LIC. JESÚS MURILLO KARAM,

PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA:

+Una conducta desarreglada

aguza el ingenio y falsea el juicio

Louis de Bonald

Antes de reiniciar el tema de ayer, le informo:

Las tres dependencias federales que ayer le cité como ejemplos de la forma en que el año pasado fueron inflados los presupuestos de difusión y publicidad para violar la Ley de Adquisiciones, fueron, quizá, las únicas que se negaron a participar en el plan urdido en las oficinas de la vocera presidencial  Alejandra Sota Miravalles:

Liconsa, como ayer le conté, fue tal vez la única que planteó el asunto al nivel presidencial y después de ser autorizada a no participar por tratarse de una acción ilegal, devolvió los 152  millones de incremento presupuestal que le fueron ofrecidos.

Diconsa se inconformó ante Sedesol y previno que ejercería parte del incremento presupuestal de 140 millones de pesos, solo en solicitudes que no violaran la normatividad y se citara a la paraestatal.

Oportunidades también se negó a participar en un acto violatorio de las responsabilidades del Estado y por la corrupción que hacerlo entrañaba.

Según la información recibida, el operador del programa desde la coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República fue el director de Comunicación Social, Fernando Carbonell. En el sector social, quien notificó sobre los incrementos presupuestales y recibió las negativas totales y parciales de participación de los organismos arriba mencionados, fue César Jacobo Romero, director general de Comunicación Social de la secretaría de Desarrollo Social, como cabeza de sector. Mecánica similar se debió seguir en el resto de las dependencias federales invitadas a participar; y en cuanto a Estudios Churubusco, el director general Manuel Gameros designó a Roberto López  para operar toda la mecánica de medios.

Y tratándose de un negocio que debía ser bueno para todos sus participantes, tengo noticias, procurador, de medios de comunicación que inflaron sus tarifas hasta en 300 por ciento, y empresas proveedoras de camisetas impresas que fijaron el precio  unitario de 20 pesos, contra los aproximadamente seis pesos que son normales en esa clase de productos…

Hubo, también, anunciantes que simplemente recibieron la notificación estar contratados, otorgaron el servicio, agradecieron, cobraron e hicieron un buen negocio legal, como serían los casos de la empresa ISA Publicidad, propiedad de Hugo Camou, un buen amigo del ex presidente Calderón, y de los hasta 260 espacios  televisivos, radiofónicos e impresos que transmitieron -como ya es conocido- promocionales de los programas del sector Salud antes del inicio formal de las campañas electorales, pero no se les pagó o sólo recibieron pagos parciales por los  servicios contratados.

Como en otras funciones del anterior gobierno federal, en esto que le he contado ayer y hoy, procurador Murillo, las irregularidades rayanas en actos delictuosos. Por ejemplo, fue un secreto a voces el apoyo -que comenzó desde el año 2011, ordenado en Los Pinos, para la precandidatura y la candidatura de la senadora María Luisa –cocoa– Calderón Hinojosa a gobernadora de Michoacán. Algo poco conocido es que tal apoyo, hasta junio del año pasado, superó los tres mil millones de pesos y de cualquier manera, cocoa perdió la elección.

El presupuesto aprobado por el poder Legislativo para gastos de publicidad de la Presidencia de la República fue por cuatro mil 200 millones de pesos, pero al final del año, se me informó, rebasó los nueve mil millones.

En lo concerniente al tema principal de estas entregas, procurador, se me informó que los incrementos presupuestales para difusión y publicidad de Liconsa, Diconsa, Oportunidades y demás instancias federales, no habrían sido ampliaciones presupuestales autorizadas por Hacienda, sino redireccionamientos de partidas de  programas sociales, cosa que, usted bien sabe, en el lenguaje penal es peculado…

Ahora bien, ¿a qué clase de actividades electorales se encaminaron todos estos fondos? No a la campaña de la candidata presidencial del partido en el Poder. Esto, que primero fue un rumor, a este espacio se lo confirmó un personaje panista que por amistad  se ofreció a apoyar a Josefina Vázquez Mota en el área financiera. “Nosotros -aseguró- ni un peso recibimos aparte del autorizado por el IFE…”. Quedarían, pues, los candidatos calderonistas al Congreso de la Unión, y así, procurador, la PGR podría ser apoyada en las investigaciones del caso por el Instituto Federal Electoral…   

En cuanto al papel de la secretaría de Hacienda en este asunto, bueno, baste recordar -quizá como mero dato cultural…-que el actuario Ernesto Cordero Arroyo, ampliamente conocido como el candidato presidencial de Felipe Calderón, pasó de secretario de Desarrollo Social a secretario de Hacienda y Crédito Público, pero renunció el 9 de septiembre de 2011 para hacer su precampaña. Perdió la candidatura pero fue el principal instrumentador de las iniciativas de presupuestos de ingresos y egresos  del año 2012.

… Incluidos los fondos para el proceso electoral de ese año.

lmendivil@dlfos.com.mx, m760531@hotmail.com