía en todas las modalidades del servicio de transporte público.

Abusar de éste libertinaje los ha convertido en un severo dolor de cabeza para el resto de los coahuilenses. Y vea usted sin no. Solo basta con cuantificar la cantidad de protagonizadores de accidentes, muertos, destrozos a propiedad pública y bienes inmuebles. Circulan a gran velocidad, sin respetar los reglamentos de tránsito y menos la integridad física de los usuarios en donde muchas ocasiones es evidente la competencia entre ellos mismos como si se tratase reales pistas de carreras.

Y qué decir de todos los choferes del transporte público, mal educados, sucios, desalineados y difícilmente aspirantes a seres racionales, lamentablemente en México ésta problemática es más común que se ha convertido en una cotidianidad y parte del sistema en donde no existe el Estado de Derecho, pues los ciudadanos pecamos de ingenuidad al tratar de hacer valerlo por medio de una denuncia y ésta nunca obtiene una respuesta positiva. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013) www.intersip.org