México, 26 de mar (PL) Al cumplirse hoy seis meses de la desaparición en Iguala de 43 normalistas de la rural de Ayotzinapa, siguen las protestas aquí y en otras latitudes por el crimen, aún sin justicia.
Fue en la noche del 26 de septiembre pasado cuando en Iguala, municipio de Guerrero, policías locales al mando del alcalde, José Luis Abarca, atacaron a disparos a estudiantes normalistas con saldo preliminar de seis muertos (incluido un menor) y más de una veintena de heridos.
En aquella macabra madrugada 43 de los jóvenes fueron montados en patrullas y otros vehículos hasta el vecino municipio de Cocula, donde policías de esa localidad los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos.
No fue hasta el 6 de octubre que EPN utilizó sus poderes como jefe del ejecutivo federal para ordenar al Ejército, la Armada, Policía Federal y Gendarmería desplegarse en Iguala y otros territorios de Guerrero para hacerse del control de la seguridad y la investigación del caso.
Según informes oficiales, la Procuraduría General de la República (PGR) ha hecho gastos millonarios en el despliegue de efectivos y las pesquisas sobre el crimen, por el cual están tras las rejas casi un centenar de personas, entre ellos funcionarios y policías.
Más de 500 efectivos federales comandaron la búsqueda de los normalistas, a la que también se sumaron destacamentos de pobladores de la región.
Estos últimos, en particular, fueron quienes hallaron varias fosas clandestinas que contenían decenas de cuerpos de desaparecidos, pero no los de Ayotzinapa.
Unos pocos de esos desaparecidos han logrado ser identificados, entre ellos un padre e hijo; un taxista secuestrado en Iguala y un misionero católico de origen africano.
Al fin, luego de más de dos meses, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo, rindió una serie de testimonios, pruebas periciales y forenses, entre otras, para llegar a la «verdad histórica», según concluyó, de que los 43 de Ayotzinapa habían sido asesinados por sicarios de Guerreros Unidos.
En la ocasión fueron mostrados videos de los interrogatorios a varios de los víctimarios de los normalistas. Ellos confesaron que aquella madrugada, cuando la policía de Cocula los entregó, varios de los jóvenes habían muerto, al parecer por asfixia, en el camión donde fueron conducidos.
La totalidad de los sobrevivientes fueron ejecutados con un tiro en la nuca por orden de un capo de la agrupación delictiva.
La encomienda incluía no dejar rastros de la masacre, por lo cual los asesinos colocaron los cadáveres en forma de pira humana y los incineraron utilizando gasolina, cauchos, madera, plásticos y otros materiales inflamables que ardieron durante más de 12 horas.
El hecho ocurrió en una quebrada aledaña a un vertedero de Cocula, donde machacaron los restos y luego los envasaron en bolsas que arrojaron al río San Juan. De lo recuperado, dado el grado de destrucción por el fuego, solo se pudo identificar a uno de los 43.
Pero la «verdad histórica» del procurador general, lejos de convencer a los padres de los desaparecidos y otras organizaciones sociales que les acompañan, multiplicaron las protestas y marchas en todo el país, en particular Chilpancingo, capital de Guerrero, Acapulco, en el mismo estado, y en el Distrito Federal.
El crimen de Iguala ya no es solo una herida mexicana; se ha convertido en elemento movilizador internacional, que puso a la defensiva al gobierno ante organismos mundiales, incluida la Organización de las Naciones Unidas y otras agrupaciones defensoras de los derechos humanos.
Jornadas globales por Ayotzinapa tienen lugar para esta fecha en distintas capitales del planeta y por estos días los padres de los 43 encabezan tres caravanas que recorren Estados Unidos para sensibilizar a la opinión pública del vecino país.
En el plano oficial, el ex procurador Karam fue nombrado en otra dependencia gubernamental muy ajena a la PGR, cuya titularidad recibió la entonces senadora Arely Gómez, cuyas referencias fueron bien aceptadas por las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso.
Gómez, en uno de sus primeros pronunciamientos, y ante el clamor popular e internacional, aseguró que el caso sigue abierto. Entre tanto, los familiares han enfocado la búsqueda de los muchachos en los cuarteles militares, lo cual ya ocasionó un enfrentamiento frente al 27 batallón de infantería del Ejército, con sede en Iguala.
El gobierno afirma que la investigación de esa masacre ha sido la más exhaustiva y de mayor envergadura de la historia del país. No hay por qué dudarlo, pero lo cierto es que, seis meses después, con casi un centenar de presuntos y algunos confesos responsables, el crimen de Iguala espera por justicia.